Opinion

-Nada evitó que arrancara La Golondrina

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GPS Columna

sábado, 12 noviembre 2022 | 05:00

-La pregunta es ¿quién los dejó entrar?

-Van por blindaje en ciberseguridad

-Se juntan el agua y el aceite

Pese al intento de tomar la escenografía de La Golondrina y su Príncipe desde las primeras horas de ayer, los detractores de la puesta en escena no pudieron evitar que miles de chihuahuenses se dieran cita al parque El Palomar para presenciar la obra de Alberto Espino. 

Desde que fue anunciada la inversión de cerca de 35 millones de pesos para realizar este proyecto multidisciplinario que se presentará en 12 funciones en el Foro El Palomar comenzaron a surgir voces en contra que se quejaban por la elevada inversión realizada por el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado. 

No dudamos de las legítimas quejas de algunos grupos de artistas y creadores que consideraron excesiva la inversión en una sola puesta en escena, sin embargo, tampoco es mentira que detrás de muchos grupos “defensores de las artes y las finanzas públicas” hay actores ligados a Morena y al exgobernador Javier Corral Jurado, que buscan cualquier pretexto para denostar el trabajo de ayuntamiento y la administración estatal. 

Tan solo ayer por la mañana se arremolinaron manifestantes que pretendieron “tomar” las instalaciones de El Palomar para impedir que se concluyera con el montaje de una obra que, sí o sí, tendría su primera función esa noche. 

Todavía al mediodía seguía el diálogo entre las partes, pero las autoridades supieron negociar y evitar que el conflicto escalara innecesariamente, pues a nadie hubiera servido que la protesta deviniera en pleito, ni para los organizadores, ni para las autoridades, ni para los artistas con intereses legítimos que bien pueden plantear y acordar apoyos directamente con las autoridades sin dejarse guiar por los intereses menos nobles de quienes sólo buscan beneficio, la ya conocida “raja política”. 

La pregunta es ¿quién dejó pasar a los “artistas”? Evidente la falla de seguridad, o la colusión de alguno de los cuerpos de seguridad instalados en el área, cuando existía el anuncio más que anticipado de la peculiar protesta.

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Debió haber en ese conflicto la intervención directa del secretario de Gobierno, César Jáuregui y la secretaria de Cultura, Alejandra Enríquez.

Las peticiones por partes de los colectivos manifestantes son la creación de un consejo consultivo ciudadano, mejorar las infraestructuras de los teatros y bibliotecas, un diagnóstico de infraestructura cultural, lineamentos legales para el fondo de cultura y descentralizar los eventos, para llevarlos a todos los municipio del estado.

Como respuesta, la secretaría de Cultura se reunirá el viernes 18 de noviembre del presente año para proponer un plan de acción hacia la creación del consejo consultivo, mediante una planificación que se llevará en conjunto. 

La intención es recuperar la mayor parte del presupuesto para la Secretaría de Cultura, pero no sólo del Estado, sino buscar apoyo por parte del gobierno federal y así como alternativas del sector privado.

El proyecto cultural incluye la intervención de la recién anunciada Secretaría de Pueblos Indígenas, para incorporar a la zona serrana con intervención de organismos de la sociedad civil y las comunidades jesuitas con un plan de desarrollo integral.

Quedó claro que el presupuesto para la obra de teatro no afecta programas de la Secretaría de Cultura, y que salió de otras áreas de gobierno y municipio, por partes iguales.

A la reunión asistieron entre otros Luis Bizarro, Luis Navarrete, Jesús Dane Reyes, Yaunde Santana, Perla de la Rosa, Semi Ugalde, Sagrario Silva, Rogelio Quintana, Holda Ramírez.

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Casi la mitad de las comisiones de regidores han sido omisas en sesionar en lo que va del año, por lo que sus asuntos, muy importantes para la buena marcha del ayuntamiento, podrían estar más que dormidos.

Son 14 las comisiones cuyos regidores titulares no han tenido la iniciativa de convocar a sesión y mucho menos de realizarla, de acuerdo al reporte puntual que la sindicatura presentó en el último informe.

Las comisiones en esta situación son las que tienen que ver con asuntos de transparencia, rural, ecología, unidas de ecología y desarrollo urbano, unidas de fomento económico y gobernación, deporte, sociedad civil y asuntos religiosos, fomento económico, juventud, cultura, trabajo y previsión social, salud y gobernación, unidas de ecología y gobernación, y procesos electorales.

