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GPS Columna
miércoles, 15 marzo 2023 | 05:00-Suban el piano… así con los semáforos
-La agredida es coordinadora de enseñanza del Hospital General
-Días turbulentos para sector salud
Si la Zona Vien (sic) en el centro de Chihuahua era peor que La Mansión, de Ciudad Juárez, no queremos imaginar las orgías de alcohol, drogas, prostitución y pleitos que hubo acá las 24/7.
Por algo la Zona Vien tenía su alias. No era conocido con ese nombre. Era ubicado con el mote preciso a su fama entre sus clientes, La Alcantarilla.
Policías que conocieron bien el antro ubicado en la exzona dorada, entre la Juárez y Colón, y que sabían bien en Juárez sobre la existencia de La Mansión, aseguran que este era una estancia infantil comparado con el de Chihuahua.
Así nomás de entrada, durante varios años “La Alcantarilla” fue operado tras bambalinas por su real propietario internado en el Cereso estatal 1, el de Aquiles Serdán, que a la vez ha sido identificado como integrante de buena jerarquía en uno de los cárteles delictivos locales.
Eso dimensiona el grado de complicidades y de súper mercado de drogas, alcohol y trata de blancas que tenía convertido a la Zona Vien en “La Alcantarilla”.
Hubieran cerrado los policías la Catedral por sus cantos religiosos “ruidosos” antes que ese antro hasta que fue imposible sostener la situación y les cayó Gobernación estatal.
El presidente municipal, Marco Bonilla, también ya estaba muy mortificado por tantísima queja.
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Desde que llegó al puesto como cabeza el médico fuereño Felipe Sandoval Magallanes estaba incómodo con la posición ofrecida en la Secretaría de Salud, pese a la distinción que representaba. Algo no le gustaba, tardó muy buen rato en aclimatarse sin lograrlo plenamente, fueron continuos sus desplantes e indolencias, como ayer quedó patente en el fulminante comunicado oficial.
La noticia cayó como agua fría en el resto del gabinete. Hay mano firme en el timón, que no quede duda. Hay capacidad de tomar decisiones por rudas que parezcan sin compromiso más que la efectividad del resultado.
Va Gilberto Baeza por el interinato en sustitución del secretario Sandoval a donde brincó desde la responsabilidad administrativa de Ichisal.
Tendrá que estar a la altura. No hay precedente de lo sucedido en términos de cómo ocurrió.
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En el periférico Vicente Lombardo Toledano y calle Sierra Magistral, la entrada a Rinconada Los Nogales de un lado y Sierra Azul del otro, fueron colocados de nuevo los semáforos vehiculares que meses atrás habían sido retirados por los encargados de Ingeniería Vial.
La medida de quitarlos había sido aplaudida por automovilistas que vieron despejada la vía principal, pero rechazado por los vecinos que utilizan la vía secundaria.
Además de la polémica suscitada, de la que dimos cuenta en GPS hace algunas semanas, varios choques en unos cuantos días hicieron que el problema fuera analizado de nuevo. Y como el dicho de “suban el piano, bajen el piano…”, así debieron hacerle los duchos ingenieros de las vialidades urbanas en Chihuahua.
Es justo decir, según el reporte de los afectados, una vez publicada la problemática en este espacio, la Policía Vial envió una patrulla en la hora pico de la mañana y otra en la hora pico de la tarde. Esa fue la respuesta a los señalamientos vertidos.
Lejos de ayudar, la presencia de patrullas confundió más a los automovilistas, que generaban congestionamientos tan solo por observar las patrullas con torretas encendidas; el colmo fue que ni con eso pudieron evitarse los choques, la mayoría leves, pero uno sí más grave con heridos y daños considerables en los vehículos involucrados.
Así, la plausible medida de retirar semáforos para mejorar la circulación debió irse de reversa, para instalar los semáforos nuevamente y acabar con las confusiones.
El retiro, como ya se dijo, es beneficioso si además de planearse, se difunde de manera adecuada, se socializa entre la población afectada y se instala la señalización correcta. El gran problema es que se quitaron los semáforos y nadie informó del plan ni los resultados esperados, menos de las medidas a tomar por los automovilistas.
Ojalá que el desarrollo para comunicar de forma eficiente alcance a los ingenieros viales, así como la mancha urbana alcanza cada vez más las orillas de la ciudad.
