Opinion

-Niegan regresar lo robado del Parque Infantil

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GPS / Columna

viernes, 31 diciembre 2021 | 05:00

-Hasta sky bar ofrecieron en la Vitas Tower

-La sombra del chivo expiatorio en caso Marisela

-El cobro por placas con o sin cuello de botella

Aparece en versión digital de GPS la imagen oficial de la inauguración del Parque Infantil del DIF, encabezada por el entonces gobernador Javier Corral y su esposa, Cinthia Aidé Chavira, tres días antes de dejar su cargo.

Fue una vil burla, uno más de los excesos mitomaníacos a nivel patológico que padece Corral Jurado, pues se abrió el parque sin haber sido terminado y con tantos problemas que fue cerrado una semana después. Así permanece, sin operarse porque no está en condiciones de operar.

Los trabajos en el lugar se realizarían entre 2019 y 2020. Se prometió específicamente para el 30 de abril de 2020, pero fue tal la desatención que se retrasó casi un año y medio.

El motivo de tantos retrasos fue la asignación y luego el retiro de los recursos para el proyecto, igual que se hizo con tantos otros en diferentes partes del estado.

Además de los retrasos injustificados, porque nunca se vieron reflejados los recursos que se quitaban a unas áreas para darlos a otras, a la fecha todavía es hora que en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas sigue sin encontrarse evidencia de trabajos por más de 600 mil pesos.

La dependencia a cargo de Carlos Aguilar García ya le solicitó a la Constructora VQ que reintegre esos recursos de los que no hay evidencia de haberse ejercido, porque ya la Auditoría Superior del Estado determinó dicho faltante.

La empresa se niega a regresar lo que se presume como robado y culpa a la anterior administración del desorden en la obra.

El monto no comprobado es pecata minuta ante los riesgos que detectó Protección Civil del Estado en los juegos instalados, que ahí siguen oxidándose y sin usarse porque primero debe garantizarse la seguridad de su operación.

Entre el desorden, lo pagado y no ejecutado y los peligros que entraña un parque para niños en esas condiciones, mejor hubiera sido que ni le metiera la mano el fallido gobierno corralista.

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Redefiniendo la forma de vivir en Chihuahua, es parte del slogan mercadológico utilizado por los promotores de Vitas Tower Lofts and Condos, que sin autorización oficial alguna ya se ofrece en venta.

Los vendedores han desplegado la indispensable estrategia para ir cerrando la millonaria inversión consistente en comprar los derechos de condómino de los departamentos o bien de los más de veinte locales comerciales, que constituyen un interesante negocio adicional.

Ni un solo papeleo han presentado los responsables del proyecto para obtener el necesarísimo permiso del ayuntamiento para la construcción, como lo marcan las leyes y reglamentos aplicables.

Aun así, sin nada a qué atenerse, han desplegado ese proceso de venta. No dudamos incluso que ya se hayan concretado las primeras compra-ventas, con todo el riesgo que ello significa. Está el asunto de Aras como carbón caliente al rojo vivo, y se presentan este tipo de ambiciosos negocios guardadas las proporciones.

Es esa Vitas Tower una edificación vertical de varios pisos que contrario a la publicidad audiovisual ofrecida en Facebook, constituye una afrenta al entorno natural de la presa el Rejón. Le tapará la vista a cientos de casas, unas ya construidas y otras por edificar.

Esos cientos de propietarios de residencias adquirieron precisamente con la finalidad de tener una vista privilegiada sobre el cuerpo de agua, la flora y los cerros que la rodean. Ahora de prosperar la intentona tendrían enfrente cemento, varillas y vidrio cortesía de los promotores del nuevo proyecto.

Él estate quieto tanto de la gobernadora como del alcalde son más que claros. Tendrá que pasar la autorización del proyecto por una revisión acuciosa, que frene por lo pronto el ansia de novillero, sólo para meterle emoción a los ingenuos que compraron o están en ese proceso, dada la incertidumbre existente.

