Opinion

-Ni la federación castiga tanto como el Estado

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GPS / Columna

lunes, 31 agosto 2020 | 05:00

-Logró el Covid lo que no pudieron los amparos

-Agua: el Chihuahua bronco sigue presente

-Superan fiestas escandalosas a la policía

-Hay buenas noticias para los rectores

Una muy mala noticia. El semáforo amarillo decretado a nivel federal en manera alguna obliga a la Secretaría de Salud a una apertura acorde.

Arturo Valenzuela, el vocero anticovid se hizo el occiso igual que el Secretario de Salud, que ni siquiera salió a dar la cara.

Con dicho semáforo prácticamente todas las actividades pudieran funcionar sin restricción más que en algunos casos del aforo, pero el gobernador Corral decidió que solamente algunos municipios de la frontera pasarían al amarillo. Chihuahua capital no.

El mismo anunció lleva el veneno en sí mismo, deberá en el fondo estarse a la determinación de la autoridad sanitaria local, que pintó de naranja a la mitad del territorio, incluso aquellas que no representan riesgo alguno.

Pese a que el nuevo semáforo fue anunciado hace dos días, en el ámbito estatal hay retraso con esa determinación.

Pudo haberse abordado desde la conferencia mañanera del domingo. Pero nada. Amarillo sólo regional.

Los cines, restaurantes, bares, templos y demás, tendrán que seguir funcionando en el naranja con color rojo. Es decir, con las máximas restricciones por puro capricho. No hay datos objetivos.

Tendrá que ordenarse la reapertura. No hay justificación alguna para no hacerlo.

No hay manera de explicarle a la población, cómo es que a nivel federal se permite una mayor movilidad y ausencia de restricciones y en el ámbito estatal se aplican con autoritario talante.

Ni las cámaras empresariales ni sus socios comprenden qué es lo que pasa. Parece existir un paso de tortuga, con consecuencias gravísimas, ni más ni menos convertidas en afectaciones por cientos de millones de pesos cada día.

Las filas en plaza Sendero son una muestra de ello. Hay molestias mil que no tienen sentido alguno.

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Lo que no pudieron hacer los múltiples recursos de los funcionarios de la anterior administración lo hizo el Covid y la muerte de Joaquín López.

Se desgranó la mazorca de los múltiples detenidos y no habrá manera de mantenerlos en prisión. Donde existe la misma razón existe el mismo derecho.

Primero fueron Alejandro Villarreal, luego Jesús Manuel Esparza y Marcelo González Tachiquín, ahora viene Gerardo Villegas y detrás de él forzosamente Antonio Tarín. Tras de ellos quedan algunos más.

No habría explicación alguna para que el entonces responsable del Comité de Compras de la Secretaría de Hacienda estatal sea exceptuado del beneficio de la reclusión domiciliaria.

La frustración desde el nuevo amanecer es patética. “Igor” Manuel del Castillo, el comunicador social, apenas alcanzó a replicar un tuit en relación con el beneficio, que publicamos en nuestra edición digital.

Están que se retuercen de la impotencia, en un asunto donde de fondo sólo hay una intención política, no de ahorita.

Hay personajes detenidos por los mismos hechos, aun y cuando ya se ha garantizado el resarcimiento, por cierto, en compromisos que no han sido cumplidos ni por encimita.

Los millones de pesos ya contabilizados dentro del inexistente fondo de reparación se han hecho humo, y sólo han caído algunos centavos.

Los jueces han tenido que asumir la responsabilidad de aflojar en la rigidez y autorizar las medidas cautelares, que la verdad sea dicha, desde hace más de un año debieron ser permitidas, pero habían sido bloqueadas.

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Se cumplieron cuatro días de la conferencia de prensa donde presidentes de módulos del Distrito de Riego 05 se reunieron con el gobernador.

Hasta el momento no hay noticia alguna en relación con las gestiones efectuadas. El rumor era un anuncio que nunca llegó, igual que la cita con el Presidente de la República ni mucho menos el plantón con slippings en el zócalo capitalino, refrescado por minisplits.

Los desplantes de mitad de semana quedaron como siempre en eso, manejo mediático mercadológico, mucho ruido y pocas nueces.

El incumplimiento de las promesas no es otra cosa que leña al fuego, por lo que la caseta de Saucillo sigue tomada y continúan las acciones de resistencia civil, que el nuevo amanecer tanto detesta, porque la evidencian en su incapacidad para resolver el problema. La cabalgata en Rosales es una muestra de ello. El Chihuahua bronco está ahí presente.

Los cálculos a estas fechas -según los expertos- es que a Las Vírgenes le queda una tercera parte o poco menos de su capacidad, algo así como 130 millones de metros cúbicos.

La extracción prevalece y hasta el momento nadie sabe los niveles de azolve. La duda principal es qué pasará con el mecanismo de las válvulas cuando pasen por ella los sólidos espesos y si ese será el indicador para dejar de saquear el líquido. Que los mecanismos se estropeen.

La versión oficial es que por esa válvula se extraen algo así como 18 metros cúbicos por segundo prácticamente todos los días, agua que rueda por el Río San Pedro, donde se pierde por evaporación o filtración una buena parte y abona miserias al compromiso internacional.

Hay indolencia criminal al respecto.

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Los números de emergencia 911 se saturaron la noche del sábado y madrugada del domingo pasados, por las quejas derivadas de fiestas escandalosas procedentes de prácticamente todas las colonias de la ciudad de Chihuahua.

Los ciudadanos extendieron quejas por la lenta respuesta de las corporaciones, con capacidad insuficiente de los números de atención ciudadana que fue superada por la demanda de usuarios.

No se da abasto la policía municipal atendiendo las denuncias, ante el relajamiento social que ya es una realidad fuera de semáforos e indicadores.

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Noticias positivas llegan de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con las que seguramente tendrán un respiro los rectores Juan Ignacio Camargo y Luis Fierro, de las autónomas de Juárez y Chihuahua.

Parece que el recurso contra el “impuesto universitario” que cobran los municipios, presentado a principios de año por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, apunta a hundirse en el máximo tribunal del país.

Resulta que la impugnación del tributo se hizo con base en la Ley de Ingresos 2020 de la frontera y la capital; y aunque puede ser cuestionable debido a la figura de la sobretasa fiscal que se impone, la norma sólo refiere lo que se pretende percibir en el año corriente por los municipios, que luego se transfiere a las universidades.

Pues bien, como la Ley de Ingresos sólo actualiza algo que ya está establecido en el Código Municipal del Estado desde hace 30 años, para que procediera su inconstitucionalidad la demanda debió hacerse cuando se aprobó la norma original que da pie a la expectativa de cobro.

Entonces está fuera de plazo cualquier impugnación y por ahí parece que irá la resolución con la que los ministros de la Corte desecharían el recurso jurídico federal.

Ojalá que así sea, no hay razón para darle más golpes a la educación superior. De hecho en momentos de crisis como los actuales, la inversión educativa no debe afectarse y este impuesto que por meras ocurrencias fue impugnado es una fuente importante de recursos para las universidades.