Opinion

-‘La Golondrina’ defendida por el hermano

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GPS Columna

martes, 08 noviembre 2022 | 05:00

-Protegen a ‘El Chueco’ por amenazas

-Ofrecen plazas de maestros a 50 mil pesos

-La mano izquierda de Myriam Hernández

Algo que no calculaban los detractores de la obra teatral La Golondrina y su Príncipe, era que Rafael Espino saliera en defensa de su hermano, pero era inevitable, la sangre llama.

Tenía que brincar ante lo que llamó “insidias e intrigas” de las que ha sido objeto Alberto, el productor y director de la mencionada representación.

No quiso en sus aseveraciones referirse por su nombre a Javier Corral o Juan Carlos Loera, y sus corifeos, evadió las insistentes preguntas de Juan Enrique López, en su programa de radio, pero se refirió a “intereses oscuros”, gente que no sabe ni lo que dice.

Se trata –dijo- de una obra creada por un artista chihuahuense que no nació ayer, y que es expresión de las diversas bellas artes, canto, música, danza, teatro.

Urgió el actual senador por Morena, a que se enteren quienes critican la obra, el beneficio social que genera en miles de chihuahuenses que podrán acceder al espectáculo.

La breve intervención telefónica del Senador caló hondo en las filas morenistas, desde donde le han dado cuerda entre otros al “El Cochiloco”, el juarense Joaquín Cossio.

Para Espino, la crítica a la obra debe ser con elementos objetivos, y no sólo con el afán de generar daño y hacer politiquería.

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Indudablemente debe haber filtraciones en los equipos de la Fiscalía Estatal, Guardia Nacional y demás corporaciones que buscan en la región serrana a Noriel Portillo, alias “El Chueco”, acusado de dar muerte a un guía de turistas y dos sacerdotes jesuitas el pasado mes de junio, entre muchas otras atrocidades.

La última fuga del criminal más buscado de la Sierra Tarahumara exhibe con mayor claridad esos fallos en el manejo de la información confidencial dentro de las dependencias que tienen encargada su captura, pues “El Chueco” estuvo a unos minutos de caer junto con uno de sus más cercanos ayudantes, pero logró irse antes de ser cercado. Antes de eso fue visto tranquilamente en los bailes de independencia celebrados en Guazapares.

Sin embargo, no son sólo las posibles filtraciones las que han llevado a sonoros fracasos de las autoridades en los operativos especiales realizados para atraparlo, sino también las decenas o cientos de personas amenazadas por el grupo criminal que sigue activo en la región.

La gente de Cerocahui, San Rafael, Bahuichivo, Cuiteco y otras poblaciones de Urique y municipios vecinos, no habla por el temor a que Portillo pueda enterarse que alguien dio información, brindándole de esta forma protección al líder criminal.

“El Chueco”, en tanto, contrario a las corporaciones tiene más acceso a datos que le proporciona la propia población sobre movimientos que realizan las autoridades en la búsqueda que ya tiene más de cuatro meses por toda la extensa región que domina.

Eso lo saben los pobladores porque los integrantes del grupo de Portillo mantienen sus actividades y le reportan a superiores que a su vez deben mantener bien protegido y mejor informado a su patrón. 

Así que mientras no haya garantías de que las autoridades no sólo quieren al “Chueco” sino restaurar el Estado de Derecho, difícilmente van a poder echarle el guante en alguno de esos operativos que siempre acaban con resultados diferentes a los deseados.

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En la dirigencia de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), hay alerta por la supuesta venta de plazas para maestros que pretenden achacarle al secretario general, Manuel Quiroz Carbajal, quien sigue estrenándose en el cargo al que llegó de forma sorpresiva.

Desde hace días, en oficinas públicas y entre familiares de los profesores del subsistema estatal de educación han corrido versiones de que Quiroz ofrece vacantes permanentes con todos los beneficios laborales de los maestros, que, aunque han disminuido con los años, no dejan de ser atractivos.

Supuestamente el dirigente magisterial pide una retribución de entre 20 mil y 50 mil pesos por plaza disponible, oferta tentadora en la que varios han caído ante lo complejo que resulta el proceso para acomodarse en la estructura magisterial.

Sin embargo, no es Quiroz ni nadie de su equipo los que están detrás de dicha oferta ilegal de plazas; posiblemente son los rivales políticos del secretario quienes, desde abril de este año que ganó la dirigencia, no han dejado de lado los intentos de boicotearlo.

