Opinion

-Han convertido su cargo en feria del viático

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GPS / Columna
viernes, 23 agosto 2019 | 05:00

-Cero armonización derechohumanista
-El turno en Juárez fue también de refrito
-Charolea a nombre de Loera y Ulises
 
Constituyen nuestros funcionarios electorales del OPLE o Instituto Estatal Electoral una casta dorada por los sueldazos y la inactividad en que se encuentran durante el intermedio de las elecciones.

Pero no contentos con ello, se despachan con la cuchara grande en materia de viáticos. Si no hay trabajo, cualquier pretexto es bueno para viajar.

En una revisión superficial del reporte de viáticos de marzo a junio del año en curso, resulta que se han gastado cerca de 300 mil pesos en sus viajecitos.
 Nada más los consejeros Claudia Espino y Saúl Rodríguez, acumulan 80 mil pesos, casi una tercera parte del total del gasto.

Se han placeado ellos y el resto de los consejeros y funcionarios de todos los niveles, por todo el país, en comisiones donde cualquier foro o conferencia es pretexto suficiente.

Hay una feria del viático, con la autorización del consejero presidente Arturo Meraz, que debe echar el gancho en cada autorización de salida y comprobación.

Responsabilidad jurídica, administrativa y ética, en el ejercicio del recurso público, que se dilapida sin rubor alguno.

Llama la atención particularmente un evento realizado los días 2 y 3 de mayo pasado en Guachochi, dice el reporte.

Pero en las fotos, aparece el bello hotel Divisadero Barrancas, como sede. Fue un foro denominado Retos de la Representación Política de los Pueblos Indígenas.

Fue financiado por el Tribunal Electoral estatal, el Instituto Estatal Electoral y la Comisión Estatal para Pueblos Indígenas.

Ahí se erogaron más de 40 mil pesos en viáticos, en dos y tres días, porque algunos de ellos permanecieron un día más, como el consejero Gerardo Macías, que solito se gastó 5 mil pesos.

El IEE envió para dicho evento un total de 17 personas, entre consejeros, directores de área, asesores y personal de apoyo.

Los informes, ni qué decir. Son un copy paste vulgar, entre varios de los funcionarios. Algunos son un telegrama sólo para cubrir la forma, bajo el auspicio bonachón de Arturo Meraz.

Será por ello que camina lenta pero segura la intención de meter orden desapareciendo los organismos electorales locales ante el despilfarro de recursos, y la ausencia de controles por parte de la Función Pública Estatal.


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 Existe un micrositio creado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos denominado Seguimiento a la Armonización Normativa en Derechos Humanos.

Los resultados consignados en ella son deplorables para el ámbito nacional y peores aún en el caso del Estado de Chihuahua.

En la mayoría de las materias se encuentra por debajo, o a lo más, apenas arriba de la media nacional, en calificaciones que van de malas a regulares.

Pero en lo particular en las reformas constitucionales para garantizar derechos está para llorar.

Son once los rubros o indicadores establecidos. En siete de ellos Chihuahua se encuentra en ¡¡cero!! Ni siquiera un avance pequeñito.

Hay nada de atención a los rubros de interdependencia, universalidad, indivisibilidad, progresividad, obligación de las autoridades de actuar con base en los DH, la obligación del Estado de fomentar el respeto a los derechos Humanos en la educación que imparta y la obligación del Estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos.

Existe una omisión imperdonable. Sólo tiene un 100 por ciento de cumplimiento en materia de autonomía de la CEDH, discriminación por preferencias sexuales, interpretación conforme a Tratados y principio Pro Persona.

De Andrés Manuel y su mayoría legislativa es comprensible. Acaba de llegar, pero el nuevo amanecer tiene ya tres años en el poder y no hay el más mínimo interés de armonizar la legislación en materia de derechos humanos.

Imposible conseguirlo entre los expedientes duartistas, menos en las canchas de tenis o campos de golf.


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Lo que ocurrió con el extraordinario boxeador José Ángel Mantequilla Nápoles es un llamado de atención.

Considerado como un juarense distinguido, reconocimiento colgado por Juan Carlos Loera en su muro de tuiter, terminó en una situación de pobreza y enfermedad, que lo llevó a refugiarse al centro del país, donde terminó por perder la vida.

No hubo en relación con él ninguna atención especial extraordinaria ni del estado ni de la federación.

Por eso llamó la atención el mensaje en redes del delegado de programas federales, compartiendo un artículo sobre la muerte del boxeador, que escribió su tío, el diputado “Pichú” de la Rosa Hickerson.

No son cualquier persona opinando. Son altos funcionarios ante una tragedia. Lo menos que podemos acusar es superficialidad en el libelo.
 Deben saber ambos -estamos seguros- esa situación de abandono en que murió Mantequilla.

Si era éste pugilista cubano -adoptado juarense-, muy estimado y admirado, pero mucho más allá de sus estancias en el Noa Noa, que describe muy bien el legislador.

Una persona buena, un boxeador imbatible, que quedó en el abandono, como muchos otros deportistas, que sobreviven sin ayuda alguna después de sus años de gloria.


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Tocó el turno a Juárez para la presentación del plan de inversión 2019-2021, que se convirtió, como era de esperarse, en un refrito.

No existe nada nuevo, más que la aceptación a media semana de lo que ya habíamos advertido, no hay inversiones extraordinarias ni recursos frescos.

Usaron el ábaco para sumar obras de tres años y se presentan como inversiones históricas, cuando se van a granear a lo largo de 2019, 2020 y 2021. Algunas incluso no habrán de terminarse con la administración.

Se realizarán con una mezcla de recursos federales, estatales y municipales, y por supuesto, con la reestructura ya realizada, y la que está pendiente.

Es sólo una estrategia de mercadotecnia con fines de posicionamiento público ante las condiciones actuales de ausencia en confianza y credibilidad.


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El subdelegado de la Comisión Nacional de Pesca, José Alberto Lara Hernández, se ha vuelto un dolor de cabeza no sólo para la representación en Chihuahua de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), sino para sus oficinas centrales en México.

El funcionario instalado en Camargo terminó pescado no por una, sino por casi una decena de denuncias penales y administrativas, que abarcan desde discriminación y acoso laboral, hasta violencia familiar, lesiones y estafas.

De la Sader en la capital del país reportan que lo tienen con monitoreo constante, pues no son una o dos personas quienes lo denuncian. Son varios casos de los que tienen registro de tropelías que van desde Juárez hasta Camargo, pasando por Chihuahua, Meoqui y Delicias.

Y no son asuntos personales o de su vida privada solamente, que pierden ese carácter cuando llegan a configurarse delitos contemplados en el Código Penal.

Son problemas de manejo interno de la Conapesca y de la Secretaría de Bienestar, en la que también influye en ciertos municipios.

Lara Hernández se presume como representante del diputado federal de Morena, Ulises García Soto, pero además como operador regional para el sur del estado del superdelegado Juan Carlos Loera.

Con sus nombres charolea y hay quienes creen que sí tiene la protección de ellos, pues un caudal de denuncias que han llegado a la Sader vía el órgano interno de control, no han sido suficientes para tumbarlo del cargo. Al menos no todavía.