Opinion

-¿La intención es matar o alcanzar justicia?

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GPS / Dominical

domingo, 30 agosto 2020 | 05:00

Tuvo que morir un procesado de los expedientes X, José Lázaro Joaquín López Ramírez, y junto con él una decena de reos más, para que se destapara la cloaca existente en los centros penitenciarios, y que hoy se agudiza por negligencia en tiempos de Covid.

Hubo resistencia férrea desde un principio. La administración de los penales combatió desde marzo a los imputados que intentaron amparos para exigir medidas cautelares benignas para evitar el contagio.

Parecía más una obsesión, una instrucción de poder con fines políticos, en términos llanos una consigna, que un celo profesional del Ministerio Público. Corretearon esas demandas por los pasillos de juzgados federales, oponiéndose a lo humanamente exigible.

Sus argucias fueron finalmente superadas. Sin ningún otro elemento, más que la insistencia mediante las mismas promociones judiciales, fundando y motivando sus demandas, los internos Marcelo González Tachiquín, Alejandro Villarreal y Jesús Manuel Esparza, fueron liberados sorpresivamente el viernes, por un juez que les impuso la prisión domiciliaria con brazalete electrónico. 

Muy lejos está de ser una concesión graciosa. Hubo que hacer escándalo, enviar cartas personales en redes sociales exponiendo con crudeza lo que se estaba sufriendo dentro del centro penitenciario.

Hay violación constante y flagrante a los derechos de los reclusos, tutelados por los ordenamientos jurídicos internos en el país y convencionales en el ámbito internacional, que los coloca en grave riesgo de muerte.

Durante meses valió más la persecución política en contra de los indeseables cómplices del exgobernador Duarte, pese a que habían acreditado y garantizado su sujeción al proceso por los delitos que se les acusa.

Ahora con esta decisión incongruente con la postura draconiana inicial, de impedir a toda costa su salida, se actualiza la injusticia cometida, ya no sólo en relación con este grupo de imputados, sino en contra de centenares de reclusos que podrían y deberían ser beneficiarios de las mismas medidas benignas para sustraerlos del contagio, al cual parecen condenados irremediablemente. 

No tienen esa inmensa mayoría de reos la misma visibilidad mediática y recursos económicos para contratar prominentes despachos de abogados, y por ello son revictimizados impunemente, al ser sometidos a las precarias e inocultables condiciones de los centros penitenciarios estatales, especialmente en el de Aquiles Serdán.

La sobrepoblación es una condición que coloca en muy peligrosa exposición a todos los internos y al mismo personal, cientos de custodios y personal administrativo. El Cereso 1 tiene más de 650 reclusos sobre su capacidad de 2040, con datos al 2019.

Las irregularidades, consignadas en los diagnósticos realizados tanto por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como por organizaciones de derechos humanos, se ocultan o son minimizadas. 

Lo hizo Nora Balderrama, la subsecretaria del sistema penitenciario, para tratar de expiar culpas ante la incapacidad y negligencia. Sus argumentos caen por sí solos.

La constante son las medias verdades. Ante la decadencia del sistema penitenciario, no es posible enfrentar a la opinión pública, ni a los familiares de los internos.

Los brotes del Covid han sido hasta el momento, de lo poco que se conoce, tres y han provocado casi dos centenares de contagios y una decena de muertes. La de Joaquín sólo es una de ellas.

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José Lázaro Joaquín López Ramírez, exdirector del Fideicomiso para Fomentar las Actividades Productivas del Estado de Chihuahua, fue detenido por peculado agravado en 2018.

Hace unas semanas solicitó la prueba Covid porque se sentía muy mal, pero le fue negada. Debió ser internado primero en el intento de hospital que existe dentro del centro penitenciario de Aquiles Serdán y luego trasladado al Hospital Central, donde finalmente se aplicó la prueba, arrancada a fuerzas sólo mediante un amparo.

Sin resultados aún que confirmaran Covid, empezó a ser tratado en relación con la enfermedad, pero su cuadro de comorbilidades se agravó y derivó en su muerte.

