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Opinion

-Jaguares replegados tras 20 levantones

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GPS Columna

miércoles, 07 febrero 2024 | 05:00

-Tendrá Myriam respaldo de Maru 

-Un megaparo del transporte sigue latente 

-Mortajas no sólo para homicidios

El grupo criminal de “Los Jaguares” ha optado por replegarse del extenso rincón que domina entre Madera y Sonora, luego del escándalo que ocasionó con el levantón o secuestro de cuatro integrantes de la comunidad de LeBaron hace poco más de dos semanas.

El tránsito en las brechas de El Largo Maderal en Chihuahua y otras comunidades del estado vecino, donde es más que conocida su operación, ha tenido un respiro luego de los operativos especiales realizados por la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, con apoyo de otras instituciones.

En el curso de unos cuantos días fueron resueltos los casos Bruce Lebaron Johnson, Shem Lamar Stubbs Owin,Miguel Ángel Moreno Sánchez y Manuel Horacio Ríos Jacobo, con diferencia de algunas horas, así como el del comerciante Ramiro Cervantes.

La presión social ejercida por las víctimas dio resultado, aunque también puso en riesgo a los cautivos, pues la actuación de este grupo delincuencial es errática y peligrosa, según la clasifican los encargados de la inteligencia policial.

A varios días del incidente, entonces, dicha célula -que responde al Cártel de Sinaloa a través de tres o cuatro liderazgos regionales en ambos estados involucrados- ha dejado por la paz, al menos momentáneamente, las poblaciones donde era frecuente ver sus convoyes de sicarios o sus halcones.

Sin embargo, en los últimos 16 o 18 meses en los que intensificaron sus actividades, dejaron una estela de cuando menos 20 levantones, cuyas víctimas siguen sin aparecer vivas o muertas, lo que da una idea de lo que el grupo es capaz de hacer cuando opera a sus anchas.

La sobrevigilancia que se mantiene hasta la fecha, a la que se han sumado algo tarde el Ejército y la Guardia Nacional, ha ocasionado ese repliegue, que seguramente es provisional en lo que dura la presencia de las autoridades estatales y federales.

Nadie duda de que la retirada es momentánea, pues el territorio es importante para el control de las rutas de trasiego de drogas hacia el norte, además de que los criminales han encontrado otros nichos de oportunidad en la extorsión, los secuestros y demás delitos vinculados.

Si no hay una embestida de fondo para desarticular al grupo e imponer el estado de derecho, que podría darse si hay más voluntad de las autoridades para hacerlo, será cuestión de tiempo para que vuelva a convertirse la región en la principal nota roja de la entidad.

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Mañana por la tarde en el hotel Sheraton, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Myriam Hernández, rendirá su segundo informe de trabajo en el marco de una sesión solemne del pleno de que conforma el Poder Judicial.

Nos aseguran que la gobernadora Maru Campos, quien acaba de rendir su informe esta semana, ha confirmado su asistencia al acto protocolario, con lo que dará respaldo total a la que también es la primera mujer en encabezar otro de los poderes públicos legítimos del estado.

El mensaje del informe y el de la asistencia de Campos Galván es importante, pues ha enfrentado la magistrada a las mafias internas añejas y a las más recientes que dejó el paso de Javier Corral por la gubernatura y de la abogada-activista Luz Estela “Lucha” Castro, que pervirtieron aún más las estructuras judiciales.

Eso ha tenido que sortear Hernández Acosta, si debiera hacerse un resumen de la problemática del Poder Judicial, porque toda la agitación política interna parte de lo mismo, de las intenciones insanas de desestabilizar el aparato a cargo de la impartición de justicia, para tratar de sesgar sus decisiones.

Ya en este segundo informe, la magistrada podrá dar cuenta de los retos superados en la implementación de reformas vitales como la laboral, que le pasó a los tribunales los litigios trabajador-patrón que antes no tenía, y otras cuestiones administrativas orientadas a agilizar sus procesos.

Además, nos reportan, la presidenta podría anticipar también el arranque del nuevo sistema de justicia en materia civil y familiar, entre otras novedades en la labor sustancial de los tribunales, fuera de las politiquerías que abundan entre los juzgados y las oficinas de la burocracia judicial.

