Opinion

-La ejecución con sello de cárteles

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GPS / Columna

miércoles, 07 septiembre 2022 | 05:00

-Esperan “tóxicos” sacudida tras pandemia 

-Continúa desabasto en salud mental

-Cena con asesores en torre Santa Fe

 

La ejecución del policía primero, Arturo Hernández, “El Chicury”, ha mostrado todas las características de un ajuste relacionado con el crimen organizado, sea de un bando o sea del otro; sea Cártel de Juárez o sea del Cártel de Sinaloa.

Han sostenido el alcalde, Marco Bonilla; y el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, que el asesinato no fue dirigido contra la corporación policiaca municipal.

Efectivamente, las señales no son de ataque institucional pero sí surgido desde la delincuencia organizada. La sorpresiva forma de la agresión, las armas de alto poder utilizadas, el vehículo perteneciente a una persona fallecida hace años, etc.

En la ciudad operan esos dos grandes cárteles mencionados con influencia enorme al interior de las corporaciones de seguridad. Uno de los grupos, el de Sinaloa, atraviesa por un ajuste interno entre varios de sus jefes que operan desde el Cereso de Aquiles Serdán contra otros que permanecen en libertad.

Las autoridades investigadores correspondientes podrán saber muy pronto, si no es que ya lo saben, cuál de las tres organizaciones podría estar atrás del homicidio y porqué razones.

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La pandemia disminuida y casi superada sería la antesala de otra sacudida en la Secretaría de Salud, donde el foráneo Felipe Sandoval Magallanes ha estado bajo fuego casi desde que llegó en septiembre del año pasado a invitación de la gobernadora Maru Campos.

Esa sacudida que implica cambios de altos perfiles es lo que ha anticipado a sus cercanos el subsecretario de Salud, Luis Carlos Tarín Villamar, cabeza del grupito conocido como “los tóxicos” de la dependencia, quienes desde el inicio de la administración estatal han buscado con poco éxito acaparar posiciones de la enorme estructura que tiene ese ramo.

El doctor Tarín, debe recordarse, fue quien lideró las labores de transición en la dependencia que el exgobernador Javier Corral dejó en manos del no médico Eduardo Fernández, mejor conocido como “El Higadito”, cuyo papel deplorable sólo agravó la peor crisis sanitaria de la historia.

Por razones obvias, Tarín Villamar esperaba ser nombrado titular de Salud luego de la etapa de entrega-recepción, aunque todos los involucrados sabían que laborar en la transición no les garantizaba un lugar en la nómina pública.

Rebasó al médico, extitular del Instituto Municipal de Pensiones, el ahora secretario Sandoval, quien ha pasado la fase final de la pandemia entre los chismes de “los tóxicos” y la estructura heredada del corralato, dos lastrecillos no tan pesados, pero que a la larga sí cansan.

Eso ha impedido que, fuera de la estrategia Covid-19, la estructura de la secretaría no muestre los avances esperados en materia de nuevas inversiones y atención a la deteriorada capacidad que tienen los dos grandes brazos del sector: el federalizado Servicios Estatales de Salud (SES) y el estatal Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal).

Los chismes esparcidos entre el grupo del subsecretario contemplan cambios de titulares de las áreas más grandes y la llegada de nuevos perfiles a la Secretaría de Salud; desde luego que Tarín Villamar busca caerse para arriba y cerrarle el paso a cualquier otro médico que pueda hacerle sombra.

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Continúa el desabasto de medicamentos en el Hospital de Salud Mental en las últimas semanas. No es problema estatal, es federal, por omisión del Insabi.

Falta biperideno, haloperidol, olanzapina, risperidona, solo por mencionar algunos. 

El grito en el cielo lo dieron familiares de pacientes psiquiátricos al llegar por sus medicamentos al hospital de la Zootecnia no se los surtieron, ni en julio ni en agosto, y no se sabe cuándo llegarán. 

Los enlistados son fármacos clave para el control de la esquizofrenia, depresión, bipolaridad y otros padecimientos graves. 

Desde el pasado 28 de julio, Jesús –un paciente de dicho centro- debió recibir su medicamento completo pero su receta fue surtida parcialmente. Le informaron a su hermana que podía regresar el 28 de agosto, pero estamos a siete de septiembre y no se lo han surtido. 

Parientes de Jesús se dieron a la tarea de comprar el medicamento en farmacias particulares para que su estado no se agravara. Sin embargo aún se le “adeudan” dos cajas de biperideno y siete de haloperidol. 

En otro caso, Violeta enfrenta el desabasto de litio y olanzapina. Del primero no dan desde hace tres años; ella lo compra por su cuenta a 350 pesos genérico y mil 700 de patente, sólo cuando hay dinero. 

