Opinion

-La promesa es que marcharán miles vs aborto

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GPS / Columna

sábado, 25 septiembre 2021 | 05:00

-Ni disimulan con el aumento a los camiones

-Siguen sin asumirse como fuerza política

-No son los reporteros el problema

Más de una docena de organizaciones como Médicos por la Vida, Alianza por la Familia, Comisión Diocesana de Laicos, la misma estructura de la Iglesia Católica y otras, van a tomar las calles el primer domingo de octubre. 

Sus reclamos son la legalización del aborto y el “ataque sin sentido” a la objeción de conciencia, temas en boga que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lejos de resolver con criterios jurídicos, ha promovido con base en un excluyente y supuesto progresismo que ha impuesto la agenda social.

El máximo tribunal del país ha actuado por las presiones de la corrección política, igual que lo han hecho Ejecutivo y Legislativo federales. 

Se han vuelto obedientes al dictado de minorías que no ven otros grandes problemas nacionales y se centran en minucias, que corresponden más a la esfera moral individual de las personas que a la colectividad.

El aborto casi sin excepciones a cargo del Estado y ahora el ataque a la profesional objeción que pueden alegar los médicos, ha encendido a los grupos que ahora como nunca, al menos en el caso de Chihuahua, van a protestar con el aval de los gobiernos estatal y municipal.

La gobernadora Maru Campos y el alcalde Marco Bonilla han dejado de lado esa corrección política de los últimos tiempos, que ha marcado para mal a los gobiernos anteriores. 

Se han definido sin tapujos como provida y profamilia, sin dar visos, desde luego, de actitudes de homofobia o contra el feminismo, para que luego no digan que se busca excluir o faltar al respeto a los derechos de las minorías.

La misma Maru al arrancar su gobierno en Juárez apareció con un pañuelo azul al cuello en señal de su postura contra el pañuelo verde. En discursos públicos se ha sostenido igual que Bonilla Mendoza.

Por eso en redes y grupos (imágenes en GPS versión digital) circulan las invitaciones a las marchas del tres de octubre, con precisas instrucciones de lo que se busca proyectar. Una será en la capital del país y otra en la ciudad, de la Plaza del Ángel a El Palomar.

“Comparto esta información en el grupo porque estamos en la misma sintonía y Maru y Marco también”, dice una de las organizadoras de la marcha.

Con ese aval, las organizaciones Provida tienen el reto de mostrar el desacuerdo de las mayorías contra la dictadura de las minorías.

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El Secretario de Desarrollo Urbano, Gabriel Valdez Juárez, les prometió a los camioneros comenzar a analizar el siguiente mes la posibilidad de autorizar un incremento al costo del pasaje del transporte urbano.

Así lo andan presumiendo líderes del gremio de los cafres de volante como Juan Gómez y Francisco Salcido, que se reunieron con Valdez el pasado miércoles. Ellos pretenden cobrar así su supuesto apoyo electoral al nuevo gobierno. Ni disimulan cuál fue siempre su interés.

Las fallas en el sistema de transporte se agravaron en el quinquenio pasado. Ni Javier Corral ni los concesionarios fueron capaces de llegar a acuerdos más allá de ciertas coyunturas, que siempre resultaron perjudiciales para los usuarios.

Pero antes de aprobarles cualquier incremento, el análisis debe comenzar por revisar las fallas y poner metas para corregirlas. De lo contrario sería otro costoso error con cargo a la ciudadanía, empobrecida y en crisis como para absorber incrementos no justificados.

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Los 67 alcaldes de la entidad tienen las manos libres para comenzar a contratar créditos garantizados con el Fondo General de Participaciones. Y los van a necesitar con la reforma que les faculta de nuevo a organizar las elecciones de las juntas municipales y comisarías de policía.

Desde finales de agosto el Congreso del Estado, en la pasada legislatura, les quitó los candados para endeudarse.

La razón que claramente exhibió el entonces presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, Jesús Valenciano, fue que la mayoría de los alcaldes, si no es que todos, llegarían a encontrar las arcas vacías.

