Opinion

-Ha faltado 16 veces y no lo castigan en salario

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GPS / Columna
lunes, 04 noviembre 2019 | 05:00

-Los afanes por conseguir otros dos mil millones

-Mal chiste, arranque derechohumanista

-Combate frontal a la pobreza... con ideología de género


El legislador Alejandro Gloria es uno de los 33 ocupantes de curul del Congreso del Estado, electo por la vía plurinominal, bajo postulación del Partido Verde Ecologista de México.

Su trayectoria en la actual diputación es menos que significativa, salvo por dos o tres propuestas, una de las cuales es la celebración de una sesión al mes, de carácter obligatoria, con sede en Ciudad Juárez, que le hizo justicia a la frontera.

De las cerca de 80 iniciativas en las cuales participa, que en su mayoría son exhortos, sólo en poco menos de la mitad lo hace como único iniciador o proponente; en el resto acompaña méritos con cuando menos otro legislador.

De ahí en más, poco hay que resaltar, salvo su constante inclinación por ausentarse a las sesiones ordinarias.

Acumula algo así como un 25 por ciento de inasistencias en dos años de trabajo legislativo. Son unas 16 faltas, que no deben preocuparle en lo más mínimo. Han sido justificadas y por tanto no le constituyen ninguna afectación de carácter salarial.

Pero si lo de ir al Congreso a las sesiones ordinarias no es lo de él, sí lo es ocuparse de la grilla.

En la imagen junto con su esposa María Avila y un amigo de ambos, Antonio Andreu, en su “domingo grillo”. María Avila actualmente es diputada federal y Toño Andreu es aviador en el Congreso del Estado, tras perder el año pasado como abanderado precisamente del Partido Verde. No logró la diputación, pero sí continuar en la nómina.


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Tiene Arturo Fuentes Velez prácticamente metida la solicitud, extendiendo la mano para pedir poco más de dos mil millones de pesos, sin que interese en modo alguno seguir endeudando al Estado con préstamos a corto plazo, como única solución para brincar el año y sin tener que pasar por el incómodo cedazo legislativo.

Es una situación patética que contrasta con la ligereza con que el gobernador se pasea por las calles de Juárez, corriendo en su diversión anual denominada “Unidos con Valor”

Como ocurrió en la reciente edición en esta ciudad -y como ha acontecido en los tres años de administración- recurre a patrocinios del sector privado, particularmente de proveedores comprometidos con el nuevo amanecer para vestirse de corredor y salir a la calle en domingo.

De esa forma hace caravana con sombrero ajeno, cobrando por inscripción para darle la vuelta al dinero y regresarlo a las arcas estatales para ser dirigido al DIF, triangulado -inexplicablemente- vía Desarrollo Social.

Es la carrera de Juárez, como la de Chihuahua, artilugio mercadotécnico muy lejos de genialidad creativa, que poco ayuda en términos de imagen a su maltrecho gobierno. Los poco más de 300 mil pesos recaudados nada significan frente al esfuerzo institucional y de proveeduría desplegado. Sale más caro el caldo que las albóndigas.

El tiempo logrado en esta ocasión por el jefe del ejecutivo estatal, un par de minutos mejor que el del año pasado en aquella frontera, sigue siendo el de un corredor amateur que a duras penas concluye la prueba.


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Hace apenas unas semanas que el Gobierno del Estado presumió a tambor batiente la entrega de unidades para transporte escolar, que entregó a una veintena de escuelas ubicadas en distintos municipios de la entidad.

Eran unidades que de acuerdo con la Ley de Transporte, no pueden circular por su antigüedad, que es mayor a diez años. Requisito que se antoja lógico, por la grave responsabilidad de transportar personas en el sistema de transporte colectivo.

Pues las observaciones pasaron completamente de noche. Ahora es el Colegio de Bachilleres quien presume la recepción de una unidad con estas características, reconstruida, para el plantel localizado en Meoqui.

Lo delicado es que es un transporte que, tememos, sea usado para viajar en carretera, aumentando el riesgo de los jóvenes escolares. La donación, creemos por supuesto es de muy buena fe por parte de los concesionarios del transporte en Juárez, con intervención de la Secretaría de Educación estatal.


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Parece un mal chiste el arranque de la campaña de protección a defensores de derechos humanos, auspiciada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el ejecutivo estatal.

Han sido menos que deficientes los trabajos realizados para garantizar esa protección, con cinco líderes sociales asesinados en tres años de la administración actual, todos ellos emblemáticos y con gran reconocimiento por su defensa de los derechos de pueblos originarios.

El último de ellos es Cruz Soto, dirigente de una organización que defiende a los desplazados de las comunidades indígenas, apenas hace unas semanas. Pero antes murieron Julián Carrillo, Luis Gutiérrez, Juan Ontiveros e Isidro Baldenegro. La historia del primero es dramática porque los homicidios se extendieron a su familia cercana.

Frente a este abandono se difunde una campaña con la leyenda “Yo protejo a las personas defensoras de los derechos humanos”, en colores pastel muy llamativo, con cuatro manos entrelazadas.

Dice la imagen que publicamos en nuestra edición digital: “Las personas defensoras de derechos humanos trabajan por la igualdad y vigilan que la autoridad no cometa ni permita abusos en contra de la gente”.

De manera paradójica y desafortunada ha sido muy pobre la labor oficial para protegerlos, se queda sólo en el discurso. El caso de Cruz Soto es más que prueba patente al respecto.

Las medidas de salvaguarda y protección no los alcanzaron, pese a que estaban dictadas las acciones de tipo preventivo o cautelares, que no fueron implementadas a cabalidad, entre la incapacidad y la omisión inexplicables.


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El combate a la pobreza con el nuevo amanecer es tan frontal que se hace con pláticas que promueven la ideología de género.

En ese afán de quitarle el asistencialismo a los programas sociales del Gobierno del Estado, hay instancias como la Coordinación de Cohesión Social y Participación Ciudadana que se olvidaron de brindar los apoyos básicos de salud y alimentación.

En vez de llevar lo mínimo indispensable a familias que casi literalmente mueren de hambre, lo que han llevado son talleres y charlas sobre lenguaje incluyente, nuevas masculinidades, respeto a la homosexualidad y demás baratijas de la moda de la ideología de género.

Han impuesto todas las prioridades de la agenda izquierdista sin el mínimo de sentido común sobre las verdaderas necesidades que tienen los grupos vulnerados, término que, dicho sea de paso, es el políticamente correcto para las familias más pobres que deben sobrevivir con poco más de 20 pesos al día.

Anteriormente la dependencia estaba a cargo de Laurencio Barraza, destacado experto en trabajo social cuyas intervenciones en colonias lograron marcar algunas diferencias.

Barraza no se andaba por las ramas: identificaba problemáticas y las atacaba con la transversalidad que brinda el aparato de gobierno. No llevaba charlas sobre la obviedad de que hombres y mujeres son iguales, mejor llevaba frijol, cobijas, programas de verdadera inclusión para ayudar a salir de la miseria a los pobres, sin descuidar la atención médica y psicosocial.

Ahora el departamento está en manos de Rosina Uranga e Hilda de la Vega, quienes apoyadas por Karina Baltazares y Félix Nava han sustituido el verdadero trabajo social -no sólo asistencialista- por “apoyos emocionales”.

La psicología de izquierda, como le llaman, se ha impuesto sobre la técnica probada de combate a la pobreza. Mero adoctrinamiento a capricho de grupos incrustados en el gobierno, que burlan a quienes realmente necesitan apoyo para, casi literal, no morir de hambre.