Opinion

-Hoy colocan la soga para ser ahorcados mañana

-Una fotos a la basura, otras hechas pedazos

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miércoles, 30 enero 2019 | 02:21

-Una fotos a la basura, otras hechas pedazos

-JMAS, mejor cerrar y despedir que

-Reuniones de seguridad no bajan ejecuciones

Tiene mucho fondo la iniciativa de reforma a la Ley de Fiscalización para garantizar un órgano poderoso al servicio del gobernador en turno.

Porque hoy es Javier Corral quien está sentado en la silla del águila estatal, pero mañana no sabemos quién será.

Estos días la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General, coadyuvan con la fracción panista en el Congreso para dotar de fuerza que no se ha visto en la Auditoría, pero no saben que se están atando una soga al cuello para el día de mañana.

Para darnos cuenta de lo anterior es suficiente con echar una mirada en las sesiones de las Comisiones Unidas de Corrupción, Transparencia y Fiscalización, cuyo video -que no actas- están en la página misma del Congreso.

Varios datos interesantes nos comentan que surgen particularmente de las dos reuniones del 17 de diciembre, una por la mañana y la segunda por la tarde.

Marisela Sáenz, de PES, pone los puntos sobre las íes, para denunciar lo que subyace en la iniciativa.

Más allá de la facultad de presentar denuncias sin autorización del Congreso, como lo habíamos anticipado, hay una autorización muy interesante.

Dice el proyecto de nueva ley que podrá la Auditoría Superior del Estado, por sí o a través de despachos particulares, realizar las auditorías.

Así es. Con ello, Héctor Acosta, el titular de la ASE, podrá echar mano de sus cuates o quienes le digan en Palacio, para realizar las auditorías a modo y con cargo al presupuesto.

Existe entonces en el fondo un doble negocio: perseguir a quien haya menester para fines de carácter político, y por el otro, generar suculentos ingresos a los proveedores contables de Corral.

Las dos reuniones del 17 de diciembre fueron un auténtico desastre. No hay acuerdo posible entre sus integrantes, pese al sufrimiento de los diputados panistas, Jorge Soto y Blanca Gámez.

Habrá que esperar al 31 de enero, fecha en que se realizará de nueva cuenta la reunión para analizar el dictamen. Jorge Soto, el diputado panista responsable de sacar adelante el proyecto, deberá hacer esfuerzos por consensar la iniciativa y conservar la calma.

Un buen té de tila le vendría bien.

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Sólo era cuestión de tiempo. Coincidió con la visita de Rubén Moreira, del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, pero la decisión estaba tomada desde antes.

Las fotos de Marco Quezada y de Pablo Espinoza no aguantaban más. Ya no podían ocupar un espacio en el Salón Presidentes del Directivo Estatal del PRI.

Uno con renuncia exprofeso a su militancia en el partido, el otro, simplemente volcado a favor de Morena desde las pasadas elecciones.

La hija de Pablo, Karla, como asistente personal de Juan Carlos Loera, en labores incluso de comunicación.

Curioso que en el momento en que trascendía la información del retiro de las fotos, Marco Quezada se reunía con el alcalde de Juárez, Armando Cabada.

Con todo les fue bien. La foto de Marcelo González Tachiquín, el hoy detenido exdirector de Pensiones, terminó en añicos por trabajadores de pensiones.

A lo más, la de ellos terminó en un bote de basura.

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Se reunió la mesa de coordinación para conocer avances y plantear acciones en materia de seguridad, en Palacio de Gobierno.

Ahí estaba el secretario técnico, Fernando Ávila, tomando nota. Un amanuense, simple tomador de datos. Fue lo mismo para el gobernador que quedara él o Juan Carlos Loera. No les da jugada ni para salir completos en las fotos.

En la mesa, el gobernador, y a su lado, los representantes de las corporaciones policiacas estatales y el Ejército. La reunión fue presidida por Corral.

Allá, en la ciudad de México, López Obrador se duele de que la violencia no se reduce. Tiene el argumento ideal para compartir culpas, cuando las mesas están siendo manejadas al antojo de los gobernadores.

No sabemos cuánto aguante la estrategia, más aún cuando los homicidios no se detienen. La sangre sigue corriendo a borbotones por todo el país. Chihuahua no es la excepción.

Hoy en las conferencias de prensa en Palacio Nacional es el huachicol el principal tema con la estadística de defunciones por delante. Veamos cuánto resiste ese contexto antes de que la violencia en sí acapare reflectores.

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Son más de 35 mil los afectados por el retiro de la oficina de cobro de la Junta Municipal de Aguas (JMAS) que se encontraba localizada sobre Flores Magón.

Desde la Campesina, Rosario, Cerro de la Cruz, y una veintena de colonias, las personas que viven en la zona, tendrán que pagar jugosas comisiones en tiendas de autoservicio, mil 700 puntos de cobro.

Maravillosa la jugada de “El Pony” Lara, el flamante titular del área: deja de pagar salarios y servicios en una oficina que le costaba a la JMAS y ahora, ese costo lo traslada en los usuarios del servicio.

Un nuevo negocio de cientos de miles de pesos. En lugar de que el gobierno mejore sus servicios y atención al público usuario, les carga nuevos costos.

No cabe duda que los colaboradores del nuevo amanecer se esfuerzan en hacer quedar bien a su patrón.

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En el SAT hubo manifestaciones locales por el despido de personal. El pequeño detalle es que en Chihuahua no hay conocimiento de que hayan existido reducciones del recurso humano.

Fue entonces una acción de solidaridad, simplemente, con la eliminación de plazas en otras latitudes.

Esto nos lo hicieron ver amables lectores. Pero lo que sí hicieron notar es que cientos de personas fueron corridas sin misericordia alguna en otras delegaciones, cuando no ocupan posición de dirección alguna ni son altos mandos.