Opinion

-Filtran la carta que presume el rector

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GPS / Columna

lunes, 22 noviembre 2021 | 05:00

-La masacre de los LeBaron fue terrorismo

-Sin quórum, risas y desorden en fiscalización

-Que iría SAT tras las tienditas

Ya se supo cuál fue el motivo de la invitación a comer a varios empresarios de la capital por parte del rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Fierro. El encuentro fue a finales de la semana pasada, como se anunció puntualmente en este espacio.

En GPS versión digital puede verse una carta dirigida a Fierro de parte de la Sylvia Schmelkes del Valle, vicerrectora académica de la Universidad Iberoamericana, comunicándole supuestas buenas noticias del modelo educativo impuesto en la UACh, el mismo al que ahora se le dio marcha atrás.

Esa carta se les presentó a los invitados de Fierro. La hacen llegar algunos de los comensales, con muchos peros y precisiones sobre el modelo que no defendió el rector en su momento y que ahora por la espalda trata de reposicionar.

La misiva fechada el 17 de noviembre, 15 días después de que el mismo Fierro anunció la reversa al Modelo Educativo para el Desarrollo Sostenible, presume que la Ibero ha logrado que sea incluido como ejemplo de buenas prácticas.

Anuncia Schmelkes a Fierro que dicho modelo de la UACh formará parte de un documento global sobre la educación sostenible, elaborado por un grupo de expertos de la Unesco para presentarse en la Conferencia Mundial de Educación Superior que habrá de realizarse en Barcelona en mayo de 2022.

O sea que el modelito famoso va para la Unesco, pero en Chihuahua no lo saben valorar los aldeanos universitarios.

No es el sello de la Ibero el principal pero que le ponen. Es la firma de Schmelkes la que es difícil de presumir, pues la también expresidenta del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), es una de las principales detractoras de la 4T, lo que puede ser un balazo en el pie para la UACh.

Porque resulta que con todas las críticas a esa 4T, es el único gobierno que ha cumplido con las transferencias de recursos a la universidad. Con eso fue que pudo sobrevivir al desastre que fue el corralismo.

De ahí que la carta no sea la mejor carta -valga la redundancia- que puede jugar el rector en el intento desesperado por sostenerse en la universidad.

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Está librando Adrián LeBaron y su familia una lucha descomunal en contra de jueces y ministerios públicos federales, para lograr que se reconozca el multihomicidio cometido hace dos años como terrorismo. Se busca también que sean considerados como desplazados por el crimen organizado los integrantes de la comunidad LeBaron que han tenido que migrar por seguridad.

La defensa está a cargo del reconocido abogado Raúl Carranca y Rivas, y, aun así, tuvieron descalabro esta semana, cuando el juez que lleva el caso se negó a realizar dicho reconocimiento, pero al menos aceptó darle diez días a la Fiscalía General de la República para que responda a la petición.

Buscan los LeBaron el reconocimiento, para que exista una mayor intervención del Estado en la prevención de nuevos actos como los ocurridos en Bavispe, Sonora, la zona limítrofe con Chihuahua, donde murieron seis menores de edad y tres mujeres.

Pero, además, para que se aplique todo el peso de la ley, y las penas sean aumentadas, en contra de los participantes en el ataque, y que en número de 20 han sido detenidos hasta el momento.

Del lado mexicano existe una resistencia al reconocimiento de los hechos como terrorismo, toda vez que existe el fundado temor de represalias por parte de los Estados Unidos. Ni de chiste fue tema en la reunión recién realizada por los presidentes, lo cual caldea aún más los ánimos.

Los LeBaron han tocado múltiples puertas solicitando la adopción de medidas radicales con congresistas y autoridades norteamericanas para forzar al gobierno mexicano a dar respuesta y garantizar la seguridad de los ciudadanos asentados en la región, muchos de los cuales cuentan con doble nacionalidad.