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Gran indignación causó en el personal de enfermería del estado el maltrato físico que sufrió la enfermera, Marta Magdalena Sánchez Barrón, a manos del cirujano plástico energúmeno, Manuel Enrique Guzmán García.
El video circuló profusamente por los pasillos del Hospital General, donde se desempeña Martha Magdalena desde hace varias décadas. Nos dicen que ha logrado reconocimiento y cariño del resto del personal.
Ella es nada menos que Coordinadora de Enseñanza e Investigación de dicho nosocomio dependiente de los Servicios de Salud de Chihuahua.
Verla empujada y lanzada al exterior de la Unidad de Cirugía Ambulatoria localizada en la Colonia San Felipe, molestó al personal de la institución.
Tiene ella a su cargo a decenas de enfermeras y enfermeros que todos los días, todo el año, están al pie del cañón atendiendo las necesidades de los pacientes y algo muy importante, preparan al nuevo personal en términos técnicos y éticos.
Si alguien sabe cuándo es necesaria una atención inmediata de un médico es ella, por su larga trayectoria.
Por eso cuando llega a la Unidad de Cirugía Ambulatoria, donde despacha el furias Guzmán, exigió la atención inmediata para evitar que empeorara el cuadro clínico que presentaba su familiar o amiga.
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Los últimos días han sido turbulentos para el sector salud por distintas razones, pero en todos los casos surge la duda sobre quién es responsable de supervisar y proteger a las personas integrantes del gremio.
El pasado 6 de marzo el menor I. O. M. M., de apenas 14 años, fue “levantado” del Hospital Misión Tarahumara en la comunidad de Samachique, Guachochi, a donde llegó para ser atendido de una herida de arma de fuego en un pie. El cuerpo del pequeño fue encontrado en el tramo carretero Guachochi-Yoquivo, dos días después de haber sido sacado del nosocomio impunemente.
El adolescente estaba registrado como hijo de Ramón M. L., de 48 años, quien fue abatido el 20 de octubre de 2022 en un enfrentamiento armado entre miembros de los grupos de Melquiades D. M., alias el “El 13” o “Chapo Calín”, y de Reyes C. G., alias “El Reyes”, ambos pertenecientes al Cártel de Sinaloa
También en Guachochi, pero en la comunidad de Santa Ana, fueron asesinados el joven enfermero del IMSS, Adriel Anselmo Leyva y su padre, Anselmo Leyva, cuyos cadáveres fueron abandonados en las letras de bienvenida de la ciudad de Guachochi.
En estos dos casos, es clara la intervención de la delincuencia organizada que persiste en aquella región y que no se limita a enfrentamientos entre delincuentes o policías, sino que golpea a la población civil y al gremio de trabajadores de la salud.
Estos hechos ponen de manifiesto que allá en la sierra no hay garantías para quienes trabajan en centros de salud y hospitales. Como si nada, sujetos armados pueden ingresar a los nosocomios y sustraer personas.
En la capital, el cirujano plástico Manuel Enrique Guzmán García protagonizó una agresión en contra de una enfermera que exigía atención oportuna a una familiar que había sido operada por el médico en su clínica, Unidad de Cirugía Ambulatoria. Todo quedó documentado en un video difundido en medios y redes sociales.
Hay condena generalizada, pero al tratarse de una clínica privada, poca intervención tienen los órganos públicos; la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico sólo puede actuar si la paciente presenta queja por mala práctica médica y la Fiscalía requiere la denuncia por lesiones de la enfermera agredida, aunque ante la evidencia de la grabación, nos preguntamos si puede iniciar una investigación de oficio. Tal vez Coespris pueda caer de sorpresa a ver cómo anda la clínica, en sus documentos y funcionamiento. Habría que echar un vistazo al quirófano.
Para rematar, ayer explotó un tanque de gas dentro de una vivienda habilitada como consultorio dental, el cual dejó a cinco personas heridas, mismas que tuvieron que ser rescatadas entre los escombros.
La regulación de los tanques de gas es nula, pero debería, al menos, haber mayor atención por parte de Protección Civil, tratándose de un espacio acondicionado para brindar atención dental a la población que, necesariamente, debe estar regulado por las autoridades.