Opinion

-Esconde más robos la pelea por un millón

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La Columna de El Diario

domingo, 24 mayo 2020 | 05:00

La nueva faceta de la “Operación Justicia para Chihuahua” se presenta en su clímax, luego de cuatro años, cruda como es, muy lejos de una acción benéfica que le regrese a Chihuahua lo supuestamente robado.

Ha puesto al descubierto durante los últimos días un innegable negocio existente por debajo de cuerda en la administración de propiedades productivas decomisadas y bajo resguardo del gobernador, Javier Corral.

Poco importa el deterioro y las millonarias pérdidas, incluso, con previsible cargo al erario público, si después de la larga batalla judicial hay que resarcir daños y perjuicios.

Las imágenes del ganado muerto en los ranchos decomisados al exgobernador César Duarte, son resultado de una disputa codiciosa e inmisericorde por las “migajas” de una administración con dividendos mensuales de un millón de pesos. De ahí parte del escándalo.

Esa pelea por el millón sólo es una de tantas evidencias de la flagrante irresponsabilidad con que se administran las finanzas y los recursos estatales.

¿A honras de qué y cómo es gastado del dinero de los chihuahuenses un millón de pesos mensual para pagar por la administración de los bienes incautados?  No hay respuestas porque hay evidente corrupción de por medio.

Sin orden ni dirección, los bienes confiscados son un botín al cual sin pudor se le dan pellizcos, mordidas y auténticas tarascadas.

Guardadas las proporciones, la granja decomisada a Antonio Tarín, el exdirector de Compras de Duarte, es otro ejemplo palpable. A dos años de estar en resguardo estatal, la propiedad está irreconocible.

Hasta la cerámica se llevaron. Una camioneta Suburban ahí localizada, de la cual presentamos fotografías casi nuevecita, sólo sirve ahora para el kilo.

Contrario al Rey Midas, lo que toca la administración estatal corralista lo convierte en desecho porque el control está ausente en beneficio del presupuesto chihuahuense.

Pasan los servidores públicos estatales por encima de cualquier norma, entre ellas la Ley General de Responsabilidades Administrativas que exige profesionalismo, disciplina, eficiencia, honestidad, y un extenso catálogo de medidas que son ignoradas.

El artículo 7, fracción sexta, es letra muerta: “Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de austeridad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

Nada de ello existe actualmente. Los bienes son objeto de rapiña inmisericorde bajo el principio, ese sí aplicado a pie juntillas, ladrón que roba a ladrón...

Es una especie de abulia, cómoda y muy conveniente, que ha contagiado incluso las anunciadas investigaciones sobre múltiples casos de corrupción.

Han sido abandonadas y nada se sabe de las indagaciones sobre el “robo” en la construcción de las oficinas estatales en Pueblito Mexicano y el sobreprecio pagado, ni del departamento localizado en el Sistema de Enseñanza Abierta de Bachilleres, ambos en Juárez; menos del “monumento a la corrupción” como fue catalogada la Ciudad Judicial en la capital. Ahí no fueron 250 millones; fueron dos mil o tres mil millones de pesos.

De poco sirve entonces que los procesos judiciales culminen con confiscaciones que quedan a beneficio de los chihuahuenses, si los administradores, cómplices por omisión, son la cabeza de una horda voraz que no se detiene ante nada.

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Es dramática la carta publicada por el administrador de los ranchos confiscados al exgobernador César Duarte, ante la negativa de ser recibido en audiencia.

Héctor Hugo Pérez Robles, vaquero de ambos, tanto de Duarte como de Corral, nunca pidió hacerse cargo de esa responsabilidad, se la ofrecieron mediante contrato elaborado en las mismas oficinas de la Secretaría de Hacienda, con intervención -queremos suponer- de todas las áreas, Función Pública, Secretaría General, Consejería Jurídica, y por supuesto Fiscalía.

Se acordó pagarle un millón de pesos mensuales, -un precio muy por encima del mercado- mediante un contrato a precio alzado, de donde debía cubrir ciertos gastos de la administración. Pese a todo, era un muy buen y jugoso negocio, con la jiribilla de que ese pago debía salir de los mismos ranchos, con todo y algún tufillo de ilegalidad.

