Opinion

-Nada impedirá ya la asunción de Maru

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GPS / Columna

lunes, 06 septiembre 2021 | 05:00

-Un regalito para el Instituto Chihuahuense de las Mujeres

-Callan como momias por el semáforo verde

-Imparables robos y cuotas en escuelas

El último escollo jurisdiccional con profundo olor a político que pudiese haber impedido la toma de protesta de María Eugenia Campos Galván, cayó en la ciudad de México.

Le bastaron a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación apenas unos cinco minutos para leer la sentencia y votarla por unanimidad.

Ni se despeinaron los magistrados con la revisión del asunto, más cuando acaba de pasar un torbellino por las mismas oficinas del tribunal, con varios presidentes en menos de un mes.

Carecía la pretensión de Morena, impulsada por Juan Carlos Loera, de asidero alguno, toda vez que no pudo demostrar el rebase de topes de campaña.

Menos cuando había una diferencia de 130 mil votos entre ambos contendientes. La pretensión era un despropósito construido sobre las rodillas ante la ausencia de un litigio inteligente.

Nada hay ya, salvo la inquina, mala fe y rabieta del gobernador que se va, que pudiera interponerse entre la gobernadora electa y su toma de protesta ante el Congreso, este miércoles.

Pero esa malevolencia se quedó frustrada en el camino. Le faltaron tamaños en el momento preciso para dar el último paso del dictador caprichoso y criminal.

El camino de Maru Campos a la titularidad del poder ejecutivo se resume en la palabra ruindad de quien desde el primer momento trató de imponerse por mera hormona.

Generó Corral dos causas penales, una pretendida reforma electoral frustrada y un plebiscito amañado, en un entramado mañoso para descarrilarla a como diera lugar.

Todo ello en medio de una estrategia mediática nacional y local de golpeteo, en redes sociales, mediante comunicación social, con Manuel “Igor” del Castillo y funcionarios de todos los niveles plegados a la directriz del mandatario.

Maru Campos escribió al respecto en Twitter: “El @TEPJF_informa confirmó la decisión de los chihuahuenses, y un proceso electoral ejemplar. Muchas gracias nuevamente a todos por su apoyo, ya estamos a pocos días de iniciar el nuevo gobierno y hacer juntos el mejor futuro posible”.

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La publicación en el Periódico Oficial del Estado el sábado pasado, de la resolución adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declarando inválidas reformas locales en materia de extinción de dominio, tiene una gran relevancia. Es un golpanazo al ego de la administración estatal en el corazón de los expedientes equis.

Carecía el Congreso del Estado de Chihuahua de facultades para legislar en la materia desde que en 2019 el Congreso de la Unión emitió la legislación respectiva. Le pasó de noche a la dormilona Consejería Jurídica, a la Secretaría General de Gobierno y a la Fiscalía General del Estado.

Son inválidas dichas reformas adoptadas en 2019 desde mayo del presente año en que se emitió la resolución. Habrá que revisar las determinaciones adoptadas de ese año a la fecha, porque caerían en la invalidez, al estar fundadas en normas que resultan inconstitucionales.

Es obvio. La mirada está centrada en los bienes incautados en la operación Chihuahua y que podrían estar viciados de origen de acuerdo a las normas que se aplicaron para fundamentarlos.

Menudo brete en vísperas de dejar el cargo, cuando ya están alistando maletas y diciendo adiós desde la escalerilla de un avión al extranjero.

Las disposiciones inválidas son aquellas que incorporan los conceptos de disposición anticipada, fondo de reserva, monetización y venta anticipada; regulación de cuestiones relativas a la administración y transferencia de bienes; los supuestos de procedencia de la venta anticipada; los mecanismos para la disposición o venta de los bienes que son objeto de la acción, entre otros.

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Hay un regalito para el Instituto Chihuahuense de las Mujeres. Se guardó más de un año una resolución del Congreso que ordena presentar denuncias penales por hechos que podrían constituir delito. Pudo haberse desahogado hace tiempo. No entendemos la perfidia al respecto.

Apenas se publicó en la edición sabatina del Periódico Oficial del Estado, y contiene contratación a la empresa Molri, aquella donde se encuentra involucrado Miguel Riggs y su familia.

El contrato señalado es por casi un millón de pesos, pero la cantidad observada es una minucia, apenas 28 mil pesos.

Por esa cantidad dejaron de entregarse playeras, dípticos y audífonos. Una nimiedad frente a los miles concesionados de manera ventajosa.

Pero no es esta la única observación. Están unas lonas a cargo del proveedor Lilia Isela Loya, también por una cantidad insignificante.

Lo relevante es la observación por 20 millones de pesos pagados por concepto de sueldos, cuando debieron haber sido destinados a beneficiarios del programa cuyos recursos fueron ejercidos.

El concepto “sueldos en nómina de subsidios” causó resquemor y ahora deberá resolverse, pero ante el Ministerio Público de una nueva administración. La mala leche es más que obvia.

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El semáforo verde en materia de Covid únicamente ha sido anunciado por la Federación, en su reporte semanal del pasado viernes. El gobierno de Chihuahua ha sido totalmente irresponsable al respecto. Eduardo Fernández, el flamante Secretario de Salud, ha callado como momia.

Se quedó el asunto solo en declaraciones mediáticas. No hay, hasta ayer, una determinación oficial al respecto, ni sesión alguna del Consejo Estatal de Salud.

La decisión irresponsable de hacer mutis oficial tiene por supuesto consecuencias en los sectores públicos y privados, que esperan una resolución como la que se ha acostumbrado.

Pero no hubo modificaciones en aforos ni nuevas actividades. Cero resoluciones, de las autoridades, que han tirado la toalla frente al inminente cambio de gobierno, que no debería afectar el funcionamiento normal de las dependencias, menos el de la Secretaría de Salud, por su relevante función en tiempos aún de pandemia.

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¿Cómo explicarle a los padres de familia que el martes les robaron el cableado de la escuela, el miércoles se les pidió dinero, el jueves se puso de nuevo y el viernes lo volvieron a robar?

Con ese cuestionamiento desesperado han estado las últimas semanas los profesores y directivos de la primaria Salvador Allende, ubicada en la colonia Villa Nueva, donde los robos a casas, comercios y planteles escolares son pan de todos los días.

Las imágenes que envían los desesperados profesores y padres de familia muestran los cables arrancados de las instalaciones, para lo cual han tenido que recurrir a colectas que en realidad son muy escasas, dada la pobreza en que viven la mayoría de los niños.

La nula labor de las autoridades de seguridad, incapaces de frenar esos delitos que lastiman directamente al ciudadano, se combina con la incapacidad e ineficiencia de la autoridad educativa estatal.

Cero apoyos para mayor vigilancia. Cero apoyos para hacer los arreglos y darles a los niños la oportunidad de volver a su escuela, pues obviamente en esas condiciones han tenido que suspenderse las clases.

La situación de la Salvador Allende no es exclusiva de esa escuela, pero es una de las que representa el colmo de lo vivido en medio de esta crisis de sanitaria, económica y también de inseguridad.

Ya ni siquiera es cuestión de que los padres quieran apoyar para levantar cada escuela saqueada por falta de autoridades eficientes; es que no pueden estar pagando los costos de la delincuencia, que llegan a sumarse al de por sí costoso regreso a clases a más de un año de la suspensión.

Así, el regreso a clases seguirá siendo a medias. Si no por el virus, sí por esa otra imparable pandemia de la delincuencia y la incapacidad gubernamental.