El ahora presidente municipal de Delicias sabía seguramente de lo que hablaba. Al asumir sus colegas, no faltaron las quejas de quienes no tenían ni para el pago de la nómina, menos para arrancar obras o absorber el costo de la elección de las autoridades municipales auxiliares.

Esta, pues, es la salida que tienen los presidentes para elegir seccionales y comisarios, tarea que cuesta unos cuantos pesos en los municipios más pequeños, pero mucho más en los que tienen mayor territorio o población.

En este contexto, los legisladores actuales deberán estar muy vigilantes de que los créditos obtenidos por los municipios, que habrán de caer como cascada en las siguientes semanas, no rebasen su capacidad de pago.

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A los que les falta entenderse como una verdadera fuerza política y primera minoría en el Congreso del Estado, es a los diputados de Morena, que dirige el juarense Cuauhtémoc Estrada.

Es obvio que les hace falta el colmillo que sí tiene la fracción azul, pues basta el mínimo argumento en contra de sus propuestas para que ellos, los morenistas, cedan en sus intenciones. 

En lo que va de la legislatura, apenas cuatro sesiones fuera de la instalación y las que han sido de protocolo, ya sobran evidencias de la falta de carácter de los diputados de Morena, quienes de seguir así habrán de desdibujarse en unas cuantas semanas más.

Así se vio cuando, por ejemplo, la fracción presentó como propuesta el "Acuerdo de Austeridad y Solidaridad por Chihuahua", con el propósito de que tanto el sueldo de los diputados como de los funcionarios altos del Poder Legislativo fueran disminuidos en un 10 por ciento.

Ni el carácter de urgente de la propuesta fue tomado en cuenta. Los panistas con la mano en la cintura desacreditaron la iniciativa con el argumento, muy acertado eso sí, de que esa medida no ayudaría de fondo a la situación financiera estatal, pues la necesidad de recursos es mucho mayor.

El coordinador morenista ni por asomo defendió su propia propuesta, que terminó congelada pese a su potencial publicitario.

Otro botón de muestra fue la blanda solicitud para destituir al secretario de Asuntos Legislativos, Everardo Rojas Soriano, presentada por María Antonieta Pérez, cuando le impidieron asumir la Presidencia del Congreso. Ni por error entraron a discutirla y quedó sepultado el asunto.

Así se han ido acumulando en cada sesión claras muestras de la debilidad de una bancada que sigue sin asumirse como una fuerza política real.

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Tras la detención indebida de un reportero de El Diario hace casi dos semanas, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, encabezada por Julio Salas, se ha comprometido a investigar y castigar la conducta en la que incurrieron dos agentes a su cargo.

Se entiende que el proceso legal lleva sus tiempos, a pesar de las claras evidencias en video, imágenes y testimoniales que existen sobre las irregularidades registradas el domingo 12 de septiembre, que incluyen además mentiras y engaños al propio jefe policiaco por parte de sus subordinados.

En este lapso, el funcionario ha orientado también esfuerzos a explicar la labor de los policías en las escenas de incidentes críticos y las limitaciones que la ley impone a los reporteros, como el respeto al acordonamiento por parte de la policía preventiva.

El pasado jueves, Salas se reunió con reporteros de la fuente y propuso realizar un simulacro en los próximos días para mostrar al detalle el trabajo que se realiza en los incidentes donde interviene no sólo la Policía Municipal sino el resto de corporaciones.

Es loable que se trate de capacitar y actualizar a los reporteros de Chihuahua. Siempre serán importantes esas iniciativas, aunque a partir de la reforma penal de 2006 el gremio periodístico ha dado muestras de una evolución muy favorable, que lo distingue entre los mejores del país.

Sin embargo, el enfoque de la problemática se queda corto si no se atiende la capacitación y actualización de los policías municipales. 

En los últimos incidentes con la DSPM, no han sido los reporteros el problema, para nada. Han sido los agentes los responsables de agresiones. 

Son ellos los más necesitados de formación y capacitación en algo tan básico como los derechos humanos, que aplican para la ciudadanía en general, incluida por supuesto la prensa.