Opinion

-Los 100 secuestrados y los arreglos con polleros

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GPS / Columna

jueves, 12 mayo 2022 | 05:00

-Seguirán apapachando a diputados faltistas

-La responde saludo ‘El Profe’ a Loera

-Bonilla y Salas atentos al WhatsApp

Fueron agentes de la Fiscalía General del Estado, de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, los que la noche del martes intervinieron para liberar a 100 migrantes que estaban privados de su libertad en un inmueble al norte de la ciudad.

Era poco el tiempo que tenía el grupo hacinado en un bodegón cerca de la esquina de las calles Sandinistas e Ignacio Rodríguez, cruce que divide las colonias Tierra y Libertad y Diego Lucero.

Pero es una zona muy patrullada por la Policía Estatal, no se diga por la Policía Municipal. Ninguna de esas corporaciones fue convocada al operativo de “rescate”, término utilizado oficialmente aunque sea una liberación con cero investigaciones contra los responsables del delito de tráfico de personas.

De nueva cuenta, tras el operativo, surgieron las versiones de que esos grupos de migrantes no llegan solos, sino dirigidos por “polleros” bien arreglados con policías, quién sabe hasta qué niveles de mando.

En realidad no se entiende la operación de bandas dedicadas al tráfico humano -que contactan, cobran, esconden, transportan y muy seguido abandonan su “mercancía”- sin la participación de autoridades, mínimo para hacerse de la vista gorda.

De ahí las desconfianzas para lograr una coordinación de todas las corporaciones de seguridad. Si así, en operativos de sorpresa, armados en caliente y de forma discreta, nunca son detenidos los responsables, sería peor si son incluidos policías sospechosos de estar metidos en el negocio.

Porque esa es otra realidad. Desde septiembre pasado a la fecha han sido “rescatados” cerca de un millar de migrantes en grupos de 10 hasta 300 personas, pero se cuentan con los dedos de una mano los detenidos acusados formalmente ante la justicia.

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Publicamos en este espacio hace unas semanas que los diputados faltistas justifican su ausencia sin despeinarse siquiera, con un simple oficio.

Enhorabuena que la diputada Carla Yamileth Rivas Martínez haya recogido ese sentido reclamo ciudadano y lo haya evidenciado en tribuna mediante formal iniciativa respaldada por su grupo parlamentario, con reconocimiento a esta casa editora.

Es gran avance exigir mediante reforma a la Ley Orgánica y demás ordenamientos administrativos que se justifique mediante documentales y firma autógrafa del solicitante, la ausencia de los diputados, y se cree un fondo para beneficencia con los sueldos, dieta y prestaciones retenidas, pero no es suficiente.

Siendo los legisladores parte de la cúpula dorada de los funcionarios públicos, con sueldazos de 170 mil pesos mensuales, debería ser justificada su ausencia sólo por motivo grave o insalvable, y no para “cumplir sus responsabilidades como diputado”, con viajes de placer o comilonas con larga sobremesa.

Un accidente, la muerte de alguien cercano en primer grado, una enfermedad que lo tenga hospitalizado, algo así, debiera ser la justificante, porque lo que se propone prácticamente les da manga ancha para seguir haciendo de las suyas, sobre todo cuando deposita en la mesa directiva la discrecionalidad de valorar el justificante. Ahí se pagan los favores.

Esa iniciativa con carácter de decreto, a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones, en materia de inasistencias de las diputadas y los diputados a sesiones de pleno y reuniones de comisión, así como la sanción pertinente cuando no se justifiquen correctamente, amenaza con ser más de lo mismo, pura simulación.

Un toquecín de transparencia adicionalmente no estaría nada mal, por ejemplo, que se hiciera público el oficio y las documentales que justifiquen la gravedad de la falta, pudiera al menos ser un acicate para que tomen en serio su presencia en las sesiones de pleno o de comisión.

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Se colocó imprudentemente en la rayita del castigo penal la inocente funcionaria que por quedar bien con no sabemos quién, mandó sendo oficio firmadito por ella misma para pedirle a sus funcionarios subordinados administrativamente, acudir a un evento del PAN.

Mínimo es imprudente la acción, porque envía reflectores hacia la administración municipal en un tema que ninguna necesidad hay, cuando la directriz ha sido atender proyectos prioritarios para dar buenos resultados, camino a una altamente probable reelección.

Hay sin duda elementos atenuantes que minimizan la gravedad de la falta, el más importante de ellos, que no nos encontramos en comicios, porque si estuviéramos en proceso electoral muy bien pudiera encajar en alguno de los delitos de servidores públicos, que de manera prolija fueron puestos ahí.