Veremos la respuesta que la Fiscalía General da a la solicitud judicial a más tardar en los siguientes dos semanas, cuando se vence el termino otorgado para dar respuesta.

Molesta a las víctimas que, en este tema, como en muchos otros, es la tardanza y simulación el pan de todos los días.

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Muy buen desorden se trae la diputada morenista Leticia Ortega Máynez, en la organización y funcionamiento de la Comisión de Fiscalización. Ni oficio ni orden en los trabajos tan delicados encomendados.

La pasada sesión lo dejó muy claro, con una deficiente organización a grado tal que en un momento dado se quedó sin quórum.

Por increíble que parezca, de repente se desconectó de la llamada por videoconferencia el legislador también morenista, Benjamín Carrera, y al hacerlo, rompió la asistencia mínima necesaria para funcionar.

No le quedó de otra a la diputada presidenta de la Comisión que suspender la sesión de manera momentánea para recuperar la señal de videoconferencia y con ella el quórum.

Desesperada la diputada pedía a algún asesor del diputado Carrera ayuda para lograr la conexión y reanudar la sesión, pero tampoco había nadie.

El colmo es que el titular del Órgano Interno de Control, quien tenía papel protagónico durante la sesión, porque se trataría un asunto directamente vinculado con él, llegó tardísimo.

Faltaron a la reunión los legisladores Carla Rivas, justificada, Francisco Sánchez Villegas y Noel Chávez. Increíble.

Tiene esta Comisión la responsabilidad de proponer la adición de entidades fiscalizadas no contempladas en el Programa Anual de Auditoría, recibir de la Auditoría Superior el informe general para su análisis y dictamen correspondiente, ordenar nuevas auditorías y evaluar a la misma Auditoría Superior.

Hasta risas levantó la situación, ante las dificultades de Carrera por mantener la conexión y utilizar el micrófono para votar.

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Se ha desatado un fuerte rumor entre los dueños de tienditas de barrio en el sentido de que el Sistema de Administración Tributaria organiza un operativo en contra de ellos para auditar las entregas de mercancía por parte de sus proveedores.

Se supone que va Hacienda en contra de quienes entregan pan de blanco o de dulce, chicharrones, tortillas o cualquier otra mercancía que evade los impuestos, sin importar si se trata del esfuerzo de pequeñas empresas familiares que funcionan incluso en sus casas.

El tema anda circulando entre los propietarios de las pequeñas tiendas, que hacen esfuerzos por sobrevivir casi de milagro, administrando los pocos pesos que les llegan para mantener los negocios.

El chisme indica que habría presencia sorpresiva del SAT levantando actas y cerciorándose del cumplimiento de obligaciones fiscales por parte de los proveedores. Por el momento sólo es chisme y trascendido entre los mismos comerciantes.

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De ser cierto que los inversionistas de Aras son socios, es decir, recibieron acciones por parte de la empresa, el panorama es mucho más negro de lo que parece.

En una eventual liquidación a través de la venta de los bienes inmuebles y muebles, llevan mano los trabajadores y las deudas que tenga la empresa, y luego al final, tendrían algún beneficio los accionistas, porque resulta que serían co-propietarios.

Como co-propietarios, estos inversionistas tendrían entonces que correr también con el pago de los pasivos laborales y las deudas que la empresa tiene hasta el momento, y que pudieran ser preferenciales al momento de la liquidación por quiebra.

El trascendido, auténtico trabalenguas, colocaría en una situación mucho más difícil a los inversionistas, de la que ya de por sí se encuentran, porque Aras no es una institución financiera obligada a resarcir a inversionistas, sino que sería una empresa que vendió acciones.

El tema, por supuesto, deberá ser dilucidado por la unidad especializada que ha estado recibiendo las denuncias en la Fiscalía de la Zona Centro, pero le agrega más zozobra a la injusta situación que viven miles de familias que confiaron en el grupo empresarial Aras.