Opinion

-Las “carreras chingonas” terminaron en masacre

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GPS / Columna

miércoles, 27 abril 2022 | 05:00

-Le hace el Tec la chamba a Hacienda

-Pruebas sorpresa Covid en la UACH

-Los temas incómodos de Tatiana

No era nada nuevo que estuviera funcionando al 100 por ciento el carril de carreras El Mezquite en El Sauz, donde ocurrió el terrible multi homicidio de siete personas.

Funcionaba sin ningún reparo, incluso con presencia en redes sociales muy intensas hasta el 2020, con carreras continuas.

Rescatamos en Face una publicación de mayo del año antepasado. “Chingonas las carreras”, publicó uno de los asiduos asistentes.

Otros, “está muy bien, muy familiar”, “al 100”.

Las instalaciones de El Mezquite entonces estaban en plenitud de condiciones sin necesidad de ningún permiso oficial.

Suponemos que corrían las invitaciones en corto, ya sin hacer mucho ruido en redes, para evitar cualquier situación.

Como quiera que haya sido, la foto que también subimos a la edición digital presenta una asistencia de decenas de personas, nada más de ver el número de vehículos, podemos hacer un cálculo.

No era entonces ningún funcionamiento oculto o bajo las sombras, era en la práctica a la luz del día, como es obvio.

Dijimos que se hicieron de la vista gorda, gordísima diríamos ahora.

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En los institutos tecnológicos de Chihuahua hay molestia porque mandaron a los maestros a sacar la constancia de cumplimiento fiscal ante el Sistema de Administración Tributaria.

Aún y cuando se dispusieron mesas especiales para atender, son dos, tres o cuatro horas las que han tenido que permanecer en el calorón, en espera de ser atendidos.

Muchos de ellos son adultos mayores, algunos con padecimientos que hacen un verdadero martirio esperar en esas condiciones, en incómodas sillas y bajo una incipiente sombra.

No entienden los maestros la exigencia de la institución ante el requisito, porque el Tecnológico como patrón se encarga de hacer la declaración de impuestos, incluidas las retenciones del caso y los pagos respectivos.

Es decir, los maestros son empleados que solo realizan una prestación de servicio remunerado, y ellos no manejan ni disponen del Impuesto Sobre la Renta.

Ven dichos docentes en el Tecnológico que le quieren hacer la chamba al SAT por aquellos docentes que tienen otros ingresos, pero que nada tienen que ver en esencia con la institución educativa, sino con sus actividades personales extras.

La hoja en que se encuentra impresa la constancia, debe ser entregada a las oficinas centrales, como requisito indispensable, lo que sienten como un acoso innecesario de carácter administrativo, ordenado desde oficinas centrales.

Ven una actitud institucional metichona, incómoda e innecesaria en términos de la relación laboral simple y llana que tienen con la institución, como retenedora y pagadora de impuestos.

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Cualquier previsión no está de más aun cuando los números del Covid estén por los suelos; por ello la UACH, en el contexto del regreso de vacaciones, aplicó pruebas rápidas gratuitas a estudiantes y maestros.

Anduvo personal de salud por todas las facultades ofreciendo las pruebas de manera aleatoria, voluntaria y gratuita.

Fueron por tanto cientos de estudiantes y docentes los sometidos a la prueba, en un tamizaje que se estima indispensable.

Positiva la proactividad de la actual administración de Rectoría en política de salud, muy lejana de la pasividad con que el tema se había tratado en el pasado inmediato.

No sabemos hasta el momento los resultados, pero con independencia de ello, constituyen una medida acertada, por aquello de no bajar la guardia aún con la bajísima tasa de propagación de la enfermedad.

La determinación oficial de la Secretaria de Salud y finalmente del Consejo Estatal, ante tendencias de otras entidades que han empezado por dejar de considerar obligatorio el uso de cubrebocas en exteriores como interiores, es conservadora. El relajamiento social ha dado sorpresas en otros países con cuartas y quintas olas de Covid.