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El paro de los transportistas fue chico para la expectativa que generó, debido a que las agrupaciones que existen en el sector se dividieron por los acuerdos previos que alcanzaron algunas con autoridades de la Secretaría de Gobernación y la Guardia Nacional.

Pero el problema que reclaman los transportistas sigue latente, dado que al menos una tercera parte de las asociaciones no avalaron los acuerdos para dotar de seguridad al transporte de carga, además de que no son sólo los robos y asaltos lo que reclaman, sino muchas irregularidades.

En la entidad los delitos contra los transportistas van a la baja. Han pasado de cinco mensuales en 2017 a dos cada mes en 2023, tendencia decreciente sostenida, como lo reconocen algunos de los representantes del sector.

Pero los problemas no se limitan a la actividad delincuencial, sino a otras omisiones de autoridades de los tres niveles de gobierno, que han quedado sepultadas entre los reclamos por la inseguridad y la violencia.

A los transportistas les afectan las altas tarifas carreteras, que en el caso de las federales están abandonadas, llenas de baches y sin mantenimiento mínimo; también les afecta el servicio que ofrecen los “piratas” del transporte, tanto de mercancías como de pasajeros, que operan con total libertad.

Por si fuera poco, enfrentan el problema de las extorsiones que aplican muy bien desde la Guardia Nacional hasta las policías municipales y autoridades de tránsito, que todas reclaman sus “mordidas” hasta por las faltas menores.

Entonces, si bien el paro vivido en pleno lunes de puente fue pequeño en relación a lo que realmente pueden hacer los transportistas, sigue latente una protesta de mayores dimensiones, si en las siguientes dos semanas vuelve el desencanto por los acuerdos a medias que garantizaron la GN y Segob.

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Para terminar con los rumores que empezaron a correr en torno a la certificación CALEA de la Policía Municipal por el caso de la persona encontrada muerta en un tambo, el propio jefe Julio César Salas aclaró que este organismo no mide los errores de los elementos policiales, sino la corrección de las fallas para que no vuelva a ocurrir, por lo que al haber informado de inmediato al organismo internacional, no existe riesgo en perder la certificación. Eso dijo.

Debe reconocerse que en ella la preventiva actuó con transparencia y honestidad, al reconocer el error, informarlo y dar parte a la Fiscalía General del Estado, para que realicen sus indagatorias propias para deslindar responsabilidades.

Hasta el mismo comandante 01 Salas, avisó de inmediato a CALEA sobre el hecho, porque de lo contrario si lo ocultaban y se enteraban por terceras personas o los medios de comunicación, hubieran caído en una falta grave, que sin duda repercutiría en el reconocimiento a la DSPM.

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Acerca de la licitación que a finales de esta semana o inicios de la próxima deberá ser adjudicada sobre bolsas de cadáveres requeridas por la Fiscalía General del Estado, nos precisa dicha institución que el número solicitado, de seis mil, apenas da un pequeño stock para un año entero.

Explican que no deben tomarse en cuenta únicamente los homicidios y feminicidios, sino fallecimientos en general; por ejemplo, atropellados, muertos en hospitales sin que nadie los reclame, etc.

Precisando, fueron mil 749 en la zona centro, dos mil 473 en la zona norte, 729 en la zona occidente, 377 en la zona sur y 171 en la noroeste.

El año pasado se compraron también seis mil bolsas mortaja, un excedente por encima de la estadística histórica, para afrontar alguna eventualidad y mantener una reserva que permita brincar el siguiente ejercicio fiscal sin problema.

En el 2022 fueron compradas también por licitación cinco mil 500 bolsas; el 2023, seis mil y para este año, como ya publicamos, otras seis mil.

En la licitación de este año, de acuerdo con el acta de la junta de aclaraciones efectuada hace unos días, la empresa Herramientas Industriales de Chihuahua SA de CV y la persona física Gabriel Humberto Caldera Rogelio, participan en el procedimiento, más los que hayan comprado bases y entreguen propuesta en tiempo y forma.

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