Opinion

-La triste historia de amistad y fatal servicio público

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La Columna de El Diario
domingo, 22 septiembre 2019 | 05:00

La íntima amistad del gobernador, Javier Corral, con Luz Estela Castro lo impulsó a convertirla en la más poderosa funcionaria del Poder Judicial y fue esa misma amistad la que lo llevó a mantenerla al frente del cargo a pesar de los severos estropicios que sufrió en sus manos ese órgano fundamental para la vida de los chihuahuenses.

Intervino contra ella el infortunio de un severo padecimiento de salud que la obligó a reconocer esta semana la imposibilidad de seguir al frente del cargo y al gobernador a admitir su renuncia.

Fueron las circunstancias fortuitas o la mano del destino, si le deseamos llamar así, la que intervino de forma categórica para obligar a un cambio en el moral y políticamente desangrado Tribunal Superior de Justicia, ahí donde cada día es decidido el destino de cientos de personas que deben enfrentar procesos familiares, civiles y penales.

“Lucha”, la amiga del gobernador convertida por esa gracia en consejera de la Judicatura, fue mantenida sin titubeos en el cargo a pesar de acumular graves acusaciones e irregularidades en menos de tres años de función. 

Fraudes en exámenes a jueces, comportamiento agresivo e intervencionismo en todas las áreas del Poder Judicial y una parte de la Fiscalía General del Estado, como ejemplos.

Al gobernador Corral no le importó la severa afectación política a su imagen por haberla defendido a ojos cerrados en todo momento, menos le interesaron las consecuencias sociales y legales por ese desempeño. 

No quiso separar en momento alguno la parte de la amistad con la función pública a pesar de las implicaciones, que son muchas y graves, e incluso trascienden a la designación truqueada de jueces y magistrados.

El ideal de un servicio público encabezado por las mejores mujeres y los mejores hombres se quedó una vez más en el tintero, junto con la idea de construir un órgano judicial técnico con altos estándares de calidad en la impartición de justicia, mejor uso de los recursos, evaluación del desempeño. No era lo de ella.

Las visiones de la consejera designada por el Ejecutivo chocaron muchas de las veces con quienes desde la experiencia de la Judicatura conocen a la institución desde sus entrañas, porque llegaron de arrastrar el lápiz desde el mostrador de un juzgado, proyectistas y jueces.

Contrario a ello, “Lucha” llegó como en los peores tiempos del sistema político mexicano, el único mérito fue el cuatismo. 

Hasta en su edad al momento de la designación, requisito mínimo indispensable a verificar, hubo error. Sin rubor fue pasado el dato por alto; la ilegalidad plena.

Para nombrarla no existió mucho menos un elemental o nimio procedimiento de consulta, convocatoria alguna, análisis concienzudo indispensable de su perfil curricular, sólo la cercanía con quien tenía la responsabilidad de decidir, el amigo convertido en gobernador.


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Declaró en su tiempo el exgobernador César Duarte que los amigos había de conservarlos en el corazón, y los más capaces, serían llamados al servicio público. Palabras más, palabras menos, que se quedaron sólo en sus labios. 

En 2014 ordenó y operó una oxigenación del Poder Judicial. Usó y abusó del denominado poder metaconstitucional, arbitrariedad maquiavélica justificada políticamente en quien detenta la gubernatura.

Así, sin rubor, el Congreso del Estado autorizó los nombramientos de 13 nuevos magistrados, gentes muy cercanas y algunos operadores panistas con tintes anticorralistas, como Luis Villegas Montes. En su bola mágica, anticipaba Duarte lo que vendría.

Carecían algunos de los designados de cualquier experiencia y antecedente jurisdiccional. Eran sus cuates y protegidos. Alguno de ellos inclusive con procesos pendientes por abuso familiar. 

Con su decisión era más que suficiente para encumbrarlos. Pero eso no era todo, era sólo el comienzo.

El nuevo pleno del Tribunal Superior realizó nombramientos de jueces, que se acusó, igual que las magistraturas, eran a modo del gobernador para garantizar impunidad, protección judicial e ingresos seguros por muchos años para sus protedidos (as) a razón de 100 mil pesos mensuales hacia arriba.

Pero faltaba la cereza en el pastel, que fue la creación de la Judicatura estatal, con atribuciones por encima del pleno de magistrados del Tribunal Superior. Serían siete sus integrantes, cuatro del TSJ, dos del Congreso y uno del gobernador.

