Opinion

-Llevan al extremo influyentismo en el IMSS

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GPS / Columna

jueves, 12 noviembre 2020 | 05:00

-La Ley Cubrebocas contra un millón...

-Sin relación movilidad con contagios, especialista

-Es Home Depot pero puede ser cualquier otra

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) parece que no han visto ni aprendido de la crisis entre sus homólogos del sistema estatal de salud, donde las protestas están a la orden del día por el evidente desinterés de la autoridad en atender las demandas de los trabajadores.

Pese a varios llamados de atención, en el IMSS de Chihuahua sigue el tráfico de influencias y los constantes conflictos de interés de algunos directivos locales, lo que sólo ha estirado una liga de problemas que podría reventar en breve.

Es demasiada la molestia acumulada por nombramientos que no cumplen el mínimo de requisitos, en lo que parece un afán de servirse del presupuesto en momentos cada vez más críticos para la institución.

En las subdelegaciones y la delegación, por ejemplo, siguen las designaciones de funcionarios sin experiencia. De muestra está el intercambio de favores que han sido los casos de Nuevo Casas Grandes y Cuauhtémoc, donde fueron nombrados Francisco Rodríguez y Alejandro Fuentecillas, respectivamente, quienes en días pasados llegaron a obtener estos cargos casi de forma directa y planchada.

También se habla de la entrega de cargos definitivos en categorías que son de confianza, las cuales deberían ser entregadas por medio de convocatorias, pero están omitiendo las inscripciones; esa situación parece no importarle al sindicato del IMSS, que dirige Gerardo de León Arellanes, a quien le ha valido un comino el maltrato al gremio y todo el tráfico de influencias.

Los beneficiarios son los allegados al subdelegado Iván Camacho Haros y al jefe delegacional de Afiliación y Cobranza, Jorge Oscar Carrillo Ronquillo, quienes se han encargado de regalar plazas bien remuneradas a sus amigos o personal cercano, aprovechándose de que todos los ojos están en la crisis de atención médica que padece el IMSS, lo que ha pasado a segundo plano la parte administrativa.

Pero el despilfarro de recursos y la asignación turbia de plazas ha llevado al hartazgo a otros tantos liderazgos formales y reales dentro del Segue, que de un momento a otro pudieran rebelarse a los dioses de la delegación.

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Tendrán que ponerse los diputados, si es que queda en ellos algo de solidaridad social, en los zapatos del millón de personas, sino es que más, que se encuentran en Chihuahua en algún nivel de pobreza de acuerdo al Coneval.

Los datos son fríos y escalofriantes. 100 mil personas en pobreza extrema, 400 mil vulnerables por ingresos, 1 millón 200 mil vulnerables por carencias sociales, nada más y nada menos. La imagen del dato en nuestra edición digital.

Esos cientos de miles de personas tienen que salir de sus casas todos los días a buscarse el sustento, uno o dos salarios mínimos, y ahora estarán obligados bajo pena de multa o cárcel al uso del cubrebocas, a partir de los dos años de edad. ¡Ni los menores se salvan!

Mientras Taiwán elabora cubrebocas en cantidad de millones, los cuales pone a la disposición de los ciudadanos en precios simbólicos, aquí la autoridad se desliga de cualquier responsabilidad en proporcionar dicho aditamento, indispensable en el combate al Covid.

Esa fue la última reforma realizada a un proyecto de dictamen pre-autorizado desde el martes y que ayer en sesión de la Comisión de Salud, tuvo un último clavo, en función de una propuesta presentada por Deyanira Ozaeta, la diputada comodín del PT, a disposición del Ejecutivo estatal.

Dejó al gobierno del estado sin ninguna responsabilidad en proporcionar mascarillas. Todas las cargas y los muertos en la sociedad, y gobierno estatal se lava las manos, gracias a sus personeros en el Legislativo, que ni siquiera son de su partido.

La imagen de la modificación fatídica que hoy seguramente será autorizada por una mayoría simple, en color amarillo la propuesta de último momento de Ozaeta, inserta en nuestra edición digital, pese a que había sido rechazada un día antes.

