Opinion

-La jueza no ha necesitado pasar exámenes

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/ Lucha Castro

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sábado, 16 febrero 2019 | 00:57

-Salario en Ichea lo es todo para trabajadores

-La realidad para nuevo delegado del IMSS

-Medirán músculo Corral y AMLO

Al interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado siguen las inconformidades por los mecanismos que se aplican para la selección de jueces.

La molestia más reciente sucede en Parral. Aseguran que allá Manuela Terrazas Solís fue  impuesta como juez provisional de control, a pesar de que en la pasada convocatoria no aprobó ni siquiera el examen de conocimientos.

Terrazas Solís se desempeñó hace algunos ayeres como defensora pública –se rumora que sin cumplir los requisitos que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estadoese exige para ese cargo-, y posteriormente como jueza de control provisional en el Distrito Judicial Jiménez. El pasado mes de julio, protagonizó en plena audiencia un desafortunado encuentro con el famoso juez golpeador “Willy” Gómez Cortés.

En una videograbación que circuló de esa audiencia Gómez le dice “que está mal de la cabeza” y la intimida a tal grado que Terrazas Solís, se excusa de llevar a cabo el juicio al sentirse amenazada.

Los detractores de Terrazas – y particularmente de los procesos de asignación de jueces – afirma que la juez carece de carácter y que su fuerza no radica en sus capacidades sino en el escudo bajo el cual se protege con la consejera de la judicatura estatal, Luz Estela Castro, de quien se dice mantiene un fuerte respaldo que le ha permitido llegar hasta donde está ahora.

Tal apoyo ha hecho posible que, al día de hoy, no se lance la convocatoria para concursar el juzgado de control en Parral que dejó vacante la magistrada Norma Angélica Godínez Chávez y que ocupa de manera provisional Manuela Terrazas.

¿Provisional hasta cuándo?… No se sabe, porque de acuerdo a la Unidad de Transparencia del Tribunal de Justicia, no existe una fecha establecida para el vencimiento y tampoco se ha celebrado la sesión plenaria del Consejo de la Judicatura para determinar la fecha y lineamientos para el concurso de la plaza.

Dentro del Poder Judicial se hacen votos para que cuando se concurse esa vacante, el proceso sea serio, creíble y sin favoritismos, a favor de juristas capaces que esperan por una oportunidad.

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La falta de pagos para los llamadas “figuras solidarias” del Instituto Chihuahuense para la Educación de los Adultos (Ichea) podrá parecer una bicoca para algunos, pero no para los más de 3 mil trabajadores que esperan por su salario desde hace mes y medio.

Para muchos de ellos ese es el único ingreso que poseen y con ese deben hacer frente a las necesidades económicas de sus familias.

Sobre esta problemática el titular del organismo de descentralizado, Heberto Javalera Lino,  ha guardado silencio. Primero porque se encuentra ocupado en giras de trabajo, y segundo porque al ser un funcionario de primer nivel, su nada despreciable salario mensual que casi alcanza 100 mil pesos mensuales – según el portal de Transparencia del propio instituto – está mes con mes bien asegurado.

Otra historia es la que padecen las “figuras solidarias”, a quien el Ichea no reconoce como trabajadores, que ganan un salario mensual de cuatro mil pesos (monto que no se les ha remunerado en lo que va del año), y quienes son el alma del organismo pues se encargan de impartir clases, aplicar exámenes y reclutar a la población que tienen necesidad de alfabetización.

Si bien es cierto que se trata de un adeudo salarial que debe atender el gobierno federal, a la estructura estatal no se ha pedido ni respaldo para solucionar la crisis, a pesar de que en otras situaciones se ha hecho.

Por ejemplo en noviembre del año pasado, Javalera solicitó al secretario de Educación, el apoyo por un monto de más de un millón de pesos, para pagar el resultado de laudos por demandas laborales.

En esta ocasión no… que los afectados aguanten y esperen.

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Fuerte reto representa para el nuevo delegado del IMSS en Chihuahua, Norberto Miguel Ramírez, hacerse cargo de un instituto que a leguas se observa rebasado en materia de infraestructura, calidad y calidez en el servicio.

Uno de los síntomas de esa enfermedad que padece el Seguro Social en Chihuahua emergió la noche del jueves cuando, usuarios cansados por la larga espera para recibir atención médica, tronaron contra el personal y prácticamente ingresaron a la fuerza a los consultorios… se les acabó la paciencia a los pacientes, y con justa razón.

Norberto Miguel, no es un improvisado. Oriundo de Oaxaca, le respalda una larga trayectoria dentro del IMSS, y acciones encaminadas a mejorar los servicios que se hicieron patentes en el año que estuvo al frente de la delegación del Seguro Social en Sinaloa.

Pero en Chihuahua – además de las sonrisas amables de los trabajadores hacia los derechohabientes – lo que urge es un nuevo hospital.

Desde el 2016, el Consejo Coordinador Empresarial viene realizando gestiones ante el Instituto para que se construya en la capital un hospital de segundo nivel, y los ofrecimientos del gobierno federal van y vienen pero sólo han quedado en palabras.

Si lo anterior fuera mucho pedir, pues por lo menos en el último de los casos que abran ya la Unidad de Medicina Familiar número 69, en la colonia Los Portales, que desde el año pasado fue concluida y que se dice beneficiará a unos 48 mil derechohabientes.

A principios de enero, el exdelegado Cristian Rodallegas afirmó que ya se tenía hasta el personal médico y que empezaría a dar servicio antes de que concluyera ese mes, pero aún sigue cerrada.

Es necesario que abran puertas y ventanas, pues corre el riesgo de convertirse en un elefante blanco.

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Coincidencia o no, pero todo apunta que el gobernador Javier Corral y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, medirán músculo el próximo primero de marzo, fecha en la que empatan el segundo informe de gobierno y la primera visita presidencial del año a la capital del estado.

El choque de estos dos eventos políticos trae de cabeza a los organizadores, pero al momento ninguno de los dos equipos contempla la posibilidad de cambiar las fechas aunque sí analizan por lo menos el ajustar horarios para evitar un empalme.

AMLO llegará a la capital para devolver la visita de cortesía que Corral, acompañado de 23 alcaldes, le hizo en la Ciudad de México para interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra del Gobierno Federal por los nuevos lineamientos del llamado fondo minero.

Aquí, el primero de marzo, el Presidente aprovechará el escenario para presentar varios programas enfocados en  becas a estudiantes y apoyos a adultos mayores, entre otros. Corral en cambio rendirá un informe de avances de su gobierno. ¿Cuáles?... no sabemos, como tampoco se sabe si en un arranque inesperado López Obrador se presenta en el evento corralista que hasta el día de hoy no tiene programado en su gira de trabajo.

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Ayer Blanquita Gámez promovió un exhorto a los medios de comunicación para que se abstengan de revictimizar a las víctimas de cualquier delito, evitando difundir declaraciones de hechos, fotografías o datos personales.

Más allá del eterno debate sobre los límites de la libertad de expresión, la diputada panista pasa por alto un llamado para que se investigue y sancione a quienes desde el interior del sistema policial, ministerial y judicial filtran justamente esos asuntos sensibles.

Pruebas hay muchas, por ejemplo las fotografías que circularon tras el asesinato de la familia Romero Armendáriz, cuyo crimen se atribuye al enfermero Jorge C. A. Las imágenes de los cuerpos sin vida en varias partes de la casa que se entregaron a un medio de comunicación sólo pudieron ser tomadas por los propios agentes, pues la zona se mantuvo siempre acordonada.

Por supuesto, esa filtración no fue sancionada. Ejemplos muchos, acciones ningunas.