Eran las mieles del poder. Carecía de contrapeso político e institucional alguno.

Cuando llegó Corral a la gubernatura en octubre de 2016, se encontró con un presidente del Poder Judicial designado hasta el 2021 por Duarte a través de un decreto del Congreso. Inaceptable.

No tardó dos meses en operar jurídica y políticamente. Gabriel Sepúlveda era destituido del cargo mediante una reforma constitucional y en su lugar era entronizado el decano, convenientemente panista, Julio César Jiménez Castro, a quien poco le duró el gusto. De Chihuahua a Juárez le arrastraba el saco.

Un año después fue retirado del puesto por orden de la Suprema Corte de Justicia, al considerar que dicha reforma constitucional era ilegal. En su lugar fue nombrado el actual titular del Poder, Pablo Héctor González Villalobos, cercano a Corral, institucional.

Junto con el nombramiento de Jiménez Castro en la presidencia del TSJ, se modificó el efímero Consejo de la Judicatura duartista.

Igual que su predecesor, no es Corral proclive a la moderación del ejercicio del poder. Gabriel Sepúlveda fue suspendido de la magistratura junto con otro duartista, Jorge Ramírez, para una investigación por un presunto desvío de recursos de la famosa bóveda de datos. 

Los quiso llevar a la cárcel pero la pretensión fue echada abajo por la justicia federal. Ellos siguen gozando de sus asientos inamovibles.

Ni parpadean mientras Corral se mantiene en Palacio.

Tampoco tuvo tapujos el actual gobernador para impulsar nuevos nombramientos de magistrados en 2018, siete para ser exactos, entre quienes quedó el juez penal Alejandro Legarda, recordado por la vinculación a proceso de “La Coneja”, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, hoy libre bajo fianza y exonerado de los principales cargos de corrupción.

En este contexto, “Lucha” se estrenó como integrante de la Judicatura, a propuesta del Ejecutivo del estado. Era el 2017. Desde antes como asesora del Ejecutivo y después como integrante del órgano administrador del Poder Judicial, fue protagonista central en estas escenas de lúgubre política judicial.

Fue “Lucha” una de las artífices de las estrategias adoptadas, no sin roces ni choques con los magistrados también afines al corralismo, particularmente por los modos y formas de la abogada barzonista.

Vino luego la manipulación de exámenes para la selección de jueces, aspecto central de una Judicatura colgada sobre alfileres por aquella añeja resolución que destituyó a Jiménez Castro.

Incluso hoy a la fecha hay quienes sostienen que en las condiciones en que fue dictada, la sentencia obligaba a la remoción de los consejeros.

Pero eso a “Lucha” ya la tiene sin cuidado.
 
 

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Fue intenso y breve entonces el paso de la licenciada Luz Estela Castro Rodríguez por el Poder Judicial. Tres años únicamente.

Su intervención como operadora y amiga del gobernador fue crucial en la mayoría de las decisiones. Se sintió y se vio su mano directamente en ellas.

Era la amiga. Con venia o sin autorización expresa usufructuó esa cercanía en el ejercicio del poder en el círculo rojo de los togados que le era por completo ajeno.

Si antes participó en El Barzón, en sus marchas y acciones de obstrucción de justicia que terminaban con actuarios trasquilados; ahora, con base en una operación constante, se convirtió en artífice de la política judicial del corralato golfista. Fue el brazo armado, ejecutor, pragmático, de la voluntad del jefe del Ejecutivo. 

Desafortunadamente nada que ver con la justicia, sólo con la venganza y la búsqueda del control como fuera.

Fue un papel estelar que abandona por un problema de salud personal, que le impide ejercer a plenitud su posición, no sólo en una Judicatura a modo del gobernador, sino en los planes de conservación del poder que su amigo ha empezado a perder.

El costo para Chihuahua ha sido alto y sin visos de recuperación en el corto ni en el mediano plazo.

Ya lo comprobamos el viernes en vivo y a todo color; antes que preocuparse por enderezar entuertos o enmendar los graves errores cometidos en el Poder Judicial, en la Policía Estatal, en la Fiscalía General del Estado... Corral prefiere el green y el golf, aun en una mañana que debió ser de trabajo.