Opinion

-Fueron y vinieron casas, joyas y ganado

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GPS / Dominical

domingo, 12 septiembre 2021 | 05:00

Se envolvió la anterior administración en la bandera de la honestidad para el combate de presuntos delitos a través de una inmaculada Fiscalía General del Estado, que terminó por ser un monumento al derroche de recursos públicos.

A los 11 mil 500 muertos con que terminó el fallido quinquenio, número alarmante solo comparable con el pico más alto de violencia del calderonismo, se suma el desaseo del manejo de los recursos incautados precisamente en esa supuesta lucha anticorrupción.

Los bienes muebles e inmuebles fueron indebidamente manejados por parte de quienes fungieron como administradores responsables directos de los mismos pese a sus cantidades millonarias en valor.

Carecía el órgano gubernamental de los mecanismos y procedimientos administrativos mínimamente autorizados conforme a la ley ni control de estos.

Fueron y vinieron casas, joyas, vehículos, ranchos y semovientes, sin el más mínimo cuidado administrativo, cuando en el mejor de los casos constituían patrimonio de los chihuahuenses, por ser parte de lo robado; en el peor, era un recurso que debía ser cuidado para en su momento regresarlo a su propietario si no se lograba éxito en las indagatorias.

Pues ni lo uno ni lo otro. En casa del persecutor de los delitos y aplicador de la ley, el brazo armado del corralato, se actuaba en la más completa ilegalidad al momento clave de cuidar los bienes recuperados para el resarcimiento del daño causado supuestamente al erario.

Ni los administradores directos, ni los indirectos, como el mismo Fiscal, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda, el Secretario General de Gobierno, la Consejería Jurídica, nadie de estos funcionarios, puso atención y remedio a tan delicado detalle.

Así ni siquiera llegaron a contar con un seguro los bienes; estuvieron expuestos dos, tres o cuatro años sin la más mínima protección de aseguranza menos siquiera pensar en mantenimiento y atención obligado y necesario. Los semovientes, por ejemplo, morían de inanición o del inadecuado cuidado, o eran malbaratados en subastas públicas cuando estaban prácticamente en huesos.

Pudieron ser vendidos de inmediato para evitar un daño al erario, o bien, para en su momento entregar el monto obtenido al presunto delincuente si éste era absuelto, como podía ocurrir en el mar de posibilidades de litigios, para tener garantizada una eventual reparación del daño, particularmente en el caso de las cabezas de ganado que se contaban por cientos, muchos de raza fina. Pero nada.

La respuesta fue la vanagloria en múltiples discursos y ríos de tinta, en el inútil pasquín “Cambio 16” y en las dilapidadas cápsulas de radio, redes sociales y televisión, donde se echaba confeti el malogrado exmandatario, mientras tejía tenebra para descarrillar a la principal esperanza del PAN hacia la gubernatura y proteger a sus candidatos, aunque no fueran del que se supone era su origen partidista.

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El informe específico recién emitido por la Auditoría Superior del Estado, correspondiente a la cuenta pública 2019, es prolijo en detalles del inadecuado e ilegal manejo de bienes incautados.

La primera observación tiene que ver con la falta de sistemas de registro y controles para la administración de las ventas, inventarios y gastos de los bienes relacionados con hechos delictivos, lógico y elemental instrumento desde el más superficial sentido de administración y de acuerdo a la ley de la materia, promulgada irónicamente por el principal objetivo del corralismo, el exgobernador César Duarte, apenas en junio del 2016, a unos meses de dejar el cargo.

Fue contundente al respecto la ASE. “Con la revisión de la administración de los ingresos y egresos obtenidos por la venta de los productos que emanaron de los bienes incautados, y con base en la información solicitada y proporcionada se identificaron ingresos por la cantidad de $19,083,938.86 sin que se haya tenido el registro exacto en cuanto a la raza del semoviente, cantidad, fierro, número de arete, toneladas, etc. Asimismo, se identificaron erogaciones por $17,503,923.18”. 

