Opinion

-Ese pleito 'Coneja' vs Corral no terminará bien

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GPS / Columna
viernes, 12 julio 2019 | 05:00

-Cecilia y el recuento de bajas en el gabinete
-Ni modo que Maru y Armando se crucen de brazos
-Hay limpia en la SCT
 
Se ha esforzado en personalizar las acciones de gobierno, particularmente la acción de la justicia, haciendo su caprichosa voluntad en las carpetas de investigación, órdenes de aprehensión y resoluciones judiciales con evidente intervención, sin autonomías que lo detengan.

Es el caso de Alejandro Gutiérrez ejemplo claro, en un pleito que va mucho más allá de lo institucional. Uno y otro, “La Coneja” y el gobernador, son retadores.

Es un asunto que no va a terminar bien, en detrimento de la finalidad que se persigue con las atribuciones de persecución e impartición de justicia de una entidad federativa.

Sólo falta llegar a los extremos que vimos en la época de Elías Ramírez Ruiz, con desplegados de acusaciones gravísimas y casi retos a muerte, en aquellos aciagos inicios de los noventas, cuando Corral era un novel y afortunado diputado local.

El mandatario tal vez no tiene memoria de aquellos días.

Pero en esos extremos -guardando proporciones- se encuentra ahorita. Alejandro Gutiérrez, acorralado de nueva cuenta con una atracción de la Corte que resolverá la acumulación de juicios de amparo, dice sin ambages ni tibiezas que meterá a la cárcel a Corral.

Pero no es Gutiérrez el único objeto de obsesión del gobernador. Trae pleito lo mismo con Juan Collado que con el ministro Medina Mora.

Una personalización que sólo agudiza y polariza las acciones que debieran ser simplemente institucionales, palabra desconocida en el léxico corralista.


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El relevo en la representación del gobierno de Chihuahua en la ciudad de México obliga al recuento de las bajas que el gabinete estatal ha tenido.
 Sin tomar como referencia más que las secretarías y coordinaciones a ese nivel, la administración estatal es ejemplo de abandono e inestabilidad.

A julio de 2019, se le fueron Jáuregui, Ávila, Cuarón, Lozano, Ramírez, Olague, Chávez, Reza, Olmos, Madero, Ramos y Pinedo.

Así, las secretarías General, Salud, Educación, Cultura, Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Desarrollo Municipal, Función Pública, Coordinación de Gabinete, representación en la ciudad de México y comunicación social, han ido al garete de cambios obligados.

Los nombrados permanecen en calidad de prisioneros de programas que no arrancaron, sin posibilidad de innovar, maniatados desde el despacho principal de Palacio, que no escucha ni se deja ayudar.

Son 11 las secretarías y coordinaciones que han cambiado, algunas de ellas en tres ocasiones, como es el caso de la representación en territorio chilango. Cinco permanecen incólumes, Hacienda, Economía, Desarrollo Social, Trabajo y Fiscalía. No más.

La administración acusa problemas mil de operación y bajos resultados.
 Y si sumamos gente cercana de nivel que era cierto dique, el asunto va peor. Se retiró de Hacienda en una dirección importantísima Guillermo Luján Peña. Se va quedando solo.

Personajes que de una u otra forma han aprovechado la coyuntura para correr, los menos, con un proyecto político bajo el brazo, los otros expulsados de la ausencia de liderazgo y proyecto y otros forzados por escándalo como el descaro en contratos de comunicación social.

Es esa tesitura, muy distinta a la de hace un año cuando Agustín Basave llegó a la representación la CdMx, cuando le encomendó, echado para adelante, el caso Duarte.

Ahora a Cecilia le pide mano izquierda para mejorar relación con el gobierno federal, una actitud donde él es el principal obstáculo.


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Es muy probable que, en un par de semanas, tanto Chihuahua -donde va más lenta la recaudación de firmas- como Juárez, alcancen el requisito legal de 3,424 y 5,422 apoyos respectivamente, aún y cuando tienen de plazo hasta principios de octubre. Ese no va a ser el problema.

En el fondo lo es la ley de participación ciudadana, un instrumento corralista a conveniencia, que colocó muy bajo el tope de firmas requeridas, tanto para arrancar el proceso como para hacer vinculatorios los resultados del ejercicio plebiscitario.

Nos dicen entonces que se requiere que participen algo así como 70 mil electores en Chihuahua y 100 mil en Juárez, para que los resultados, cualesquiera que sean, obliguen en su acatamiento, esto es, que sean vinculatorios.

Es el diez por ciento del listado electoral, una cifra muy baja, que podría impedir los proyectos de iluminación de ambos municipios.
 En este momento son los alcaldes Armando Cabada y Maru Campos, con proyectos insignia, quienes están en la palestra, pero podría ser cualquier otro, el que mañana, sólo por fines políticos, sea expuesto a un auténtico referéndum anticipado.

Los tiempos están encima, el ejercicio ciudadano no saldrá este año. Previsiblemente deberá ser en enero del 21 cuando se vote, si es autorizado a fines de octubre, principios de noviembre.

Deberá ser presupuestado para el próximo año. Un millón 600 mil boletas, con una mesa receptora, urna y material electoral, observadores, incluyendo el Prep. Echemos cuentas. ¿Un tercio o una quinta parte del 2018 en gastos de operación? 50 a 70 millones bajita la mano.

Será un verdadero plebiscito político-electoral con resultados inciertos y un trasfondo de gran calado. Armando y Maru no se quedarán con los brazos cruzados.

La ley no autoriza ni prohíbe uso de recursos públicos para promover el sí en el plebiscito. Esa gran laguna -entre otras- será motivo de un nuevo pleito, en un movido inicio del 2020.


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El director del Centro Chihuahua de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Julio César Huerta Flores, emprendió una limpia en la dependencia desde su llegada hace unos meses.

La verdad no se esperaba un cambio en la instancia federal, siempre manejada con directrices del centro del país y en la opacidad sólo útil para hacer negocios del delegado en turno.

Pero Huerta les calló la boca a quienes decían que llegaría a hacer lo mismo que sus antecesores.

De entrada ya les dio las gracias a dos jefes de área, Carlos Pérez y Eduardo Lozoya, además de que mantiene en capilla a otros mandos medios, quienes han sido señalados por empresas constructoras de incurrir en actos de corrupción y negligencias.

Un reporte interno de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que dirige Arturo Dávila, hace constar que han sido atendidos casi el 100 por ciento de las quejas, reclamos y denuncias de los empresarios del sector. Lo que nunca.

Además destaca que se ha privilegiado, dentro del margen legal, a las empresas constructoras locales en los proyectos de obra, una añeja demanda de los agremiados de la CMIC, siempre ignorada.

Y por si fuera poco, además de pegarle a la corrupción interna, el ejercicio del presupuesto de la SCT apunta a ser el más eficiente, o el único eficiente, de las dependencias federales.

Huerta Flores aún enfrenta graves problemas internos de la SCT, pero que lo reconozcan los constructores organizados es una buena señal de avance.