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martes, 05 marzo 2019 | 01:21

-El negocito de las copiadoras en Vivebús

-La revolcada sube a los ‘medios nacionales’

-Lagunas mayúsculas en estancias infantiles

-Ya se ve Carlos Mario como nuevo fiscal

No hay regulación alguna al respecto. Ni de transporte ni de ninguna otra autoridad. El caso es que algunos choferes de Uber y Didi han colocado cámaras para grabar video y audio de sus pasajeros.

La grabación, según nos han dicho nuestros amables lectores, se realiza sin darle cuenta o informarle al pasajero o pasajeros. Simplemente al subirse al carro el video ya está encendido.

La excusa que les han dado cuando ellos llegan a preguntar es que se trata de un tema de seguridad, y que los datos son manejados con discreción, y que sólo serían utilizados en caso de ser necesario.

Sin embargo, la historia indica que son videos sensibles tomados a personas sin su consentimiento. Hay mucha información, imágenes y audios, distribuidos por las redes sociales.

Incluso hay programas que tienen un alto nivel de rating, la mayoría utilizados sin consentimiento de quienes aparecen en los mismos.

Asunto en el cual la autoridad debe tomar cartas y regularlo, para protección de los choferes de autos que prestan este tipo de servicios, y de los propios usuarios, pero teniendo como base el consentimiento expreso del usuario.

Mientras no haya regulación el abuso es palmario.

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Algunas de las principales críticas a la anterior administración estatal han sido los negocios realizados al amparo del poder.

Negocios no sólo grandotes como las medicinas y servicios subrogados en materia de salud, sino pequeños, imperceptibles, pero dispersos por todo el aparato gubernamental.

Nos encontramos ahora con evidencias de un asunto apenas perceptible, minúscula presencia con islas automatizadas de copias en terminales de la ruta troncal del transporte.

Un servicio moderno que permite al usuario obtener copias o escanear sus documentos las 24 horas, los 365 días del año.

La foto que le presentamos en la versión digital corresponde al aparato localizado en la terminal norte, allá en la Homero y Tecnológico.

Consume energía de las instalaciones gubernamentales y ocupa un espacio, como cualquier máquina expendedora de productos. Pensamos que por ello paga una renta.

Desconocemos el tipo de autorización con que cuenta y cuáles son las condiciones de la misma, en función de la retribución que obtiene la operadora de transporte.

No es el gobierno del estado el único cliente de la empresa identificada como Odisea Solutions, sino también lo es el Ayuntamiento, el ISSSTE, Universidad Tec Milenio y la Facultad de Ciencias Químicas de la UACH. Hay contactos, ni dudarlo.

Este tipo de rentas constituyen un negocio permanente de las instituciones que tienen un tráfico intenso de personas, ingresos que por lo mismo deben tener transparencia y regulación, pero que de manera lamentable son manejados de manera discrecional en la mayoría de los casos.

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El pleito de fin de semana, ocurrido en el Ángel, se trasladó a los medios de comunicación masiva por parte de Javier Corral y Andrés Manuel López Obrador.

El presidente utilizó la conferencia de prensa para lavarse las manos en relación con los abucheos a los gobernadores, que volvió a repetirse en Chihuahua, Sonora y Baja California.

Del asunto, la posición presidencial es radical: si los gobernadores no quieren estar en sus eventos, pueden quedarse en sus despachos, y él irá a verlos.

Es una manifestación de rudeza con los gobernadores, como no se había visto desde hace mucho tiempo.

Pero ellos no están atados de manos. Corral ofreció una entrevista a Pascal Beltrán del Río, que luego repitió en sus términos en radio ayer muy temprano.

Acusó a la presidencia de realizar actos partidistas en lugar de actos de gobierno, con acarreados y porros armados con megáfonos.

Una estrategia operada desde Morena para socavar y ridiculizar a los gobernadores. Corral no dejó nada en el buche en relación con la revolcada del sábado.

Igual que el presidente, polariza el asunto: no asistirá a más eventos partidistas del gobierno federal.

Hay entonces un agudizamiento del enfriamiento de las relaciones que no conviene a nadie, ni a los actores ni a los ciudadanos, porque las diferencias amenazan con trasladarse a temas sensibles, como la economía o la seguridad, porque más que se diga lo contrario.

Un presupuesto manejado desde México que ahorca a las entidades y una seguridad que estará a cargo de la guardia nacional, y que pasará por encima de la autoridad local. Esas son las vísperas.

De ahí en más, las declaraciones del gobernador en México -el centralismo que él mismo acusa- nos dice lo que todos sabíamos: que el sábado López Obrador llegó, estrecharon manos, luego pasaron al evento, y se despidieron. No cruzaron palabra alguna adicional a lo estrictamente necesario.

No hay la mínima comunicación ni mucho menos empatía. En estos términos, Juan Carlos Loera, el súper delegado federal adquiere notoriedad como enlace.

El problema, es que, entre líneas, Corral ya expresa desconfianza severa, al insinuar una celada o trampa leonera que ya habíamos advertido en este espacio, y donde Juan Carlos aparece como protagonista de un doble juego perversillo e incómodo con los suyos y con los de enfrente.

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Las reglas de operación de las estancias infantiles ya se publicaron, pero eliminan a las organizaciones de la sociedad civil. Y si las mencionan sólo es para reclamarles el reintegro del recurso entregado en 2018, de acuerdo con el número de niños atendidos, y a la antigüedad de estas.

Causa preocupación que la publicación que ocurrió el pasado jueves 28 de febrero, sólo se refiere a los municipios indígenas, los cuales detalla. En Chihuahua serán Balleza, Batopilas, Carichi, Guachochi, Urique y nada más.

Pero no se refiere a los otros municipios de alta marginación, altos índices de violencia, zona fronteriza, zona turística o que resulten estratégicos para el desarrollo. Las lagunas son mayúsculas.

De enero y febrero, servicios prestados por las estancias ni hablar. El recurso va a las madres y padres, aun y cuando ellos hayan prestado el servicio.

Que se las arreglen como puedan.

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En el informe regional en Delicias que rindió el gobernador Javier Corral Jurado, llamó la atención la deferencia al fiscal de la Zona Centro, Carlos Mario Jiménez Holguín, quien participó en la apertura de uno de los temas, el de seguridad obviamente.

En ese modelo nuevo de informe, donde algún colaborador estatal abre la puerta al mandatario para que se explaye, participaron también el Secretario de Salud, Jesús Enrique Grajeda; la Secretaria de Economía, Alejandra de la Vega, por segunda ocasión, ya que también abrió en Chihuahua; el Secretario General de Gobierno, César Jáuregui; y el nuevo titular del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa, el siniestrillo José Luévano, exsecretario particular de Corral.

Exacto, el fiscal Jiménez Holguín fue el único de segundo nivel, no panista ni políticamente afín a Corral Jurado, que tuvo participación en un informe.

Luego el gobernador explicó, sin que nadie lo pidiera, que este gobierno sí puede presumir a sus fiscales, para pasar después a ametrallar con sus cifras y cuentas alegres propias del informe oficial y publicitario de un gobierno.

Pero la mención no fue gratis.

Jiménez Holguín, exjefe de Averiguaciones Previas, de los más profesionales agentes del Ministerio Público que ha tenido la extinta Procuraduría de Justicia y posterior Fiscalía del Estado, está en la terna para suceder en el cargo al fiscal César Augusto Peniche, quien ya trae oxígeno prestado desde hace algunos meses, sino es que desde hace un año.

El titular de la zona centro es visto como uno de los más fuertes, no por cuestiones políticas sino porque aparece entre los mejor evaluados de los que tiene el estado.