“En lo que respecta al inventario únicamente se conoce la cantidad global de 2,953 bienes al 31 de diciembre de 2019, no teniendo el registro exacto en cuanto a la raza el semoviente, cantidad, fierro, número de arete, cantidad exacta de nogales, estado físico, etc. 

Derivado de lo antes mencionado, es de resaltar que la Dirección de Administración y Enajenación de Bienes y Fideicomisos no cuenta con un sistema contable y/o administrativo, ni con disposiciones normativas internas (manuales de políticas y procedimientos), sistema informático, para la administración de los bienes relacionados con hechos delictivos, que haya permitido presentar, revelar y valuar las operaciones realizadas mediante registros confiables y que permitieran su vigilancia y supervisión”.

Es decir, se convirtió el responsable de la persecución de los delitos en un simple roba vacas, porque eso fue lo que hicieron al tomar posesión de los bienes, sin el más mínimo cuidado y control en su manejo. Los cuatreros del viejo oeste se quedan cortos ante la sed de latrocinio demostrado.

No hay manera de saber entonces qué pasó con mucho ganado neozelandés, bisontes o animales exóticos, que fueron manejados de manera inadecuada.

Pero no sólo ello, resulta que al revisar no encontraron los auditores la contratación del seguro para resguardar el valor de los bienes incautados, al exgobernador y a otros presuntos responsables de delitos contra el patrimonio de los chihuahuenses, tanto muebles como inmuebles.

Mínimo la aseguranza para prevenir cualquier menoscabo, pero ni eso. De principio a fin inadecuado manejo.

Era entendible dado el desorden con que el corralato se desempeñó. Inútiles los controles y normas al respecto.

La Ley para la Administración y Destino de Bienes Relacionados con Hechos Delictivos tiene un mecanismo para cuidar el buen funcionamiento de las acciones de administración, pero jamás funcionó. 

El órgano colegiado para dar seguimiento a la manera en que se resguardan estos bienes y son administrados solo se instaló en 2018 y jamás sesionó durante todo 2019. Desconocemos si lo hizo en 2020 y en 2021, pero por las vísperas podemos presumir que fueron totalmente negligentes al respecto de principio a fin.

Vamos, lo mínimo era contar con un reglamento, elemental para aterrizar las disposiciones de ley, pues ni eso. Había uno, pero sin publicar en el Periódico Oficial del Estado. Cero cuidado y atención en el programa estelar del quinquenio fallido, porque la recuperación del patrimonio supuestamente robado a los chihuahuenses era pieza fundamental, el estrellato de las acciones, y sólo era boato, mucha alharaca, marketing, pero ningún cuidado sustantivo.

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Cualquier administrador, que ese es uno de los principales encargos de un gobernador, debiera haber adoptado las medidas mínimas indispensables, pero en Javier Corral se convirtió en su principal y craso defecto, entre otros muchos.

Es el colmo, pero en lugar de sancionar los hechos, lo que hizo fue premiar al primer responsable, al “Higadito” Eduardo Fernández, con el premio mayor de la lotería burocrática. Sin el más mínimo mérito, lo hizo inexplicablemente secretario de Salud.

Inaudito. No había podido administrar esos cientos de millones en bienes incautados a la supuesta delincuencia de cuello blanco del anterior sexenio, y se le premia, en algo que es un auténtico absurdo, con el manejo de la segunda Secretaría en importancia presupuestal dentro del gobierno, sin tener la idoneidad del conocimiento técnico de la medicina, pese a los reclamos del gremio médico y ante las claras evidencias de un manejo inadecuado con tufo corrupto. 

Así premió la ineficiencia el exgobernador Corral, cuando se envolvía en color tricolor y amenazaba con lanzarse desde el tercer piso de Palacio si la patria se lo reclamaba o al menos se lo sugería, en prueba a su falso compromiso con los chihuahuenses. .