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Un detalle interesante de la sesión del Senado de la República realizada el día de ayer, donde por cierto los senadores chihuahuenses lucieron por su ausencia en el micrófono.

Si hubiera pasado la iniciativa de reforma legal propuesta en el 2007 por el PRD, y que rechazaron en aquel entonces el PAN y el PRI, el exgobernador Carlos Miguel Aysa González no hubiera podido lograr la votación necesaria para ser designado como embajador de México en la República Dominicana.

Tendría que haber requerido las dos terceras partes de los votos de los senadores presentes, y no la mayoría absoluta con la cual fue ratificado su nombramiento, pese al berrinche precisamente del PAN, el PRI y el mismito PRD.

En aquel entonces se propuso pedirle a los personajes propuestos como embajadores sin tener experiencia diplomática, esa mayoría calificada. Obviamente fue bateada la propuesta, que hoy retoma gran relevancia.

Decía textual en aquel entonces la propuesta, “el nombramiento de las personas que el Titular del Poder Ejecutivo Federal designe como jefes de misión diplomática o cónsules generales, que no sean miembros de carrera del Servicio Exterior Mexicano, deberá ser ratificado por las dos terceras partes de los individuos de la Cámara o bien de la Comisión Permanente que se encuentren presentes”.

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Flotaban dos temas en el ambiente al celebrarse la Sesión del Consejo de la Cámara Minera de México en esta ciudad, que, por supuesto incomodaron a Tatiana Clouhtier, la Secretaria de Economía del Gobierno Federal.

Está aún fresquísima la nacionalización del litio, mediante la cual se impide cualquier intervención de la inversión extranjera, donde Chihuahua pudo haber jugado.

El otro tema es el del fondo minero, que le fue retirado a los municipios de Chihuahua y de todo el país, y que significaban un acumulado de 3 mil 200 millones de pesos, que jamás fueron liberados por el ejecutivo federal nada más en 2019, en un asunto que terminó en controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que por una votación dividida, en la práctica se hizo humo.

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El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Federico Baeza Mares, puso el grito en el cielo y comenzó a advertir a los líderes del sector privado local de las consecuencias que traería el plan federal de contención de la inflación.

La medida ha sido interpretada como un mero mecanismo de control de precios desde el poder, lo que históricamente ha terminado en generar mayores distorsiones del mercado, las cuales serían fatales en momentos en que el índice inflacionario amenaza con llegar a dos dígitos.

Por eso el empresariado local ha reaccionado con nerviosismo. Más porque desde el CCE nacional fue bajada la instrucción de analizar, pensar y repensar las alternativas que existen para enfrentar las presiones, sin afectar el libre mercado que supuestamente se autocorrige según la teoría clásica liberal.

Los controles de precios afectan la productividad, el empleo, las inversiones y la formación de capital; a la larga perjudican más de lo que ayudan, especialmente en los sectores de menores ingresos, esos que no tienen ahorros ni forma de proteger su poder adquisitivo.

Pero la medida federal que ha comenzado a deslizar el presidente Andrés Manuel López Obrador es más parecida a los “Pactos de Solidaridad” de los sexenios de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, que al simple control nacionalizado y estatizado inflexible.

Básicamente el planteamiento es reforzar con subsidios la intervención estatal en la economía y pedir que el empresariado sacrifique un poco sus márgenes de ganancia mientras el mercado hace su parte.

Si bien dichos pactos trajeron estancamiento y otras consecuencias en el desarrollo económico, también cumplieron la meta de bajar la inflación de tres a dos dígitos. 

Aunque el problema ahora es diferente y la inflación es causada por fenómenos externos, no deja de ser preocupante ni puede reducirse su atención a las pocas herramientas de las que dispone el autónomo Banco de México.

El gran problema es que el plan de AMLO anunciado para mayo, aquí en Chihuahua y en otros estados, no tiene quién lo explique, traduzca y venda al sector privado que genera los empleos y arriesga su capital para crecer.

De ahí que el nerviosismo se apodere del empresariado local y, de entrada, rechace todo intento de intervención así sea mínima, necesaria y además inevitable por una cuestión práctica de política económica.