GPS Columna

miércoles, 27 septiembre 2023 | 05:00

-Circunvalación sin placas con patrulla a un lado

-SNTE jala sus hilos; 12 de octubre es la fecha fatal

-Vuelve a las andadas abogado revocado de Aras 

En medio de la nueva crisis humanitaria que vive el estado de Chihuahua por la enésima ola migratoria, los choferes de las plataformas Uber y DiDi están involucrándose en la peor variante del tráfico criminal, el tráfico de seres humanos que buscan desesperadamente llegar a la frontera.

Imágenes captadas el pasado lunes por la noche por visitantes a un centro comercial -disponibles en GPS versión digital- dan cuenta de la organización de varios viajes para llevar migrantes de la capital a Juárez a bordo de vehículos registrados en las aplicaciones de transporte privado.

En el estacionamiento de Soriana del Juan Pablo II y el periférico Vicente Lombardo Toledano, generalmente vacío, son citados por “facilitadores” o “coyotes” tanto los extranjeros enganchados en diversas partes de la ciudad como los conductores dispuestos a llevarse una tajada del pastel.

Apretujados en “carros sardinas”, aunque de modelo reciente, son echados entre cuatro y cinco pasajeros, que van a lo mucho con alguna maleta o bolsa de tela en la que llevan todas sus pertenencias. 

La mayoría de los enganchados son provenientes de Venezuela y son buscados en tapias, vagones abandonados del ferrocarril y en las inmediaciones de la Central Camionera, puntos de encuentro de los indocumentados que realizan travesías por días enteros.

Los costos son variables: según el sapo es la pedrada, de acuerdo a quienes ya conocieron de cerca el negocio criminal extendido hasta el servicio de transporte, algo discreto, pero que no deja de estar a la vista de todo el mundo, así se realice cuando cae la noche.

Pocos pueden pagar los 500, mil, dos mil y hasta tres mil pesos que les quitan quienes los embaucan con la promesa de que van a llegar a la frontera con bien y ahí podrán formarse en las filas de procesamiento emergentes abiertas por el gobierno de Estados Unidos. 

Otros tantos ofrecen lo que consiguieron pidiendo limosnas en las calles y que no les han robado los delincuentes o incluso los agentes policiacos que también tienen bien detectada esta nueva variante de negocio.

Los conductores del transporte de aplicación obviamente no registran estos viajes en sus plataformas, señal clara de la necesaria, urgente regularización del servicio, que hasta la fecha permanece en el limbo y sin vigilancia de autoridad alguna. 

Está latente el riesgo de una o más tragedias de quienes no buscan otra cosa más que mejores condiciones de vida, si los gobiernos en todos sus niveles no aplican políticas efectivas para enfrentar el fenómeno, no sólo en la frontera sino en toda la entidad.

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El chofer de la unidad 521 de la ruta Circunvalación Dos seguro ni preocupación tenía de estar parado a un lado de una patrulla de la Policía Vial, a punto de dar vuelta para tomar la avenida 20 de Noviembre ayer por la mañana.

El camión sin placas daba su servicio habitual, el de todos los días, sin cumplir con la Ley Estatal de Transporte, la cual marca como obligatorias las matrículas vehiculares, así como el resto de los documentos que deben portarse: seguro, tarjeta de circulación y licencia vigente del conductor.

Si las placas que deben estar en lugar exterior visible no las trae el camión, sabrá Dios si cuenta con todos los demás requisitos exigibles por norma.

Claro, no es la Policía Vial la autoridad correspondiente para sancionar esta falta en el caso de los camiones, para eso existen agentes de la Dirección de Transporte. Pero, seguro, los policías viales no perdonarían la multa al conductor de un vehículo particular que circulara en esas condiciones.

Ciertamente ha sido notable la modernización del transporte en la capital del estado y un nuevo orden en la circulación de los camiones de transporte urbano, pero detallitos como éste muestran que la tarea no está terminada. 

Falta mucho para que sean cumplidos los compromisos adquiridos por los camioneros para que les aumentaran el costo del pasaje hace ya más de medio año.

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La dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezada por el maestro Alfonso Cepeda Salas, jaló los hilos de sus secretarios generales de los subsistemas educativos federal y estatal, Eduardo Zendejas y Manuel Quiroz, respectivamente. 

Los profes que llevan las riendas de las secciones Octava y 42 del SNTE fueron presionados para salir a las calles y sumarse al reclamo para que la gobernadora María Eugenia Campos entregue los libros de texto gratuitos enviados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), ahora envueltos en un litigio en el más alto tribunal del país.

Han tratado los dirigentes, por una cuestión de supervivencia política, de mantener en buenos términos la relación con el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, pero están dispuestos a acatar las instrucciones nacionales que con el corporativismo de siempre dicta el SNTE.

Han mantenido el diálogo con la autoridad estatal a través de la Secretaría de Gobierno, porque en la Secretaría de Educación y Deporte, a cargo de Sandra Gutiérrez Fierro, jamás hubo intento por lograr entendimiento; sin embargo, así lo han dicho, ya no pueden estirar más la liga.

Así, este fin de semana habrá de verse una reacción más fuerte de las secciones magisteriales en apoyo a la exigencia de los libros. 

Además, la fecha fatal para tomar acciones más drásticas, si la autoridad estatal mantiene su postura en contra, fue fijada para el 12 de octubre. Es decir para el emblemático Día de la Raza, de la Fundación de Chihuahua y de la llegada de Benito Juárez a la entidad para mantener a salvo la república.

La paralización de las escuelas públicas estatales o federales sería la parte más alta de eventuales protestas en lo que queda de septiembre y comienzos del mes que viene, lo que debería presionar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación tanto como al Gobierno del Estado.

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La pelea por la representación legal de Aras Investment Bussines Group no ha terminado pese a que, desde el pasado 30 de junio, estaba lista la revocación del poder otorgado a Luis Alberto Benavides, cabeza del Corporativo Legal Benavides, tras ser acusado de extralimitarse en sus facultades y celebrar acuerdos con autoridades y defraudados. 

El conflicto estalló con un comunicado en el que Aras reconocía a Érika Jasso Carrasco como la representante facultada para realizar este tipo de acciones y no así a Benavides, a quien en su momento la empresa le dio un poder limitado para pleitos y cobranzas. 

Hace tres meses comenzó el proceso de revocación de dicho poder ante un notario y, aunque sólo faltaba notificarle al licenciado Benavides, él no dio su brazo a torcer y fue por la vía judicial a pelear la representación legal de la financiera, según nos comentan. 

Incluso, dicen, sigue en las andadas con mesas de trabajo para seguir celebrando acuerdos y negociaciones entre las partes, aunque la licenciada Jasso, que también representa personalmente al exCEO, Armando Guitérrez Rosas, ha asegurado que dichos actos no serían reconocidos.

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Lamentable la ejecución de la joven deportista universitaria en la colonia Chihuahua 2000, caso en el que las autoridades estatales y municipales dieron respuesta inmediata, logrando la detención de un presunto sospechoso a pocas horas de registrarse el hecho.

Fue posible seguir el rastro de quien se presume es el autor material del crimen, gracias a las cámaras de la Plataforma Escudo Chihuahua Capital ubicadas en la zona. Fueron esos videos los que permitieron darle seguimiento y ubicarlo, para proceder al arresto y posterior entrega a la Fiscalía General del Estado.

No se sabe aún el móvil del crimen, pero la investigación está en marcha, por lo que se espera que se logre resolver a la brevedad y no haya impunidad en este caso que conmocionó a la comunidad.