Otro medicamento faltante en el Hosame es risperidona; se usa para tratar los síntomas de esquizofrenia (una enfermedad mental que causa pensamientos perturbados o fuera de lo común, pérdida de interés en la vida y emociones intensas o inapropiadas) en adultos y adolescentes de 13 años en adelante. 

La necesidad de medicamentos para este tipo de padecimientos es cada vez mayor, ya que la pandemia, el aislamiento y las propias secuelas del virus, disparó sintomatologías. 

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Vecinos del sector de los Frailes y Panorámico han denunciado el negociazo que una serie de instructores deportivos tienen en el parque del lugar, debido a que cobran por las clases que imparten e impiden el uso de las instalaciones. 

Afirman que los “coaches” se han apoderado del parque de Los Frailes con el respaldo del Instituto Municipal del Deporte, sin embargo, no les han presentado ningún oficio que les autorice adueñarse de esta área de esparcimiento. 

Desde hace varias semanas los diversos instructores que imparten clases de aerobics, rumba, basquetbol, entre otras, se han repartido los horarios para hacer uso del parque y mientras ellos están, nadie más puede hacer uso del lugar. 

Esta situación ha generado la molestia de los vecinos que han visto cómo se les arrebató su área recreativa, sin que exista una autoridad que pueda poner orden. 

De por sí son pocos los espacios dignos para las familias chihuahuenses y resulta que los que existen han sido tomados por particulares para hacer su negocio.

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Se plantó el diputado Ismael Pérez Pavia con un sentido reclamo a la Guardia Nacional, para que dé respuesta a las acciones que se están realizando para proteger la integridad de las personas que circulan en sus vehículos en el tramo Lázaro Cárdenas-Carretera Chihuahua a Jiménez, que es de competencia federal.

Es ese entronque una auténtica ruleta rusa, no sabes cuándo o en qué momento puede salir alguien de repente y agredir. En aquel entonces cuando se presentó la moción, se hablaba cuando menos de seis incidentes con lesionados en lo que iba del año, hace un mes.

“La Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente a la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, reforzar las inspección, verificación y vigilancia en la carretera 45, en específico en el tramo que comprende de la comunidad seccional de Lázaro Cárdenas del municipio de Meoqui, Chihuahua en el kilómetro 166+700 del tramo carretero federal aludido”, es el contenido de la propuesta en aquel entonces presentada al pleno.

Pero ya en la discusión y los acuerdos, finalmente quedó como un llamado a misa, porque se acordó exhortar a los tres niveles de gobierno, acerca de esas acciones de inspección, verificación y vigilancia, cuando el estatal y el municipal ninguna vela tienen en el entierro por simple jurisdicción, competencia o como quiera llamársele.

Pues de la Guardia Nacional, hasta donde sabemos, no ha llegado respuesta. Quien contestó fue la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, mediante el oficio C-CS-453-2022, y ¿Qué fue lo que dijo?, que precisamente ese tramo “es competencia de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal”.

Comunica dicha secretaría estatal las acciones realizadas mediante recorridos, observaciones y recomendaciones así como el señalamiento vertical y horizontal en la zona de entronque hacia el poblado de Lázaro Cárdenas, que ayuda mucho…pero la vigilancia corresponde a la GN, cuya informe al respecto es silencio sepulcral.

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En los ecos del informe del Alcalde Marco Bonilla, hubo alguien que durante la sesión solemne de Cabildo aplicó la vieja confiable, de criticar a la administración municipal por el gasto en el área de comunicación.

Fue la regidora Elvira Villarreal, quien en su posicionamiento se quiso enarbolar en la bandera de la transparencia y rendición de cuentas con el presupuesto destinado para las campañas que debe difundir el Municipio para anunciar sus programas y servicios a la ciudadanía.

Villarreal quiso lanzar el dardo envenenado, pero bien dicen que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno… pero de algo había que hablar en los minutos que se asignaron para cada representante de las fracciones edilicias…

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El primer informe del presidente municipal, Marco Bonilla, fue coronado con encerrona-cena del edil, algunos líderes políticos de distintos partidos y la mayoría de sus asesores en materia de comunicación social, al menos una docena.

Hubo porras y aplausos para el alcalde en uno de los pisos de la Torre Santa Fe, ahí a unos pasos de la Garufa del Periférico de la Juventud.

El saldo para Bonilla Mendoza fue “enormemente” positivo, según los analistas de su círculo.  

Concluyeron que tuvo lustre el informe porque acudieron al evento la Gobernadora y varios de sus principales funcionarios, una gran cantidad de representantes de la sociedad civil, empresarios, líderes religiosos, etc; el informe fue sustancial en todas las materias y lo presentó con frescura y amenidad.