-Juez recibe instrucciones de acusados de levantón

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GPS/ Columna
viernes, 15 marzo 2019 | 01:48

-Madre de todas las batallas en juzgados federales
-Es lord encuesta sin credibilidad
-“El Caballo” Lozoya relincha en el ITAM
E
l señor juez muestra evidente preocupación por la defensa de dos mandos de la policía estatal acusados de desaparición forzada y no por las víctimas de ese delito.
En efecto, los angelitos estatales Jesús C. J. e Israel C.C. están enfrentando un histórico juicio por desaparición forzada cometido contra Jesús Manuel Guadarrama, de 33 años de edad; Leonel Arcos Mora, de 36; y Daniel Valladolid Martínez, de 28. Hechos ocurridos el nueve de junio del 2017 en la región de Cuauhtémoc. Fueron levantados y nada se sabe hasta ahora de ellos.
Los familiares de los desaparecidos no han cesado en la búsqueda de sus seres queridos. Y a decir verdad, la Fiscalía General del Estado a través de su órgano interno de control (asuntos internos), tampoco ha descuidado el expediente con número de juicio oral 13/2018.
Tiene la Fiscalía tantas pruebas contra los comandantes Jesús e Israel (ambos prestados a la estatal por la Policía Federal) que logró configurar por primera vez en la historia penal del país el delito de desaparición forzada.
Más de 19 testigos han comparecido para asegurar que los jóvenes fueron detenidos por el siniestro “mando único” policial que opera en aquella ciudad, en aquel momento bajo las órdenes de los comandantes detenidos.
Entonces, por lo tanto para la Fiscalía no hay duda que dichos jefes policiacos son los responsables de haber desaparecido a Jesús, Daniel y Leonel.
En ese sentido han sido publicadas las informaciones correspondientes por El Diario. Han sido manejadas fotografías de la hemeroteca de este rotativo cuando los mandos anunciaban resultados de operativos, ninguna de sus comparecencias en audiencias.
Hablamos de dos funcionarios públicos como lo fueron César Duarte y todos sus excolaboradores ahora presos, a los que el gobernador Javier Corral y todos sus funcionarios se refiere como delincuentes sin haber concluido sentencias; y en el caso del exgobernador, ni siquiera haber sido detenido.
El Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento Penal del distrito judicial Benito Juárez (con sede en Cuauhtémoc), Gabriel Gerardo Reyes Zúñiga, decidió en este contexto atender la instrucción de la defensa de los acusados para “amonestar” a El Diario por hacer las publicaciones “en formato digital y redes sociales” el cuatro de marzo del presente año.
Un licenciado en derecho bastante torpe para ser juez, por cierto, dice en el oficio de amonestación enviado por correo electrónico a este periódico –ni siquiera en físico se tomó la molestia- “según refirió la defensa, misma que fue corroborada por la representación social”.
Es decir, el juez atendió la queja de la defensa y por lo tanto actuó como subordinado de la misma. No hubo derecho de defensa para El Diario por razones que no pueden ser otras que la afinidad del juzgador con una de la partes. ¿Dónde carajos queda entonces la presunción de inocencia de la parte castigada por el juzgador sin atender su versión? Cuando el Consejo de la Judicatura tenga algo de tiempo para este análisis que nos comparta la respuesta.
Pésimo antecedente y mal ejemplo este del Poder Judicial del estado y para el ejercicio periodístico y la libertad de expresión en Chihuahua, acosada en varios flancos por el poder público y el crimen organizado.
Este asunto de desaparición forzada será referente a nivel nacional. No lo dudamos. Ni intimidando a los medios informativos el juez impedirá su seguimiento.
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Los juzgados federales son escenario de la madre de todas las batallas sobre los detenidos por presuntos delitos cometidos en la pasada administración estatal.
El punto es el débil soporte de los mal llamados testigos protegidos, que como sabemos son criterios de oportunidad, incorporados en el Código de Procedimientos Penales del 2006.
Se han venido cayendo los diversos procesos instaurados en contra de los exfuncionarios, ya que la figura no soporta una revisión exhaustiva a la luz del principio de debido proceso y adecuada defensa, menos en su contraste con el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Ahí está el caso de Alejandro Gutiérrez “La Coneja”, por poner un ejemplo.
