Opinion

-La 550 de Vialidad infracciona... sin luces

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GPS / Columna
martes, 22 octubre 2019 | 05:00

-A punta de pifias quieren regular publicidad

-¿Es una pregunta o varias en eso del plebiscito?

-Parece que habrá enroque Inés-Herrera


En el colmo de las incongruencias, la patrulla 550 de la Policía Vial, con placas oficiales T-08-633, circula de noche sin una luz frontal.

El agente que maneja la patrulla caza incautos por el periférico Vicente Lombardo Toledano, el bulevar Juan Pablo II, la avenida 20 Noviembre, la Juárez, el canal del Chuvíscar y otras grandes vialidades por las que circula sin preocupación alguna.

El último reporte de la unidad es del domingo pasado por la noche, observada por un céntrico sector obligando a un conductor a detenerse por sabrá Dios cuál motivo.

Fuera un simple mortal el que usara la patrulla no andaría tan tranquilo sin una luz en su vehículo, pues sobran agentes viales deseosos de imponer una multa por la infracción o de ganarse unos cuantos pesos a cambio de no imponerla.

Por eso es obligada la pregunta: ¿con qué calidad moral un agente vial impone sanciones a conductores que violan la Ley de Tránsito, si él está haciendo lo mismo?

Pero fuera de cualquier cuestionamiento teórico o moral sobre la conducta del agente, también hay dudas prácticas sobre los superiores del elemento.

¿No hay controles para impedir que circulen patrullas sin luces? ¿No hay un área a cargo de su mantenimiento? ¿No razonan los jefes del patrullero sobre la mala imagen que proyectan a la ciudadanía?

Mala señal que hay supuestas unidades nuevas adquiridas por la Comisión Estatal de Seguridad, pero no se notan en las calles, las que se ven son las que dan lástima o generan suspicacias de los automovilistas.


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En el Congreso del Estado se les ha hecho bolas el engrudo con la iniciativa de ley en materia de publicidad, aquella que con un oso monumental envió el Ejecutivo estatal y que trató de corregir mediante lo que denominó un “alcance” en junio del año pasado.

Ahora vuelven de nuevo a caer en la pifia al convocar a un foro de difusión con periodistas y representantes de medios de comunicación, pero como quien organiza cualquier evento sin trascendencia jurídica.

No es un foro de discusión, sino una simple reunión para difundir la ley, sin procedimiento alguno de integración de mesas para un análisis profundo o algún otro mecanismo de participación. Carece de seriedad hasta el momento. Sólo están pidiendo que se entreguen propuestas por escrito o por medio de correo electrónico.

Pero da la casualidad que la invitación es como para un evento social, sin establecer qué va a pasar con dichas propuestas, van a ser tomadas en cuenta o sólo serán para legitimar la iniciativa enviada por el gobernador.

Ya se les olvidó que sigue teniendo lagunas. Es un instrumento de presión y control de los medios a través de la publicidad, al establecer obligaciones diferenciadas de las que ya existen en la ley general, que es de aplicación en Chihuahua y en todo el país.

No establece obligaciones para el gobierno estatal en materia de comunicación social, aspecto que debe ser regulado a la par de la publicidad, porque tiene que ver con el abuso y la discrecionalidad en el manejo de mensajes e información.

Falta un criterio de ponderación para medios comunitarios, sociales o culturales, que en un régimen de equidad deberían también recibir apoyo publicitario.

Existe en realidad una ausencia de información y presencia del gobierno estatal, que se ha limitado al bodrio Cambio 16, ahora únicamente en su versión digital y al segmento en radio denominado Puntualizando, que no cubren ni mínimamente el mercado de audiencia meta para sus programas.

Más allá inclusive, es omiso el Ejecutivo estatal incluso con el derecho a la información, paradójicamente, una vía de consolidación del proyecto de imagen institucional, de la cual carece el Nuevo Amanecer de principio a fin.


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Existe de fondo un pequeñito detalle en el plebiscito autorizado por el Instituto Estatal Electoral (IEE) y que en domingo, a una hora muy incómoda en la penumbra de la noche, fue finalmente definido en todos sus detalles con plan, calendario y convocatorias diversas.

El elemento que se presta a confusión, por su ambigüedad y multiplicidad de premisas o posiciones, es la pregunta planteada, que no pudo convencer del todo desde su primera autorización y que al leerla de nuevo en el acuerdo nocturno adoptado el fin de semana, abona aún más a la incertidumbre, por su construcción errática.

Dice la pregunta: ¿Estás a favor del acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Chihuahua? 

-Primera proposición- el 26 de abril del 2019. Segunda proposición, innecesaria-, denominada “Iluminemos Chihuahua”. Tercera también innecesaria- que autoriza. Nueva pregunta, la cuarta- concesionar (término técnico no común para el grueso de la comunidad) la prestación del Servicio de Alumbrado Público del Municipio de Chihuahua, quinta propuesta; por un máximo de 15 años, la sexta.

Luego entonces, la pregunta estaría violentando flagrantemente la misma ley de participación, que exige que se pueda contestar con un sí o con un no. Estarían los ciudadanos diciendo ¿sí a la propuesta, pero no a los quince años?

Se pone atención en la pregunta del mecanismo de contratación, pero no se somete para aprobación la finalidad última del proyecto que es modernizar el alumbrado público.

Hay otros aspectos en los cuales deberá ponerse cuidado. Por ejemplo, habrá resultados hasta tres días después, lo cual se presta a naturales suspicacias. No encontramos por ningún lado del acuerdo una especie de programa de resultados preliminares ni tampoco un plan de difusión.

Deberán estar los interesados metidos hasta el tuétano si no quieren sorpresas de último momento, en un sistema electrónico que jamás ha sido utilizado en un ejercicio de esta naturaleza.


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Se conduele la Fiscalía General del Estado del atroz crimen del activista Cruz Soto Caraveo, asesinado brutalmente en una brecha en el municipio de Guazapares, cuando debió brindarle la seguridad para que tal suceso lamentable no ocurriera.

Tenía Cruz Soto un par de años que abandonó sus parcelas porque miembros del crimen organizado tomaron sus tierras para sembrar estupefacientes, en la más completa impunidad, gracias a la política de omisión e incapacidad estatal.

Es la pesadilla de la familia Soto una tragedia que no concluye con el homicidio de Cruz, sino que apenas empieza. Debe la autoridad estatal garantizar la seguridad de ellos sin ningún tipo de retardo, igual que la de cientos y miles de familias que viven en el abandono en la zona serrana.

Sabía la Fiscalía de las amenazas continuas que sufría el activista y pese a ello no hizo nada para preservar su vida.


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Huele a rotación en el gabinete del gobernador, Javier Corral. Ayer estuvieron juntas en la secretaría particular la titular de Trabajo y Previsión Social, Ana Luisa Herrera Laso; y la directora del Registro Civil, la parralense Inés Martínez.

Desde hace mucho tiempo corren los rumores sobre incomodidad de Corral con el trabajo insuficiente de Herrera pero hasta los últimos días hubo certeza entre los conocedores de Palacio sobre un cambio en su área.

Es posible que la decisión finalmente haya sido tomada y muy pronto nos hallemos al menos frente a un enroque donde Herrera sea bajada de rango al Registro Civil e Inés ascendida a secretaria. Tiene bastante lógica, la de Parral ha demostrado gran capacidad y buena actitud como servidora pública.