Opinion

-Hace de agua Didi las facturas

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GPS / Columna

viernes, 26 noviembre 2021 | 05:00

-Ajuste millonario entre Pablo y Myriam

-Luis Fierro no se va a ir solo

-Cariñosos saludos a Doroteo

Un lector habitual de GPS nos contactó para manifestar su gran molestia por la facturación discrecional que realiza la empresa Didi.

Resulta que a través de la plataforma decidió solicitar un servicio del aeropuerto a la ciudad, que no es nada económico, más de 400 pesos, que pagó mediante efectivo.

Como se trataba de un viaje laboral tenía que solicitar la factura para justificar viáticos, lo cual trató de hacer, pero oh, sorpresa, le apareció que la opción no se encontraba habilitada.

Esperó unos días pensando que se trataba de un asunto de fechas, y que en ese lapso se habilitaría la opción, pero nada.

Contrario a lo que cualquier usuario del servicio podría esperar, la empresa no se quiso hacer responsable de la facturación, echándole la pelotita al conductor, bajo el pretexto de que seguramente tenía problemas fiscales.

Ahora parece que la empresa es sólo una intermediaria para el contacto entre el conductor y el cliente y que, en pocas palabras, le importa poco o nada que el usuario pueda resolver su problema de factura.

El asunto tiene mucha trascendencia, porque todos los días se realizan miles de viajes gracias a las plataformas, que han servido para reducir costos y mejorar servicio.

El detalle es una tacha y mal mensaje para el resto de los usuarios, que deben ser precavidos y verificar si está disponible la opción de facturación, antes de resignarse a perder algunos cientos de pesos.

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No ha dejado de generar suspicacias el reciente recorte al presupuesto que pide para el año 2022 el Tribunal Superior de Justicia del Estado. En el lapso de unas cuantas semanas se redujo en casi 200 millones de pesos.

Cuando todavía era presidente del TSJE el magistrado, Pablo Héctor González Villalobos, hoy retirado a la fría Séptima Sala de lo Penal, le aprobaron sus compañeros un proyecto de presupuesto por tres mil 237 millones de pesos.

Ahí se incluían tanto la abultada nómina judicial como los gastos de operación del aparato de justicia estatal.

Con la llegada de la nueva presidenta, Myriam Hernández Acosta, esta semana se hizo un ajuste a la baja, para quedar en tres mil 47 millones de pesos. Eso fue tras observaciones que le hicieron al gasto desde la Secretaría de Hacienda del Estado.

En apariencia el recorte se ha justificado por un mal cálculo en el renglón del pago de impuestos, pero como que la cantidad es mucha para considerarse un simple error.

Quién sabe qué más observaron los que sugirieron meterle tijera al gasto judicial, que en este año corriente fue de dos mil 800 millones de pesos y para el próximo se prevé una demanda de dinero mayor por la entrada en vigor de la reforma que pasa los asuntos laborales al Poder Judicial.

Ese ajuste millonario está dando de qué hablar entre los inquietos magistrados, algunos no muy conformes con la gestión de González Villalobos, tanto que presionan para que se investigue cada centavo que ejerció y pretendía ejercer antes de ser renunciado.

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Hace apenas unos días recibía el rector felicitaciones por la aceptación de la Universidad Autónoma de Chihuahua al Consorcio de Universidades Mexicanas. Se le vio pavonearse en Baja California, a donde acudió en fin de semana a principios de noviembre aún y cuando acá en Chihuahua había un auténtico temblor con la caída del Nuevo Modelo Educativo UACH-DS.

La felicitación, cuya imagen publicamos, estuvo dirigida a la Universidad Autónoma de Chihuahua, a su rector Fierro Ramírez y a su comunidad universitaria, por “cumplir con los más altos índices de calidad en su desempeño académico, reflejo del trabajo conjunto y de su compromiso y pertinencia social”.

Se la creyó Luis Fierro, que era su mérito único, y a ello contribuyeron las múltiples felicitaciones recibidas por redes sociales, principalmente de los funcionarios de su administración y exsecretarios corralistas.

Ya no son tiempos para esas pompas.