Desde la sesión mañanera del martes, la incursión de Blanca Gámez y Georgina Bujanda, imperdible, vino a ser el reforzamiento de una débil intervención del Secretario de Gobierno, Fernando Mesta y la Subsecretaria en Salud, la comandanta Mirna Beltrán.

“Dejemos de hacernos patos”, espetó textual en lenguaje florido Geo Bujanda, al disertar profesionalmente acerca de la última ratio, la multa y la cárcel, para obligar al uso del cubrebocas a sabiendas de que miles de familias no pueden pagarlo, y en las actuales condiciones, están en riesgo, y son condenadas al mismo. O tortillas o cubrebocas.

Indudable re-victimización de carácter social, en las urgencias de una administración que ha cometido todos los yerros habidos y por haber con motivo de la pandemia.

“Decisiones tomadas por mentalidades centralistas de técnicos que elaboran iniciativas, con altas dosis de bisoños sin experiencia de calle”, dijo un exgobernador al hablar sobre semejante decisión.

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Fueron no más de cinco minutos los que intervino un especialista en estadística de la Facultad de Zootecnia de la UACH, en vivo y a todo color en la conferencia mañanera de los miércoles, que encabeza Corral.

Sin ningún tapujo de carácter político la exposición. Números fríos basados en indicadores proporcionados entre otros por Google.

El análisis no puede ser otro más que no existe relación alguna en la movilidad y el número de contagios y defunciones.

La gráfica que le mostramos en nuestra edición digital es muy clara. Durante largos meses la movilidad se mantuvo altísima y los casos bajo control. De pronto algo ocurrió, no sabemos qué es, ni la autoridad en salud se ha dignado en informar, que cambió la película y disparó los casos de Covid.

Ahora se impone una restricción drástica a la movilidad como receta a los contagios y muertes, pero totalmente ajena a la estadística.

De risa los intentos del gobernador por interrumpir al técnico que se dedicó a presentar los datos, sin permitir interlocución alguna con el novel conductor que nos sale carísimo a los chihuahuenses, nada menos cerca de los 200 mil pesos mensuales.

Flaco favor a los propósitos políticos por manipular la estadística y presentar datos que nada tienen que ver con la realidad.

En ese sentido, en el afán estadístico estatal, ¿porqué se ocultan el número de defunciones por sistema de salud, es decir, IMSS, ISSSTE, Servicios de Salud e Ichisal, e incluso, los que han muerto en casa?

Ahí existen datos que pudieran ser reveladores y que por ello son mantenidos al margen de la opinión pública.

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Los carritos volteados, entrelazados con cadenas por unos diablitos, con la leyenda “cerrado hasta nuevo aviso”, es un mensaje claro de la irracionalidad en las medidas. Corresponde a Home Depot, pero pudiera ser cualquier otra empresa.

Dependen de ellos cientos sino es que miles de empleos. Al menos durante el día de ayer permaneció clausurado el local. Pero igual se hizo con Elektra y otras muchas empresas, a las cuales bien se pudo hacer el extrañamiento y punto, en función de los claros oscuros legales y constitucionales existentes que están llenando las bolsas de los inspectores.

Pero contrario a ello, existe un empecinamiento en perjudicar a los empresarios y éstos, aún no han tomado la decisión de asumir un frente común firme en contra de las disposiciones que poco tienen de científicas y sí de perjudiciales.

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Imposible no hacer alusión a las acciones que vienen a ser un paliativo efectivo en el combate al Covid, que los ciudadanos han tenido que enfrentar desde su casa.

En Parral se ha contratado un servicio de generación de oxígeno, que se pone a disposición de la ciudadanía para la recarga del insumo esencial ante la pandemia.

Si los hospitales están saturados y las personas están muriendo hasta en áreas de urgencias, la medida auspiciada por Alfredo Lozoya, el alcalde parralense, adquiere matices de gran relevancia y auxilio.