Esta última es peculiar, porque es presidida por la misma síndica municipal, Olivia Franco, quien debió convocar a sus compañeros y nunca lo hizo. Es ella misma quien balconea –en estricto cumplimiento de su función- la ausencia de reuniones.

Tenemos la foto del informe respectivo, con el señalamiento.

Las otras comisiones son presididas por Ernesto Ibarra, Graciela Rojas, Juan Pablo Campos, Alejandro Morán, Elvira Villarreal, Eliel Garcia, Ishtar Ibarra, Ana Lilia Orozco y María Borruel, del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y Morena, quienes tienen tacha por incumplimiento de sus tareas, incumplimiento que por cierto es muy democrático.

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Los titulares de las áreas informáticas de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), fueron concentrados esta semana para una estandarización de procesos en materia de cíber seguridad.

La estrategia para blindar a la institución educativa corre a cargo del responsable de Tecnologías de Información, Mónico Payán y de la cabeza en materia de ciberseguridad, coordinador de seguridad digital de la Universidad, Erick Rodríguez.

El reto actual en principio es sensibilizar a los responsables, encargados y usuarios de servicios internos informáticos de la Universidad acerca de las políticas de seguridad informática que evitarán poner en riesgo las operaciones.

Las principales acciones emprendidas para garantizar la seguridad de la información que diariamente transita por la red de la Universidad, conformada por datos administrativos, académicos y de usuarios de la red, consisten en mejorar el control y gestión de recursos tecnológicos, reducir las condiciones que propician ataques, incrementar la capacidad de reacción y reducir el nivel de afectación cualitativa y cuantitativa ante un incidente informático.

La realidad es que los cíber ataques se han incrementado hasta 5 veces desde 2016 hasta el 2021, siendo el sector educativo a quien más van orientados con el 82% de estas actividades criminales. 

No es entonces ocioso y sí muy importante que se tomen estas providencias, ante los riesgos constantes por infección de equipos, afectación de operaciones, pérdida de accesos y robo de información, latente siempre en una sociedad interconectada por la web.

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Ya andan generando movilizaciones los vendedores ambulantes que, como cada año, buscan acaparar la llamada ExpoLiber con sus puestos de ropa, calzado, comida y cuanta cháchara podamos imaginar. 

Ya comenzaron las fechas donde la gente sale desbocada a las calles para hacer compras navideñas y aprovecha las ofertas -o supuestas ofertas- del Buen Fin. Por ello, los golondrinos no perdieron ni un minuto de ayer para montar sus puestos, pese a la falta de permisos por parte del Ayuntamiento. 

Cada año se arma la trifulca entre locatarios establecidos del centro de la ciudad y los ambulantes que consideran injusto que no se les incluya en estas actividades comerciales, pues llevan toda una vida desempeñándose en el comercio informal. 

Habrá que ver en qué culminan las negociaciones entre comerciantes y autoridades de la Secretaría del Ayuntamiento, que ayer se sentaron a dialogar para ver el destino de cerca de 20 puestos de elotes, ropa, juguetes y demás frituras que se montaron en la calle Libertad. 

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Tremenda sorpresa, casi equiparable a un milagro, fue ver juntos a dos sectores que han sido como el agua y el aceite. Se trata de los integrantes del movimiento campesino (que nomás no acaba de prender) El Barzón, liderados por Martín Solís y los Le Baron, representados por el ex  delegado de Conagua, Alex Le Baron, quienes hicieron las paces y pretenden salir en conjunto a defender el sector agropecuario.

Nadie podía creer que estos dos personajes engullan -sin hacer gestos- sus fobias.

Durante todo el quinquenio de Javier Corral la familia Le Baron y los barzonistas protagonizaron fuertes encontronazos como el vivido el 30 de abril de 2018 en el rancho La Mojina, ubicado en el ejido Constitución del municipio de Buenaventura, el cual fue invadido por los productores que encabeza Martín Solís para detener la presunta explotación ilegal de pozos dentro de las tierras lebaronesas.  

Los pleitos siguieron ante en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa bajo los números de expediente 56 y 57 donde las partes se dieron con todo, ya para defender la legalidad de sus pozos, ya para acusar de explotación indebida de recursos hídricos.

Los ataques muy subidos de tono se calmaron tras la tragedia vivida el 4 de noviembre de 2019 en Bavispe, Sonora, donde varios miembros de la familia mormona fueron asesinados. Aunque los ataques a los barzonistas por parte de los Le Baron bajaron de tono, su coraje se focalizó casi totalmente contra el ex mandatario Javier Corral. 

En una tregua inesperada, parece que ambos grupos pretenden caminar juntos para defender lo que tienen en común, el campo.