Lo felicitaron efusivamente lo mismo Carlos González y Concha Landa, exsecretarios de Educación y Cultura respectivamente. No escatimaron en emoticones de fanfarrias y aplausos, igual que diversos directores de oficinas centrales, como el administrador Francisco Márquez, también en capilla.

El día de hoy, muchos de los que le aplaudieron a rabiar también se irán con él, en el necesario cambio que deberá operarse desde la nueva rectoría, que hasta donde sabemos encabezará el hasta ayer Secretario General, Jesús Villalobos Jión, quien tiene colmillo retorcido y afortunada bendición de Palacio de Gobierno.

Tienen sus maletas listas todos los funcionarios centrales de alto nivel. Con seguridad ya sacaron desde ayer las pocas pertenencias personales en cajas y solo estarán esperando la llegada del órgano interno de control para empezar con el necesario proceso de entrega, al terminar un ciclo en la Universidad. Fierro no se va a ir solo.

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La gran incógnita en el asunto de Aras es que de sostenerse la versión oficial de la empresa en el sentido de que hay “accionistas” y no inversores de la sociedad financiera irregular, el tratamiento en la distribución de los bienes, en dado caso de su venta, sería de manera proporcional, es decir lo que los abogados llaman parte alícuota.

La explicación que nos dan al respecto es que no es lo mismo ser inversionistas que accionistas, ya que al momento de una quiebra o disolución son distintas las maneras de proceder.

Así, un inversionista podría aspirar a recuperar el monto total de su inversión, atendiendo al detalle y la letra chiquita del contrato, pero en el caso de un accionista, sólo podría acceder a la proporción de lo que se recupere de los bienes o cuentas bancarias que pudieran ser embargadas.

Para este tema aún falta mucho tiempo, de acuerdo a como se han ido moviendo las cosas, pero llama poderosamente la atención por el riesgo que implica a quienes “compraron” acciones por varios millones de pesos, que no pudieran en dado caso recuperar el monto total.

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El diputado morenista Gustavo de la Rosa Hickerson mandó atentos saludos, incluso se entendieron muy cariñosos, al sempiterno líder de la Central Obrera CTM a nivel estatal, Doroteo Zapata.

Lo hizo a través de la hija de éste, la legisladora priísta Georgina Zapata, en la última sesión del Congreso, en el contexto de la presentación de un tema escabroso, la explotación laboral infantil, que desde siempre hasta hoy es una realidad, donde gobiernos van y vienen y no han podido desaparecer.

Imposible descartar para la existencia de dicho fenómeno social una connivencia de líderes formales e informales, que se hacen de la vista gorda.

Uno de ellos, sin duda alguna, la CTM, y sin temor a equivocación el muchas veces legislador y líder cetemista desde tiempos inmemoriales, Jorge Doroteo Zapata, que continúa inamovible en un puesto que sabemos es vitalicio.

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Salió con un relevante incremento del 22 por ciento el anteproyecto de la Ley de Ingresos 2022 de la ciudad de Chihuahua, en lo que será el primer año completo que le toque a la gestión del alcalde Marco Bonilla.

En la sesión de la Comisión de Hacienda, realizada en Palacio Municipal, la tesorera Aída Amanda Córdova mostró su experise para justificar ante cada regidor, cada proyecto que le permita al municipio obtener más de mil millones de pesos en comparación al 2021.

No fue fácil convencer a los regidores de Morena, pero finalmente salió, por lo que la próxima semana se someterá a cabildo el paquete de ingreso y gasto por la nada despreciable suma de cuatro mil 481 millones de pesos, centavitos más, centavitos menos.

Todos los renglones traen incremento considerable, incluyendo participaciones estatales y federales. Viene además un crédito de 450 millones de pesos que será destinado a las obras grandes: polideportivo Luis H. Álvarez, solución vial en Nueva España y Fuentes Mares,  alumbrado público, tercera etapa de la Plataforma Escudo Chihuahua y la primera etapa del nuevo Relleno Sanitario.

En cuanto haya aprobación del cabildo se iniciarán con los procesos de licitación en los primeros días del siguiente año, para optar por la institución bancaria más conveniente.