Opinion

-Mientras los políticos duermen las mujeres mueren

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GPS / Dominical

domingo, 11 octubre 2020 | 05:00

Decir que no hay solución a los crímenes cometidos contra mujeres por razón de género es lo menos. Existe una incapacidad institucional para prevenir, investigar y castigarlos, pero además en una ridícula postura, no se acepta y se patea el bote irresponsablemente hacia adelante. La abulia es terrible.

Hay terror a admitir la alerta de género, que ha sido retrasada injustificadamente durante largos meses, sin que dicha medida, de visibilización y responsabilidad oficial, entre en vigor. Las solicitudes fueron presentadas desde junio.

Detrás de la alerta están etiquetados recursos económicos, se supone, pero ni eso llama la atención en tiempos en que el dinero es escaso, en una administración corralista quebrada y ahogada en deuda a corto y largo plazo.

Las zancadillas a tal medida han sido soterradas, pero algo se ha filtrado. El Congreso, desde un primer momento, con Blanca Gámez a la cabeza, hoy entronizada en la presidencia de la Mesa Directiva, ha sido un dique, en lugar de ser un facilitador, defendiendo las fracasadas acciones estatales.

En agosto del año pasado se reunió la legisladora con el grupo de trabajo. Bajaron el cielo, la luna y las estrellas, con felicitaciones comunes por acciones, que se dijo, colocaban a Chihuahua por encima de muchas entidades en la materia. La mala noticia es que los crímenes continúan sin detenerse. Pudo a rajatabla no pedirse la medida, sino exigirse. La demagogia debió dejarse de lado.

El grupo de especialistas designado, ocho mujeres, cuatro académicas y cuatro funcionarias públicas, no han entregado el dictamen definitivo que abriría la puerta a la alerta. Urge ese documento porque desafortunadamente Chihuahua vive un resurgimiento del crimen de odio contra la mujer.

Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Veracruz, Nuevo León, y ocho entidades más, tienen la alerta. Chihuahua ni siquiera es contabilizada dentro de los procedimientos en trámite, ni a solicitud llega en la página oficial de la Secretaría de Gobernación.

Está la entidad en los primeros lugares nacionales, estadística negra. La alerta de género no es una varita mágica, pero es un mea culpa estatal que se niega, pese a que la verdad se encuentra a flor de tierra. En muchos casos, insepulta incluso.

Los cuerpos de las mujeres se acumulan sobre vialidades céntricas, en basureros o en lejanos caminos de terracería.

 El relato es tétrico y brutal.

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 El homicidio con motivo de género no distingue edades, posición social ni cualquier otra condición.

Jocelyn era una niña de seis años. En su inocencia nunca pensó lo que podría pasarle bajo el cuidado de sus abuelos.

Fue abusada sexualmente y asesinada por estrangulamiento en la ciudad de Chihuahua, en el Fraccionamiento Real Carolinas, donde se resguardaba irónicamente del Covid.

En Juárez, Aidee murió por asfixia. Utilizaron un alambre para quitarle la vida.

Tania fue localizada en un hotel ubicado en la zona centro de Juárez. Allá mismo, el cuerpo de Isabel Cabanillas, fue encontrado en las calles Ochoa y Madero. Es una colonia popular, podría decirse céntrica. Dos balazos le quitaron la existencia. Era una defensora de los derechos de la mujer, reconocida por su activismo en colectivos de la frontera.

Annier fue localizada en su casa en la colonia Romanzza. Tenía huellas de violencia. Murió de un balazo, aquí en la capital.

Araceli discutió con su pareja acaloradamente en su casa en Villa Juárez y éste la mato con un cuchillo. Los paramédicos llegaron a darle ayuda, pero no pudieron hacer nada por ella. La herida era demasiado profunda.

En el seccional Pascual Orozco, en el municipio de Guerrero, María Elizabeth no tuvo oportunidad alguna. En su hogar fue asesinada con arma blanca.

En Santa Isabel, en el Barrio Las Colonias, Lucero murió a golpes. Con los puños, su pareja la lesionó hasta arrebatarle la existencia. Ni cómo negarlo. Tenía en sus manos las huellas de la paliza asesina.

El cuerpo de Concepción fue abandonado camino a Carrizalillo. Murió a consecuencia de las lesiones producidas con una piedra.

Es emblemático el homicidio de Susy. La Fiscalía de la Mujer originalmente informó que se trata de suicidio luego fue revelado el asesinato. Su entonces marido fue detenido como responsable de tales hechos, pero luego fue liberado por orden del juez. 

En el recuento faltan decenas de mujeres asesinadas que no han sido clasificadas como feminicidio. Están ausentes también aquellas que no están identificadas.

Serían necesarias muchas páginas y tinta para narrar la tragedia completa y el drama que trae consigo en huérfanos y dolor de familias que no cesan en su llanto.

Nada más en 2020 se contabilizan 23 feminicidios, casi los 29 ocurridos en 2019, insistimos, con una métrica rigurosa que ha sido cuestionada porque maquilla la gravedad del problema.

Del 2016 al 2019 casi 700 mujeres habían sido asesinadas. Sus casos no son tomados en cuenta como homicidios por razón de género. No se diga los que van en este año, que ha sufrido un repunte en la estadística de homicidios.

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Las académicas que trabajan en la documentación que sirva de base y fundamento para la declaratoria de alerta de género, son las menos responsables del retraso en la adopción de la necesaria medida.

La decisión final no es de ellas. Son sin duda la hebra más delgada. Detrás están las autoridades estatales y nacionales, especialmente los institutos responsables de velar por la mujer.

Hay sin duda una determinación de carácter política, inaceptable, para que no entre en vigencia la alerta. No podemos pensar otra cosa, dada la dilación.

Es cierto que el procedimiento ordenado por ley es tortuoso y se antoja incluso innecesario. Las solicitudes presentadas en su momento tanto por la Comisión Estatal de Derechos Humanos como de la Nacional, están más que fundamentadas. Pudieron ser aplicadas así como venían y nadie cuestionaría la decisión.

Es una amplia relatoría de hechos y soporte jurídico. Son 22 y 28 páginas respectivamente que no tienen desperdicio alguno. Las tablas con números y los artículos referentes a normas nacionales e internacionales son profusas.

Se evidencia con suficiencia el contexto de violencia feminicida, en particular en Chihuahua y Juárez, durante los últimos años y la responsabilidad del Estado en adoptar políticas públicas.

“Resulta ineludible que sea declarada la alerta de violencia de género contra las mujeres en Chihuahua para que el Estado cumpla con su responsabilidad de atender la problemática de la violencia feminicida en el marco de los derechos humanos y garantizar que todas las mujeres gocen de una vida libre de violencia”, remata el documento firmado por el entonces titular de la CNDH, Luis Raúl González.

Lo propio se hizo en el Estado. El presidente de la CEDH, Néstor Armendáriz, acreditó la necesidad de la medida, en un largo recuento jurídico y enunciación de casos.

Pero las solicitudes quedaron ahí. Como simples peticiones para iniciar un procedimiento que parece no tiene fin.

Hay una palpable violación al derecho humano de las mujeres, ya no sólo a vivir sin violencia, sino incluso al acceso a la justicia, por la impunidad reinante.

El drama para Chihuahua va en el sentido de que quienes debieran estar trabajando en una estrategia para ayudar o para coadyuvar o defender a las mujeres, no lo están haciendo porque ahí están las pruebas. Mientras tanto las mujeres siguen muriendo.