Opinion

-Falleció en camino de hospital privado al IMSS

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GPS / Columna

lunes, 22 junio 2020 | 20:46

-Arrimón de lumbre a diputados de Morena

-Por desaparecer Defensa del Contribuyente

-“Malandrines” beneficiarios de la Policía

Algo debe hacer la Secretaría de Salud para evitar la discriminación por Covid en los hospitales privados. Hay una psicosis que está llevando a extremos inaceptables.

Se entiende que hay un protocolo de atención que obliga a atender las urgencias, aún y cuando los pacientes sean sospechosos de esta terrible enfermedad.

La familia del señor José Luis Aragón Hernández hizo pública su indignación por la supuesta omisión que cometió personal de la Policlínica ubicada en Avenida Universidad casi esquina con Sicomoro.

Simplemente le negaron el servicio de primeros auxilios al señor Aragón, según la denuncia. El jueves a la una y media de la tarde, cuando tenía severos problemas para respirar. Prácticamente estaba muriendo.

“No lo quisieron recibir porque podría ser presunto enfermo de Covid. El señor comenzó a convulsionar y aún así no le brindaron la atención, lo mandaron directo al Seguro (IMSS) en el camino falleció”, según testimonio de la familia.

Don José Luis estaba sufriendo un paro cardio respiratorio y no tenía síntomas de Covid, como después supieron, por el médico que lo atendió cuando llegó sin vida al hospital del IMSS.

La atención médica urgente que no le fue proporcionada pudo salvar su vida, de acuerdo con la familia del señor Aragón.

Le mostramos la imagen del reclamo airado y sentido publicado en redes sociales.

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La línea desde México no fue para menos, máxime ante la especulación de que al menos uno de los legisladores morenistas está en duda.

Por eso el estate quieto terminante y sin medias tintas: la reforma electoral no debe ser aprobada en el Congreso del Estado de Chihuahua por inconstitucional.

Para que no quedaran dudas, el mensaje enviado por el dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, ante el Consejo Estatal y legisladores circuló casi como de boletín.

Si antes del arrimón el nivel de tolerancia de la legisladora Ana Carmen Estrada estaba muy delgadito, ahora debe estar traslúcido.

Ella es una de las receptoras necesarias de la decisión político partidista fulminante. 

En la última semana estuvo complicada. Se enganchó con el periodista Raúl Ruiz, en una diatriba llena de adjetivos en redes sociales que ni al caso.

“Que lástima leer que te sumas al grupo de personas ignorantes y nefastas que publican cosas solo porque pueden, para tu conocimiento la reforma de Corral como tú la llamas no ha sido votada en el pleno aún. Lástima de pseudo comunicador”, le dijo al colega.

Se tiró al suelo la legisladora amenazando con denunciarlo por violencia política y mil arrimadijos. “Si te llega el citatorio que no te sorprenda”, espetó.

La imagen en nuestra versión digital.

Morena sólo es una parte de la ecuación en la rebelión legislativa, que tiene largas horas de estira y afloja, de aquí al jueves, para sostenerse, ya citado el periodo extraordinario exclusivamente para tratar el asunto.

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Fue necesaria una amplia conferencia de prensa, donde apareció la subsecretaria Mirna Beltrán, tratando de dar una justificación teórica-estadística de la apertura en Juárez y Chihuahua.

Quisieron curarse en salud desde la Secretaría de Salud, ante las críticas por una apertura cuando los indicadores siguen igualitos que las últimas semanas. 

El promedio de hospitalizados es de 244 en los últimos dos meses y medio. No hay cambio en ese rubro. Ayer eran 205, antier 162, antes de antier 211, luego 195. Los números se han mantenido estables.

Lo mismo ocurre con los contagiados. Esos 3 mil 429 personas positivas con Covid, se han acumulado a razón de un promedio de 51 diarios, con picos de 111 el 19 de junio, 133 el 13 de junio y 115 el cinco de junio.

Pero son actualizaciones de información, incluso rezagados de dictamen.

Es el mismo cantar con las defunciones lamentables, que suman casi 600. También han tenido una estabilidad en el tiempo.

La larga justificación técnica de ayer, con números que ya se conocen, lo único que hace es acrecentar la molestia y el enojo por una decisión que no tenía por qué haberse detenido tanto en la entidad, con un naranja que bien pudo adoptarse desde antes con una apertura parcial y gradual.

La gran infraestructura médica a la cual se le inyectaron casi 600 millones de pesos adicionales desde marzo a la fecha, está por así decirlo amablemente, ociosa.

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Es cuestión de poco tiempo para que cierren definitivamente las oficinas de la Procuraduría de los Defensa del Contribuyente (Prodecon) en Ciudad Juárez, como resultado de los fuertes recortes en el presupuesto nacional que ordenó Presidencia de la República.

Con esto quedarían en un real desamparo tan solo en la demarcación juarense algo así como 39 mil empresas y muchas miles de personas físicas contribuyentes.

Ahora serán canalizados a presentar sus quejas y solicitudes de asesoría por medios digitales a través de la página web institucional.

En 500 palabras deberán establecer el caso y su defensa.

No es Juárez la excepción. Hay 16 delegaciones en riesgo a nivel nacional, cuya localización no está definida. Bien podría la delegación de Chihuahua capital cerrar también.

No sería incluso nada extraño que la Prodecon desapareciera. Desde abril está acéfala a nivel nacional y no hay interés ni prisa por designar al titular.

Pareciera que hay una decisión de no asesorar a los contribuyentes en su pelea contra el SAT. Es algo así como un harakiri para el gobierno que necesita recursos.

Si poco atendían y mal las inconformidades de los contribuyentes, presentándose físicamente a exigir sus derechos en la delegación, ahora con pantalla y un sistema impersonal de por medio, el trámite será un calvario.

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En un dolor de cabeza se ha convertido la Subdirección de Justicia Cívica para el director de Seguridad Pública Municipal, Gilberto Loya. Creada en octubre del año pasado, la dependencia se ha caracterizado por el afán de conciliar hasta los casos imposibles. 

En suma, se ha visto más como promotora de la libertad de pequeños delincuentes que como una instancia mediadora que busque la justicia.

El papel que ha desempeñado Francisco Lezama Cisneros al frente de la oficina ha dado ese reflejo de injusticias y trabajo a favor de los “malandrines”. Ellos son los verdaderos beneficiarios de los cientos de ejercicios de “conciliación” que ha realizado Justicia Cívica.

Pero si la proyección al exterior es grave, lo que se vive al interior es peor. Lezama Cisneros ha delegado sus funciones a coordinadores que desde antes de la contingencia sanitaria han manejado la oficina sin mínimo apego a sus objetivos formales.

Dentro de la misma Subdirección de Justicia Cívica hay demandas de acoso, trato prepotente a los trabajadores, tráfico de influencias y beneficios a cierto personal que paga por ello; es decir que hasta permisos, vacaciones, inasistencias se premian con turnos extra, previo acuerdo con los jefes para pagarles de más y repartirse los dividendos.

Resulta imposible no pensar que las cuotas que recaudan los operadores de Lezama Cisneros no llegan hasta él. Ni modo que no vea los favorables cambios de turno y múltiples permisos que se dan en su cara, más bien se hace de la vista gorda.

La situación ya tiene hartos a los empleados de la DSPM destinados a dicha área de reciente creación, ya que de plano no le hace honor a su nombre. Por eso han llenado de quejas al titular de la Policía Municipal, quien todavía no les ha dado respuestas.