Nos dicen que están por caer más amparos en ese sentido en favor de algunos de los detenidos, que han soportado la presión de la Fiscalía estatal para declararse culpables.
La figura de los testigos protegidos existe en los Estados Unidos desde siempre; pero allá los testigos comparecen a juicio, se identifican, y posteriormente adoptan una identidad protegida, y reciben el apoyo económico del Estado.
Aquí la figura tiene como característica la opacidad, su nombre y rostro es ocultado bajo un número, y los acusados no tienen mayor defensa por desconocer quién los acusa.
Pero además no existe quién califique las condiciones de los criterios de oportunidad, se convierte en un código de los jueces que nadie revisa.
Por ello no hay forma de saber, por ejemplo, qué tan eficaz es la colaboración del testigo, si la información es esencial para evitar que el delito continúe, o proporcione información útil.
El dato tiene mucha relevancia, porque los criterios de oportunidad establecidos en el código de procedimientos estatal y el contenido en el nacional, tienen dos diferencias sustanciales: allá aplica siempre y cuando se haya reparado el daño, en casos donde no se haya afectado gravemente el interés público.
Requisitos que tal vez no se satisfagan en los criterios de oportunidad/testigos protegidos de los famosos expedientes equis.
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Ahora le dicen lord encuesta. Como senador de la república salió muy bueno para eso de andar preguntando opiniones en redes sociales.
El país está urgido de contrapesos que su propio gobernador ha insistido en construir, y él infantilmente piensa en encuestas.
Se trata del senador Gustavo Madero, con dos encuestas relacionadas aún con los 100 días del presidente López Obrador.
La primera, relacionada con la defensa y promoción de los derechos humanos y la segunda el combate a la corrupción.
Como se imaginará el lector, la encuesta coloca por los suelos el papel del gobierno federal, con una reprobación del 70 por ciento.
No podía ser de otra forma. Es obvio que los seguidores del senador no iban a apoyar las medidas adoptadas por el gobierno federal.
La imagen en nuestra edición digital.
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Ayer cuando Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado acerca de los auditores de los estados nombrados a modo, no se quiso meter en problemas.
Sólo aceptó que se han presentado situaciones en diversos estados, pero hasta ahí.
Pudo haberse referido sin preocupación alguna al caso de Chihuahua, con Héctor Acosta colocado como un alfil cómodo del gobernador, bajo un presupuesto anual millonario. Pero no lo hizo.
López Obrador contrario a Corral no tiene una de sus gentes directas en la Auditoría Superior de la Federación (ASF). David Colmenares viene de un nombramiento del Congreso en la anterior legislatura, en 2018, casi con 400 votos.
Pero nos dicen que la Auditoría ahora sí esta haciendo la chamba. La orden en la ASF es apresurar todos los trámites sin dilación alguna.
Esperemos que esa misma celeridad se le dé en la ASE a los asuntos donde hay funcionarios de la actual administración involucrados, entre ellos Salud con los famosos bonos y contratos directos de compras millonarias de medicamentos.
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El independiente alcalde de Parral, Alfredo Lozoya, participó en el Instituto Tecnológico Autónomo de México en una interesante mesa de debate a la que fueron convocados actores políticos que han atravesado el espinoso camino de la reelección.
Dentro del “Seminario de Estrategia Gubernamental. Anticiparse a la crisis”, que comenzó ayer en el ITAM-Santa Teresa, en la capital del país, Lozoya abordó “La crisis de la reelección”, en una mesa coordinada por Gisela Hanna Rubach, la estratega política más reconocida en América Latina, con más de 300 campañas electorales en México, Centro y Sudamérica y la primera mujer miembro del salón de la fama de los Reed Latino en 2016.
Junto al “Caballo” Lozoya participaron el senador guanajuatense José Erandi Bermúdez, el presidente municipal Enrique Vargas del Villar, de Huixquilucan, Estado de México, que ya quisiera ser como Parral; además de otro alcalde mexiquense, Juan Hugo de la Rosa, de Nezahualcóyotl.