Opinion

-Inician juicio con remedo de expediente

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GPS / Columna

lunes, 17 febrero 2020 | 05:00

-Ley de publicidad con receta corralista

-Maestros delTec a declarar

-Dejan en gaza a conductores a la buena de Dios

Es un remedo de expediente el que tiene la Fiscalía General de la República y con el que inicia el juicio en contra del responsable intelectual del homicidio de la colega Miroslava Breach Velducea.

La carpeta de investigación es la que preparó la Fiscalía estatal y que le fue arrebatada por la Federación, con base en la facultad de atracción que tiene de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales en delitos contra periodistas y medios de comunicación.

No será nada sencillo para los agentes del ministerio público realizar su tarea, en un contexto de manejo discrecional en el contenido de la carpeta, con fines de encubrir a ciertos personajes que continúan en la nómina estatal, pero que están involucrados hasta el copete en los terribles y condenables hechos que terminaron con la vida de la reconocida comunicadora.

¿Hasta donde fue la manipulación?, lo veremos hoy cuando se realice la audiencia, y en la cual necesariamente deberán salir los apellidos de Piñera y Luevano, junto con el de Shultz.

Fue Piñera quien grabó a la colega en una llamada filtrada al crimen organizado y que habría detonado los sucesos criminales, cuya investigación fue todo menos pulcra y cuidadosa, incluyendo una incursión indebida que contaminó la escena del crimen, que ubica a Javier Corral en la casa de seguridad, donde supuestamente se encontró precisamente la susodicha grabación.

Tendrá entonces la Fiscalía General que abrir las indagaciones para que el juez de Distrito ordene otras comparecencias, a fin de develar la historia negra detrás del homicidio y la torpeza a modo en las indagaciones estatales.

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Es un verdadero despropósito, con dolo y mala fe adicional, del ejecutivo estatal, la promoción de una ley de publicidad como la que se propone sacar adelante, y que hoy tendrá un foro de discusión en Ciudad Juárez.

Tiene muy clara la idea el gobernador de terminar por desbaratar el sistema de comunicación social privado en la entidad, por un odio inexplicable, ya que sus primeras andanzas y sus últimas en la denominada Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi), le dieron respiración artificial y sustento gracias precisamente al derecho de la información y la libre expresión. Hoy -se lo ha ganado a pulso- es de los principales enemigos de los medios de comunicación.

El análisis del remedo de iniciativa permite observar esas intencionalidades ocultas. La ley permite el uso indiscriminado de recursos con motivo de los informes gubernamentales, que son excluidos de tratamiento de publicidad oficial, para convertirlos en auténticas promociones personales, sin límite de uso de recursos económicos y manejo de imagen personal.

Podrá Corral el año que entra estar junto con sus funcionarios y alcaldes, en el mes de marzo, antes de las elecciones, en carteleras, anuncios en radio y televisión y cualquier plataforma, en un contrasentido y violación burdo del artículo 134 constitucional federal, que se empeña en violar.

Hay otras linduras en la ley, como la duplicidad de padrón de medios, con requisitos que la ley general de comunicación social no contiene, y detalles mil adicionales, pero donde de plano cae en el ridículo es en las cantidades para inversión, al limitarlo al 0.5 por ciento del presupuesto.

En una entidad federativa con 3 millones y medio de habitantes, 67 municipios, una geografía accidentada y dispersa, la cantidad es insuficiente. Violentaría el derecho a la información de los ciudadanos, pueblos y comunidades, sólo por golpear a los medios.

Aún para Juárez, donde habitan un millón y medio de habitantes, el municipio sólo podría invertir hasta 27 millones al año en publicidad, o en Chihuahua 18 millones. Son cantidades muy pequeñas para las obligaciones indispensables de informar suficiente y adecuadamente a la población. No se diga en Cuauhtémoc, Delicias o Parral.

Pretende el gobernador atar de manos a los municipios, en Juárez con un independiente o en Chihuahua, donde las diferencias de criterio, aún y con el mismo color, han sido públicas y evidentes, y a la vez, otro golpe mortal medios, aún y cuando incumpla con su deber jurídico y moral de informar.

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Cayó como bomba en los trabajadores del Tecnológico de Chihuahua la decisión anunciada de que deberán declarar fiscalmente a partir de este año, cosa que jamás habían hecho.

Los maestros, muchos de los cuales incluso carecen de base, y sólo imparten dos o tres clases, incluso una, tendrán que someterse a dicho procedimiento, en un asunto que genera mucha suspicacia, por el detalle de la llevada y traída discrepancia fiscal.

La burra no era arisca, la hicieron. Los maestros temen que al verificar sus cuentas bancarias con los ingresos declarados, saldrán necesariamente incongruencias, que podrán ser mínimas, pero que ponen los pelos de punta, por multas, recargos, aclaraciones, vueltas al SAT y demás linduras que la medida implica, y que si se lleva al ámbito nacional, estamos hablando de miles de empleados que se encuentran en las mismas condiciones.

Pero ademas es personal que no vive de lo que obtiene en el sistema tecnológico, sino que trabaja por su cuenta en otras actividades, en las cuales percibe ingresos muchas veces en la economía informal.

La angustia no es para menos.

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Comprensibles las molestias en la zona norte de la ciudad por los trabajos que se realizan con motivo de la ampliación de la Gaza sobre Periférico de la Juventud, los embotellamientos a hora pico son terribles, más cuando la presencia de agentes de Vialidad ha sido insuficiente para facilitar el tránsito vehícular. Imposible no pensar mal y creer en un boicot micro para echar fuego a la lumbre, en una obra de realización imperiosa que no podía postergarse más tiempo.

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La alianza de Amín Anchondo, síndico panista de la capital, con el grupo denominado Wikipolítica llega a niveles extremos, tanto que lo ha hecho escupir hacia arriba en cuanto a participación ciudadana.

Desde hace unas semanas Anchondo Álvarez ha dejado de ser imparcial con proyectos que él asesoró para el presupuesto participativo. En vez de eso utiliza su cargo como promotor abierto de algo que debería revisar, no ejecutar ni presionar para que se ejecutara.

El síndico está aferrado a un proyecto inviable (y no hablamos de su eventual candidatura que pregona), como lo es la instalación de una ciclovía en la avenida 20 de noviembre. El calificativo de inviable no es arbitrario, así lo determinó el estudio técnico de esa propuesta.

El grupo de los Wikis, con el patrocinio de Amín, promueve abrir ahora la transitada avenida para complementar el sistema de ciclovías de la ciudad, como si la parte existente fuera útil o al menos algo funcional.

El colmo es que hasta firmó actas donde avalaba la inviabilidad del proyecto, pero ahora pareciera que quiere cambiar de opinión para quedar bien con el ala de izquierda de los neopolíticos que pugnan por tener más influencia en el gasto de la capital.

Aquí no hay cuestionamiento a esos grupos interesados en hacer realidad el presupuesto participativo. Al contrario, de eso se trata el desarrollo democrático. Lo cuestionable es que el funcionario, desde una posición de poder, influya en propuestas que se tratan de hacer pasar como de corte ciudadano.

Con esa actitud Anchondo ha generado sospechas de que hay intereses políticos detrás de su abierta promoción de un proyecto que se abandera desde las izquierdas.