Opinion

-La ejecución de Villegas; el caso Chihuahua

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GPS / Dominical

domingo, 21 junio 2020 | 05:00

El homicidio del juez de Colima, con profundas raíces chihuahuenses, es un caso más que ha colmado y rebasado cualquier límite en el vaso de paciencia y tolerancia ciudadana.

El artero crimen del estimado y reconocido juez Uriel Villegas Ortiz es terrible realidad que golpea todos los días, con irrupción asesina de comandos o delincuentes solitarios, en viviendas, centros comerciales o vehículos. 

Es parte desafortunada del paisaje cotidiano. En Parral, como ejemplo, la impunidad es criminal. Otro periódico y sus periodistas fueron amenazados de muerte sin protección de autoridad alguna. La fatalidad amenaza en cualquier momento a la capital del mundo. Que conste.

El conteo de víctimas directas e indirectas no se detiene ante jueces, abogados, periodistas, empresarios. Son oficios de alto riesgo, involucrados todos en la operación de la justicia. Injustificable retirar la seguridad y no brindar garantías en esas prácticas profesionales.

La estela de crímenes considerados de alto impacto, baña al país entero; Chihuahua no es la excepción, no de ahorita, sino desde hace años, con las promesas de siempre de que el asunto será atendido, y las exclamaciones mil de reproche para justificar ineptitud. Pero no pasa nada.

La ineficacia es inocultable en el combate al crimen e impera en todos los niveles de autoridad. Ningún gobierno se salva del dictamen ciudadano, recogido por múltiples estudios oficiales y privados que son demoledores. No hay confianza.

En la época de la cuarta transformación no se salva ésta de una dura percepción basada en hechos reales, de que ha sido el gobierno rebasado por el crimen común y no se diga el organizado, que opera a sus anchas.

Si se ha criticado la laxitud en las acciones federales, con la liberación de Ovidio y la anti-estrategia de abrazos y no balazos, la administración corralista ha sido más que irresponsable.

La escalada ascendente de homicidios en Chihuahua es alarmante. No tiene precedente más que en las épocas de mayor violencia histórica hace diez años cuando se desataron los demonios.

Chihuahua en grandes extensiones territoriales ha sido cooptada por la delincuencia. Municipios pequeños y medianos donde las policías municipales fueron desplazadas están en foco rojo. Hay carreteras y territorios intransitables.

Los ayuntamientos dan la pelea a través de sus corporaciones municipales, en términos de una coordinación muy complicada, basada en la desconfianza de una policía estatal desarticulada que no aterriza más que en el discurso la famosa inteligencia, bañada en corrupción e impunidad (sólo espían a políticos y periodistas). La detención obligada, meses después de protección, de una decena de elementos en Juárez por robo descarado e imputaciones de homicidio, son evidencia de ello.

Los números de homicidios simples y dolosos son de terror. Las historias de asesinatos también. 

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Se ubica en Ciudad Juárez el nacimiento de Uriel Villegas Ortiz, hijo del prestigiado abogado chihuahuense, de esta capital, Uriel Villegas Rascón, quien incluso es recordado como expresidente de la sociedad de alumnos de la Facultad de Derecho de la Autónoma de Chihuahua (UACH).

Su abuelo, Uriel Villegas Ronquillo, goza de gran estima. Le es reconocida actividad política y editorial a través de la impresión de periódicos que forman parte de la libre expresión histórica, como La Voz de Chihuahua y El Martillo, este último editado en la época de Oscar Flores. Algunos de los articulistas, periodistas empíricos que lo hacían posible, aún viven.

Construyó Uriel a través de sus ascendientes buena fama y reconocimiento, que acrecentó en su desarrollo profesional en Sonora, donde logró el título de abogado. En la judicatura federal era respetado y querido. Tenían buen trato.

El crimen que le cegó la vida junto con su esposa Verónica Barajas en Colima, frente a sus dos hijas, carece de mayor explicación que las sentencias emitidas contra cabezas del crimen organizado, entre ellas del hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Se exculpa el gobierno federal de no otorgar escolta ni vehículo blindado por renuncia expresa del Juez Villegas a ese beneficio, pero hay una trama contradictoria en fechas de oficios, y más que todo, la ausencia de lógica cuando Colima es base de dicho grupo criminal.