Pasaron casi tres semanas en ese drama humano antes de que las autoridades penitenciarias actuaran.

En el colmo, pese a que el acta de defunción señalaba como causa Covid, la cremación intentó ser detenida por el Ministerio Público.

 La persecución llegó hasta ahí. Carnita apetecible para organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.

Los hechos indudablemente provocaron ahora sí alarma por la responsabilidad personal y oficial en que estaban incurriendo los funcionarios.

Por ello, de madrugada el viernes ocurrieron dos liberaciones y por la tarde una más. González, Villarreal y Esparza, obtuvieron libertad bajo caución.

Pero ellos, son sólo tres de los 2 mil 710 internos que enfrentan el Covid tras las rejas hacinados en sus crujías y expuestos a la enfermedad.

Ellos no pueden aislarse convenientemente, ni usar medidas preventivas, están a expensas de lo que la autoridad disponga. Son corderos caminando al matadero.

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Documenta es una organización social financiada con recursos internacionales que cuenta con un observatorio de prisiones, donde ha constatado, mediante diversas investigaciones, las condiciones constantes de violación a los derechos humanos fundamentales de los reclusos.

Su análisis sobre la reforma constitucional del 2011 y los innumerables tratados internacionales que tutelan dichos derechos es base fundamental de cualquier litigio en la materia.

Esos derechos a la integridad personal, vida digna, defensa, contacto con el exterior, económicos, culturales, y sociales, son de manera permanente objeto de violación.

Las reformas de hace una década buscaban que la prisión preventiva fuera la excepción y no la regla general. Pero ha ocurrido todo lo contrario. El estudio Estadísticas sobre el sistema penitenciario en México elaborado por el Inegi, no tiene desperdicio alguno.

Contrario a ello, los centros penitenciarios se han sobrepoblado por una exacerbada aplicación de la prisión como sanción social.

Muy lejos de ser garantes de la reinserción social de la persona sentenciada mediante el trabajo, la capacitación, la educación, la salud, el deporte y el respeto a sus derechos fundamentales.

Ese fue uno de los alegatos principales en el caso de los prisioneros por los expedientes X, pero se aplica con exactitud a muchos de los internos que nada deberían estar haciendo recluidos, cuando pudieron recibir el beneficio de la liberación, en tiempos de pandemia y con la lamentable condición de las cárceles.

El diagnóstico 2019 de la CNDH en relación con los centros penitenciarios es demoledor, en particular sobre el Cereso Estatal número 1, el de Aquiles Serdán.

Tiene la calificación más baja a nivel estatal y nacional entre los reclusorios, con una tendencia a la baja en los indicadores protección a la integridad, vida digna y reinserción, entre otros.

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La situación paupérrima es justificación más que suficiente para adoptar medidas con sentido humano, como lo mandatan las normas jurídicas que tutelan los derechos de las personas.

Pero los ojos han estado cerrados y los oídos no escuchan. Las letanías de defensa oficial caen en el lugar común de argumentos sin sustento para tratar de salir al paso, con descarada difusión en el show morning del Covid, como ocurrió esta misma semana.

Esa indolencia ha generado que los Ceresos sean un auténtico polvorín. Las medidas cautelares benéficas que despresuricen las cárceles y reduzcan el hacinamiento deberían ser oficiosamente adoptadas para evitar un crimen de lesa humanidad. Pero estamos lejos de ello. Los abogados deben tocar, patear y tumbar puertas ante la cerrazón.

El semáforo amarillo y en semanas el verde, no convencen a nadie. Tiene sabor a manipulación. El número de muertos casi llega a los mil 200 y el nivel de contagiados activos catorcenales se mantiene en los mismos indicadores del semáforo rojo o naranja.

A nadie engañan. Los Ceresos no son ínsulas aisladas. Las condiciones están dadas, de manera lamentable, para que sobrevenga un cuarto, quinto o sexto brote de Covid, y eso a la autoridad parece no importarle.

La pregunta no puede ser otra. ¿La intención es matar o conseguir justicia?