Ante la ola de versiones de la venta de plazas, la Sección 42 debió poner a correr, vía correo electrónico, WhatsApp e impresiones en los centros de trabajo, anuncios oficiales que denuncian esta situación irregular que es común en muchos sindicatos. El SNTE, desde luego, también está expuesto.

El Comité Ejecutivo Seccional que encabeza Quiroz advierte (imagen en versión digital de GPS) que es un tipo de extorsión que debe denunciarse, porque nadie de la Sección 42 puede pedir dinero a cambio de cualquier gestión o trámite. Menos puede garantizar una plaza laboral por cualquier monto.

A ver si con eso se aplacan un tiempo los grupos políticos magisteriales que siguen apostándole al fracaso de la todavía nueva dirigencia.

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Hay una especie de laguna en por qué la fotografía de Rodolfo Acosta Muñoz y la de su antecesor, José Chávez Aragón,  jamás obraron colgadas en la sala de expresidentes del Tribunal Superior de Justicia, antes Supremo Tribunal de Justicia.

Podemos especular simplemente que hubo fricciones y prisas naturales, pero donde no tenemos duda alguna es en la ausencia de fotografía de José Miguel Salcido.

La historia de dicho abogado en la presidencia fue accidentada en el último momento, cuando de repente fue llamado a ocupar la Secretaría de Educación con César Duarte, y luego intentó fallidamente regresar.

De la forma en que hubiera ocurrido, ayer, con mano izquierda, en el 197 aniversario del Poder Judicial, la presidenta Myriam Hernández los reunió a los tres para presenciar la develación de su foto en el muro de expresidentes.

Hubo tanta habilidad de la magistrada presidenta, que con la presencia de la gobernadora Maru Campos y la representación del Congreso en Margarita Blackaller, se lució entregando reconocimientos a los magistrados en retiro Gabriel Armando Ruiz Gámez, Delia Holguín López, Otilia Flores Anguiano, Juan Rodríguez Zubiate, Miguel Ángel Molina Miranda, Juan Carlos Carrasco Borunda y Marco Emiliano Anchondo Paredes.

Inclusive estaba en lista el corralista Julio César Jiménez Castro, a quien se consideró pero no acudió.

Rodolfo Acosta –con su peculiar buen humor- José Chávez y el mismo José Miguel Salcido, se lucieron en corto con la gobernadora. Abrazo, beso y platicadita.

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El detalle del magistrado Julio César Jiménez Castro merece comentario aparte. 

El expresidente del TSJ carga consigo la sombra del corralato que intentó imponer sus intereses en el Poder Judicial y cuya gestión representó el periodo más oscuro para el Tribunal. 

Su mismo nombramiento fue un atropello a la autonomía del órgano jurisdiccional, acreditado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró la inconstitucionalidad del artículo transitorio que ordenaba la terminación de la presidencia de Gabriel Sepúlveda para convocar a nuevas elecciones en las que fue electo por orden de Corral. 

Ni qué decir de la protección que se le brindó a Luz Estela Castro, consejera de la Judicatura Estatal, que llegó al TSJ a colocar sus intereses y allegados a diestra y siniestra, y la persecución que auspicio contra dos de sus propios compañeros, Sepúlveda y Jorge Ramírez. 

Extraña entonces que Jiménez Castro no fuera dejado fuera de la lista de exfuncionarios judiciales reconocidos por su trabajo dentro de la institución por esos oscuros antecedentes, situación explicable sólo en ese colmillo que ha venido construyendo la magistrada presidenta.

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El Instituto Nacional de Antropología e Historia tendrá que reconsiderar algunos de sus lineamientos respecto a los inmuebles en riesgo de derrumbe en la zona centro de la ciudad.

Se aferran a cuidar fincas de piedras viejas y deterioradas, que ponen en riesgo a quienes pasan o personas en situación de calle que se introducen en ellas para vivir, pero poco hace el INAH para que se conserven en buenas condiciones.

Justo sucedió este lunes, que una vivienda antigua se vino abajo. El Municipio había solicitado ya el permiso con anterioridad para proceder a su derrumbe y evitar un accidente, pero les fue negado.

Así sucede con 60 inmuebles en pésimas condiciones y el INAH no hace más que dar negativas para su demolición, prefieren verlas caer por sí solas.