El homicidio ocurrió en plena luz del día, a las once de la mañana. Entraron a la casa y los masacraron impunemente.

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Desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado de la República, en el mismo palacio de gobierno estatal, se escuchó el rasgar de vestiduras, condenando el infame crimen.

Corral lo hizo junto con sus colegas gobernadores panistas en Guanajuato, a donde se trasladó en jet privado con matrícula norteamericana de su amigo Ismael Rodríguez, y rodeados de intenso operativo de seguridad. Exigieron con voz sonora inmediato castigo por el homicidio. Cinismo y demagogia.

Discurso nomás para la foto. En la entidad han sido asesinados decenas de abogados, incluso jueces, crímenes que en su mayoría continúan sin resolverse.

Hace siete años, en Valle de Allende, los asesinos entraron hasta el despacho mismo del juzgado mixto menor y ultimaron a su titular José Arrieta Mendoza. Hace quince años en Jiménez la defensora adscrita al juzgado penal, Mónica Gómez, fue encontrada sin vida y con múltiples impactos de bala en su vehículo.

Han sido asesinados impunemente Miguel Etzel Maldonado, Ernesto Rábago, Ernesto Rascón, Pedro Aragonés, César Cordero; el año pasado, Marco Gloria Ruvalcaba, incontables abogados, por el ejercicio de su profesión.

Los asesinos intelectuales de Miroslava siguen libres y gozando de todo tipo de protección. El único detenido ha logrado frenar la individualización de la sentencia. Algunos involucrados fueron convertidos mágicamente en testigos y aún cobran en la nómina estatal.

Los policías estatales y municipales han sido asesinados por decenas. Ni los jefes policíacos se salvan. Hay en la entidad más de 100 ataques a corporaciones estatales en lo que va de la administración federal actual.

No se diga lo que está ocurriendo con los ciudadanos. Son más de ocho mil los homicidios acontecidos desde que Corral tomó protesta. Este año vamos en ochocientos y antes de que termine el mes llegaremos a los mil asesinatos.

Del año pasado a la fecha, el aumento en este tipo de delitos es imparable. Si en abril del 2019 ocurrieron 174 homicidios dolosos, en abril del 2020, un año después, la cifra es de 221, un aumento del 20 por ciento, inaudito y sólo explicable por desinterés y el descuido con el que es manejada la seguridad.

Por eso no es extraño el dato de la última encuesta nacional de seguridad pública urbana de INEGI. Siete de cada 10 ciudadanos se sienten inseguros. La mitad ha tenido que cambiar su estilo de vida por temor. 5 de cada diez no confía en la policía estatal.

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Por desgracia, lo ocurrido con Uriel Villegas en aquellas latitudes es realidad cotidiana en Chihuahua.

Corral empezó su gobierno con un discurso agresivo y terminante. Hizo aplaudir a rabiar a los asistentes a su toma de protesta en 2016. Por fin se avizoraba un cambio.

Pero sólo eran palabras vanas y demagógicas. Aires de suficiencia con estilo parlamentario, sin sustento real.

Amenazó a “El 80” dándole 72 horas para que se retirara de suelo chihuahuense. Ahora no lo menciona ni en sueños aunque haya sido detenido.

Van cuatro años de cesión completa en materia de seguridad. La derrota es palpable en la lucha contra el crimen.

La estrategia es que no hay estrategia. Del sombrero salió como liebre una Secretaría de Seguridad, más burocracia y gasto, cuando lo que se requería era un golpe de timón en mandos medios y altos desde el principio y no sólo para congratularse con un modelo nacional.

Los números, estadísticas, casos, están ahí. Son irrefutables. Ha faltado liderazgo real y comprometido. Hay una especie de gerencia que sólo administra para que transcurra el tiempo, no interesa el fracaso, mientras goza a placer de las mieles del poder.