El video promocional incluso anuncia la colocación próxima de la primera piedra, de la torre diseñada para adaptarse al entorno natural y que incluye un poderoso sky bar como no existe en la ciudad. Precioso el anzuelo.

Será, de acuerdo con el prometedor promocional, habitar y disfrutar de espacios compartidos en armonía con la bella vista. Hay un teléfono con WhatsApp que en estos momentos no debe dejar de repicar, el 6141363818, contacto de venta, que en estos momentos es auténtico call center para apaciguar los ánimos caldeados de quienes ya firmaron compromisos por escrito.

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Se cumplieron seis años del homicidio de “El Wicked”, José Enrique Jiménez Zavala, señalado como autor material del asesinato de Marisela Escobedo. No es ni cerquita el epilogo de la tragedia que enlutó la familia de la activista social.

Ni la anterior administración corralista ni la duartista pudieron atar los cabos, ni mucho menos resolver de fondo el asunto. El crimen de Marisela y las torpes investigaciones son pesada loza, muy por encima de la verdad oficial que se quiso inmortalizar en Netflix.

“El Wicked” es parte fundamental en el entramado que rodea el caso, porque la familia de Marisela siempre sostuvo que era un chivo expiatorio, y que el verdadero asesino era Antonio Barraza, hermano de Sergio Barraza, pareja y homicida de Rubí, la hija de Marisela.

Ambos gobiernos le echaron una palada más de tierra a la sepultura de madre e hija, al no perseguir la pista de Barraza, detenido en una cárcel de El Paso, Texas.

No se diga lo inverosímil de ambos homicidios, el de Marisela y el de “El Wicked”. El primero a las puertas de palacio apenas caída la noche, en una transitada calle Aldama, y el segundo, en una celda “de alta seguridad”, donde el asesino encontró su suerte a manos de otro criminal detenido y delatado por él, ambos participes en el múltiple homicidio del Bar El Colorado.

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Sus razones ha de tener el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua al contratar mediante adjudicación directa a una persona moral para realizar los actos jurídicos tendientes a liquidar al Partido Nueva Alianza.

El proceso de liquidación de dicho partido, que no alcanzó el porcentaje mínimo requerido del 3 por ciento de la votación estatal en las pasadas elecciones locales, viene de un descalabro inicial, porque se designó a una empleada del órgano electoral, lo cual no fue aceptado por existir una especie de conflicto de intereses.

Se busca que el interventor sea una persona física o moral que realice todo el procedimiento de liquidación, desde el inventario hasta la venta o recuperación de bienes en beneficio de la hacienda estatal.

Esa función muy bien la puede hacer un profesionista especializado en la materia, solo que el IEE se fue por la opción de una empresa, en este caso Gossler.

La adjudicación directa fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, pero desconocemos el contenido del contrato, las obligaciones del interventor, plazos y sobre todo monto de los honorarios. El asunto indudablemente despertó muchas dudas, porque al final se trata de recuperar algo y no gastarlo en el proceso de liquidación del mencionado partido estatal.

El sospechosismo no sólo fue el de la contratación de la persona moral, sino el de la adjudicación directa, figura de contratación que no es muy bien vista por todo lo que esconde.

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La explicación oficial para el cobro de placas, en voz de José Granillo, el secretario de Hacienda, lo es el tema de la seguridad, por el desorden existente en el plaqueo desde el 2012.

Es de tal tamaño la desorganización heredada, que persisten dos o tres placas de la administración de César Duarte y la azul-blanca de Javier Corral.

Ayudará para la expedición de placas la actualización del padrón vehicular, pero el asunto podría tornarse un cuello de botella si no se toman las medidas adecuadas, es decir, si los automovilistas forzosamente deben acudir a las recaudaciones de rentas donde hay apoyo de personal vial a llevar las fastidiosas copias y originales de documentación para cotejo, en un plazo de 60 días.

Tendrá que existir criterio, para utilizar las vías alternas de pago, y agilizar el trámite, y sólo en aquellos casos en que se detecte inconsistencia, se obligue al propietario a acudir a las atiborradas oficinas, con el consecuente y natural disgusto por la pérdida de tiempo.