Es muy probablemente esa una de las fallas de la legislación general en materia de delitos electorales, que la mayoría de las conductas penales se refieren a actos de pre campaña o campaña.

Pero, en fin, no sería nada extraño que la Fiscalía General de la República pudiera abrir alguna carpeta de investigación de esas oficiosas, sólo para acalambrar. Son muy buenos para ver la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga en el propio.

En estos momentos estaría la FGR sepultada en expedientes penales con sólo haber atendido algunas pocas de las conductas de servidores públicos morenistas durante la pasada consulta de revocación de mandato, en la cual sin pudor alguno se exhibieron inclusive en horas laborales, coaccionando y orientando la decisión ciudadana, muchos de ellos beneficiarios de programas sociales.

El colmo en la conducta de esta funcionaria municipal es que el evento partidista al que “invitó” a los subordinados, era para refrendar el compromiso con un código de ética. Pésimo mensaje.

Bien la decisión de separarla del cargo inmediatamente para que se estudie el asunto por el órgano de control interno o quien corresponda, que no haya duda de la política de no tolerancia como marca de la casa.

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En las pasadas elecciones a gobernador, el candidato Juan Carlos Loera, y su equipo, administraron los recursos que por campaña le correspondían a Morena. La película la tiene más que clara el profe Chaparro, cuyo pecho no es bodega.

Le gustó a Loera gastar los miles paseándose por todo el estado, pero descuidó la indispensable comprobación del gasto, a través de los informes que deben rendirse a la autoridad electoral.

Como consecuencia, llegó multota histórica al partido, quien debió apechugar la irresponsabilidad del equipo de campaña encabezado por Loera.

Aún hoy en día se pagan los platos rotos, porque se hace un descuento considerable de las ministraciones mensuales que realiza el Instituto Estatal Electoral.

Por si eso no fuera poco, los pesos que sobran, que tampoco son migajas, porque nada más en marzo se depositaron cuatro millones y medio de pesos, no se quedan en Chihuahua, el manejo se realiza por control remoto desde la Ciudad de México, por el líder nacional, el amiguísimo de Loera, Mario Delgado. ¿Así o más claro el estrangulamiento del morenismo chihuahuense?

Cero margen de maniobra para el cansado dirigente estatal morenista, que se tuvo que quedar al frente del partido mucho más de lo que estatutariamente le correspondía, y aun así pretendieron colgarle muertitos que no son suyos.

No le extraña por tanto al profe el saludo enviado desde Juárez por Loera. Ni uno ni el otro se consideran mutuamente santos de la devoción, menos por el agandalle del financiamiento y las culpas arrojadas al profe.

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No sería nada extraño encontrarnos de repente con que el exgobernador de Chihuahua de triste memoria, Javier Corral, ha dejado de ser “Lic” para convertirse en “Doc”.

Y a nadie extrañaría, porque así de repente apareció con un título profesional de Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales, expedido por una universidad sinaloense, en donde terminó lo que no pudo en la UACJ.

El ¿cómo le hizo? siempre ha sido un misterio, porque su residencia estaba en Chihuahua y en la Ciudad de México, muy lejos de Sinaloa.

Pero ahora resulta que en su perfil biográfico aparece una tesis doctoral, así como lo escribimos, tesis doctoral denominada “La Reforma de los Medios, Camino para la Auténtica Democratización de México”.

Así está expresamente en la página que es pública y que muestra su perfil biográfico, en imagen que publicamos en nuestra edición digital.

Como es el mismo título de su supuesta tesis de licenciatura expedida por la Universidad de Occidente, pensamos que es un auto-gazapo, con el cual se deleita en sus devaneos y sueños de grandeza.

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Este jueves el alcalde Marco Bonilla y el director de Seguridad Pública, Julio César Salas, presentarán una novedosa estrategia que consta de crear grupos en WhatsApp en cada colonia donde los vecinos previamente registrados formarán parte.

La idea es que puedan enviar denuncias directamente a la Policía Municipal y complementar el sistema del 911 que ya existe. El jefe Salas estará a cargo de la supervisión de los grupos, para que no le cuenten.

Será a las 11 de la mañana en el Teatro de la Ciudad cuando sea presentada esta red que se ha venido cocinando desde que el alcalde tomó protesta y que hoy a ocho meses de la administración ya está lista para empezar a funcionar.

La policía al alcance de un WhatsApp, es el slogan de esta estrategia.

La red empezó a construirse desde el mes de noviembre y en la actualidad ya hay más de 200 grupos de WhatsApp funcionando en toda la ciudad. 

Uno de los beneficios es la cercanía con la que se operan estos grupos y la proximidad que es el sello característico que busca tener la Policía en la administración de Bonilla.