Transcurrieron casi tres largos años y de pronto las condiciones cambiaron arbitraria y caprichosamente, con Eduardo Fernández como administrador de la Fiscalía. En los hechos, el vaquero responsable fue desplazado mediante una especie de interventor oficial de escritorio, ignorante de las características de las propiedades y de las medidas necesarias para su conservación.

Con ello vino el desastre. Pérez Robles no podía cumplir los términos del contrato ni la Fiscalía estaba atendiendo su responsabilidad de administrar las propiedades, con la consecuencia obvia. Cientos de cabezas de ganado muertas, largas extensiones de nogal descuidadas, con grave consecuencia, deterioro y pérdida millonaria.

Se propició la devaluación en el precio de las propiedades, en particular al caer su capacidad productiva.

Hay indudable responsabilidad del administrador Eduardo Fernández y de toda la estructura estatal, la Secretaría de la Función Pública, el secretario de Hacienda, el mismo gobernador, todos ellos ausentes de su labor de vigilancia permanente.

De diciembre para acá, el administrador de los ranchos dejó formalmente su labor al concluir su contrato. Pero el drama no terminó ahí. No ha sido relevado legalmente, sigue ocupándose de ellos, en medio de un litigio para rendir cuentas y entregar ante juzgados civiles. Es el colmo que haya tenido que demandar para que el Gobierno del Estado cumpla su responsabilidad.

Pero no es un hecho aislado.

El caso Tarín corre la misma suerte. No sólo se llevaron todo lo que podía tener algún valor, sino que vandalizaron la granja localizada en la calle Texas, número 4903, en la colonia Nogales/Robinson.

Estaba bajo resguardo de la Fiscalía por decomiso luego de la detención del diputado suplente que nunca tomó protesta, allá en la Ciudad de México.

En la granja, los muebles fueron los primeros en desaparecer, luego la madera, las láminas de algunas techumbres, las tarjas, todo se llevaron. Hasta la cerámica.

Es una verdadera lástima lo que hicieron con la propiedad.

Si el inmueble luce peor que si hubiera pasado un tornado, imaginemos el vehículo reluciente, último modelo en aquel entonces, que encontró el Ministerio Público dentro de la granja.

La Suburban 2016 registrada a nombre de una de las empresas del extinto Carlos Hermosillo fue desvalijada peor que en deshuesadero. Ni los forros ni cubiertas interiores dejaron. Ahí está sobre bloques de concreto. No hay pieza buena en ella.

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El deterioro de la actividad productiva y muerte masiva de ganado en los ranchos de Duarte no ha merecido una sola explicación, completa, rotunda, ni sanción alguna hacia el interior de la dependencia responsable, que en este caso es la Fiscalía.

Igual podemos esperar en el caso del robo y destrozo descarado en la granja de Tarín.

Balbuceó el gobernador dos o tres palabras con respecto a los ranchos, pero no hubo respuesta alguna a todas las denuncias realizadas por el vaquero administrador.

Hay un silencio de complicidad en la conducta estatal, demostración y mea culpa tácita. El fracaso rotundo de la “Operación Justicia para Chihuahua” pesa y mucho, porque es el eje principal de la administración, desde antes de su inicio.

La obsesión justiciera se convirtió en preocupación y constante única -sólo en el discurso como lamentablemente vemos-, pero sirvió de extraordinario pretexto para abandonar el resto de las responsabilidades que engloba la administración estatal.

No es extraño entonces el panorama gestado: la salud por los suelos con el agravante del Covid, la inseguridad con crímenes como no ocurrían hace 10 años, la debilidad por la deuda a corto plazo, que hipoteca continuamente las participaciones, con alto costo en intereses y con cargo a todos los chihuahuenses.

Alguien debe decirle al mandatario estatal que administrar es mucho más que dar órdenes, pegar de gritos y fruncir el ceño, para luego hacerse el gracioso conduciendo programas toda la semana, en los cuales sólo le falta acortar el pantalón y dar el clima.

Esa labor administrativa responsable implica conducción cercana de todos los asuntos del Estado con prontitud y disciplina, para evitar que se dilapiden y roben los recursos como está ocurriendo con los bienes de la afamada “Operación Justicia para Chihuahua”.