GPS Columna

lunes, 20 noviembre 2023 | 05:00

-Ni pío dicen de AMLO y sus ministras

-Manotazo a Delicias antes de Xóchitl

-Siguen entrando los camiones viejos amarillos

Tuvieron que ser instancias estatales, primero la Auditoría Superior del Estado y luego la Fiscalía Anticorrupción, las que intervinieran en Nuevo Casas Grandes, pues, aunque había elementos a nivel local para proceder contra la alcaldesa, Cynthia Ceballos, nadie del ayuntamiento se atrevió a hacerlo.

Lo anterior ha quedado revelado ahora que el caso de peculado fue judicializado y la presidenta municipal destituida de facto con la prisión preventiva que le dictaron el pasado viernes.

La intervención directa del auditor superior, Héctor Acosta Félix, con la denuncia surgida de una revisión cuyos alcances quedaron limitados por la ley a presumir un uso ilegal de atribuciones, fue en marzo; ello dio pie a que el fiscal anticorrupción, Abelardo Valenzuela, cerrara la pinza en la carpeta de investigación.

Pero desde antes, según lo que reportan de NCG, la síndica Venus Olmos pudo haber procedido a la denuncia, sin tener que esperar los resultados de la auditoría al ejercicio 2021, que reveló la venta de terrenos de forma irregular con beneficios económicos para Ceballos y algunos de sus funcionarios.

¿Por qué la síndica no procedió antes? La respuesta es que, igual que los regidores, funcionarios y observadores ciudadanos de la gestión de la alcaldesa ahora presa, tuvieron miedo a su cártel protector, que ha estado cercado desde mayo de este año.

Las amenazas contra regidores, síndica y sus familiares pararon cualquier acción local contra la entonces presidenta. Fue hasta la intervención de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, que desintegraron a la Policía Municipal, que más y más denuncias comenzaron a fluir.

La intervención estatal de mayo pasado, sumada a las investigaciones que llevaron a la captura de la alcaldesa y la huída de Silvia Ivón Hernández, exsecretaria municipal, fue definitiva para que pudieran fluir los reclamos sociales y políticos, sometidos por el crimen.

Esto tiene implicaciones muy graves porque, más allá del peculado, hay más delitos que no deberán ignorarse en la cacería estatal ya iniciada. Faltan allegados a la alcaldesa que mantuvo en la administración municipal y otros que, aunque eran externos, en realidad controlaban su gobierno.

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El proceso para la elección de magistrados para siete salas del Tribunal Superior de Justicia comenzó como siempre, con la polémica que generan las designaciones de cargos judiciales, pero la convocatoria está finalmente apegada a lo que marca la Constitución del Estado.

La paridad de género garantizada para que sean cuatro mujeres y tres hombres; la selección de externos al Poder Judicial de forma preferente, también con cuatro de siete; y el resto del procedimiento con participación de los tres poderes, son las bases constitucionales del mismo.

Lanzada la convocatoria, con tiempos apretados para tener designaciones en las vacantes antes de que termine el año, comenzaron a surgir posturas en contra y críticas ante el obvio interés estatal de reforzar el control político que, a final de cuentas, está en la naturaleza del poder.

Eso deberán sortear para integrar cada terna de cada sala los encargados de la tarea: Andrés Pérez Howlet, coordinador de Asesores de la Secretaría General de Gobierno por parte del Ejecutivo; el magistrado José Alfredo Fierro por el Poder Judicial y el diputado panista Alfredo Chávez por el Legislativo.

De ahí las ternas pasarán a la Junta de Coordinación Política donde, nos aseguran, los morenistas van a tener listo el bombardeo para descalificar el procedimiento, que debe entenderse sí como algo técnico, pero también como algo político por esa naturaleza misma del poder.

Quien quiera oponerse bajo argumentos puristas tendría que voltear al procedimiento para elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que precisamente hoy está vigente por la vacante que dejó el nuevo empleado de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, Arturo Zaldívar.

En este nivel, simplemente el presidente Andrés Manuel López Obrador designará a una incondicional, sin comisión de selección ni intentos de equilibrios entre poderes. Él mandó su terna de incondicionales, con Rosa Margarita Ríos, Lenia Batres y Bertha Alcalde, hermana de su secretaria de Gobernación, Luisa María.

Sólo requiere dos tercios de la votación o que no haya acuerdo para nominar ministros de la Corte de forma directa, pero en este caso ni pío dicen los que luego salen muy críticos del Poder Judicial del Estado o los procedimientos jurídico-políticos de selección de magistrados.

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Tal vez, sólo tal vez, podría llegar un manotazo a Delicias desde el Palacio de Gobierno, para que los descontrolados grupos internos del PAN no vayan a salir con alguna de las suyas en el marco de la visita de la candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez.

La senadora con licencia que arranca hoy su precampaña en Ciudad Juárez y Chihuahua, tiene en agenda una visita el martes a la más importante localidad de la región centro-sur del estado.

Pero en esta ciudad, el diputado federal y exalcalde, Eliseo Compeán, mantiene una intensa campaña dirigida a impedir la reelección del alcalde Jesús Valenciano, quien no ha podido sacar sin raspones su proyecto de otros tres años y menos ha logrado posicionar a otros, saboteado por los mismos albiazules.

El dirigente municipal del PAN, David "El Gallo" Gallegos, no ha estado como florero en esta pugna, sino más bien ha sido parcial a los grupos descompuestos grupos internos; ha sido parte del problema, pues, más de alguna lejana solución.

A eso hay que sumarlo otros factores, como los desesperados intentos de los Mario Mata padre e hijo por obtener más posiciones de las que ya tienen; el fracaso absoluto del diputado Roberto Marcelino Carreón; y el activo golpismo de la síndica Gabriela Orta, obediente a los dictados de Compeán.

Por esto, Delicias pasó de ser la trompa del tren en la construcción de una alianza opositora, a ser un polvorín político cada vez más inestable.

Por esto, también, desde la semana pasada comenzó a extenderse la versión de que la misma gobernadora Maru Campos o algún enviado del más alto nivel podría ir a poner orden antes de la visita de Xóchitl.

Un manotazo en la mesa a ver si maduran o cuando menos fingen hacerlo, porque es poco decir que están jugando chueco.

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Nos enviaron la imagen de una unidad de transporte de personal que circulaba por la Dostoievski y Vialidad Sacramento, de esos camiones amarillos.

Es una joyita de vehículo, lo escaneamos en vialidad y no tiene ni un centavo de adeudo, pero al pasar las placas por el Registro Público Vehicular, nos encontramos con el otro dato que siempre buscamos, la antigüedad.

Es una unidad de la marca Blue Bird de 1980, recién emplacada, nada menos el 27 de septiembre de este año. La inscripción al Repuve es de inicios de dicho mes, por lo que suponemos que acaba de ser importado.

Tenemos la captura de pantalla del Repuve, donde se muestra tanto la antigüedad como estas fechas de inscripción y emplacamiento.

Si saben las autoridades que ya no pueden circular unidades de transporte de personal con antigüedad menor a diez años, no entendemos cómo es que se otorgan las placas.

Esta la papa caliente, porque Gobierno del Estado ha sido tolerante para generar condiciones que les permitan a los concesionarios del transporte público, así como especializado de personal y escolar, para que vayan actualizando las unidades.

Pero parece que por el contrario, siguen las malas prácticas, con adquisición de unidades en el extranjero, importadas, para prestar el servicio especializado con unidades ni siquiera cerca del modelo aceptado oficialmente en ley.