Opinion

-No apoyaron al campeón; ahora sí lo quieren

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GPS Columna

jueves, 03 noviembre 2022 | 05:00

-Marcelo vino para la foto con Pedro Parra

-Distraídos en lo electoral, olvidan presupuesto 

-Pifia en convocatoria para fiscal anticorrupción

Antes de la competencia internacional de ultramaratones Backyard World Championship, ninguna autoridad estatal o federal dio su apoyo al rarámuri Reyes Satevó, quien desde octubre es el campeón nacional al recorrer 442.2 kilómetros en 66 horas sin interrupción. 

El superhombre que hizo la hazaña fue parte de los seis tarahumaras que se sumaron al equipo mexicano, compuesto de 14 corredores, participante en la carrera de carreras, desarrollada de forma simultánea en 37 países, cada uno con sus representativos correspondientes.

Satevó (también llamado Reyes Giltro Satebo entre los suyos), es originario de Choguita, municipio de Guachochi; batió un récord anterior, el de 2020, impuesto en el Big Dog´s Backyard por Pedro Parra, también rarámuri, para variar.

De nada valió que pusiera el nombre de Chihuahua y del país en alto, mucho menos que rompiera el propio récord nacional, pues la autoridad no pasó de festejar el triunfo como si fuera propio, aunque ninguna instancia oficial le haya dado algo de apoyo.

Ni el titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, ni el encargado de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (COEPI), Enrique Alonso Rascón Carrillo, pueden celebrar una victoria que no les pertenece, aunque ahora todos quieran colgarse de la imagen del corredor.

Mucho menos pueden hacerlo los diputados de Morena, PRI, PAN, MC, que se interesan por el indigenismo únicamente cuando les conviene.

El apoyo económico y de despensas, con todo y lo sencillo del mismo, ha salido nada menos que de la presidenta del Consejo Supremo Tarahumara, la profesora Alicia Aguirre Bustillos, también de origen rarámuri, y del secretario general, Herculano Nava Batista. 

El Consejo Supremo Tarahumara está conformado por gobernadores indígenas de 11 municipios del estado de Chihuahua, a quienes raras veces toman en cuenta, excepto cuando se acerca el período electoral. El 2024 los candidatos estarán desesperadamente buscando a la etnia rarámuri y al campeón, para tomarse la foto. 

De hecho ya empezó en ese mismito sentido Marcelo Ebrard, precandidato y secretario de Relaciones Exteriores.

El súbito interés del canciller por los corredores rarámuri se debió al maratonista Pedro Parra que, tras ganar la carrera Big Dogs, llamó la atención de la gente que trabaja junto al funcionario federal y generó la firma del acuerdo de hermanamiento con atletas del Gran Valle de Rift, en Kenia, firmado el martes en la ciudad de Chihuahua.

Antes de echarle el ojo a Pedro, que corrió durante 64 horas para ganar dicha competencia, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no había expresado apoyo para los corredores rarámuri.

Pese al gesto, los corredores chihuahuenses están preocupados de que el convenio firmado hace un par de días se quede en letra muerta, pues lo que necesitan es que la SRE realmente los apoye con la tramitación de visas y permisos. 

No es dinero lo que piden estos atletas, pues muchas veces son invitados a participar en competencias con gastos pagados; lo que requieren son facilidades para contar con estos permisos especiales, tal como lo hacen en Kenia, cuna de importantes maratonistas, en lugar de tener que realizar engorrosos trámites burocráticos.

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La flaca oposición –conformada por ocho diputados federales del PAN de Chihuahua- está totalmente distraída en el análisis de la ambiciosa reforma electoral que promueve el morenismo, con la cual avanza la amenaza de desaparecer o transformar el Instituto Nacional Electoral (INE).

Especialmente, legisladoras aguerridas como Patricia Terrazas, Rocío Reza, Carmen Rocío González y Laura Contreras parecen haber mordido el anzuelo que desde Palacio Nacional mandó el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para entretener a la clase política en un tema mientras saca otra apuesta sin que le hagan ruido.

Las albiazules, según lo que aseguran en San Lázaro, han centrado su actividad y agenda en atacar la reforma político-electoral de la 4T, la cual luce como necesaria, aunque en el fondo es sabido que está estructurada para garantizar el triunfo guinda en 2024. 

En efecto, la lógica de las grandes reformas electorales mexicanas indica que deben hacerse al comienzo de un sexenio para no experimentar con la elección presidencial siguiente sino con unas intermedias; y además deben orientarse a perfeccionar las reglas del juego y las instituciones que las aplican, no a tratar de borrarlas de un plumazo. 

Entonces es una intentona atípica, un atentado a la democracia, un riesgo para México y todo lo que quieran decir en medio del debate.

El problema es que la reforma estaba muy cantada desde hace meses y, mientras siguen distrayéndose en una discusión que está muy por encima del nivel en el que están los legisladores, en menos de 15 días debe aprobarse el presupuesto 2023, sin que ningún diputado se ocupe en jalarle cuando menos un peso extra a Chihuahua. 

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Mientras el gobierno federal mantiene su estrategia de seguridad centrada en el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, la agencia de investigación Tresearch, publicó ayer su última proyección sobre la incidencia de homicidios en el país, la cual advierte que para el cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador se habrán cometido 212 mil 058 asesinatos. 

Esto colocaría al gobierno de AMLO como el más violento, incluso muy por arriba de su némesis, Felipe Calderón, que con su “guerra contra el narco” dejó 119 mil 579 víctimas de homicidio doloso, la mitad del actual sexenio. También se superarían los 155 mil 552 asesinatos perpetrados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. 

Tan solo durante el 1 de noviembre se registraron 59 hechos, siete de ellos en Chihuahua, colocándose como la segunda entidad con más asesinatos, sólo por debajo de Baja California, que reportó diez. Con esto, se acumula 25 mil 891 víctimas en 2022. 

Es cierto que ha habido una reducción en la incidencia de este delito si se compara con los 36 mil 661 homicidios de 2019 o los 36 mil 773 de 2020, sin embargo, los avances han sido lentos, y las víctimas se acumulan mes con mes. 

Mucho se ha cuestionado la política de abrazos, no balazos del presidente, pero aún más criticable es que, con todo el poder del Estado, no se logren detener a objetivos prioritarios que azotan diversas regiones del país y de esta entidad. 

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Aparece en la página web del Congreso del Estado una leyenda con la supuesta convocatoria para ocupar la Fiscalía Anticorrupción.

Dice textual: “El Panel de Especialistas en materia de Combate a la Corrupción, con fundamento en los artículos 122 y 122 BIS de la Constitución Política, y 13 Ter de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ambos ordenamientos jurídicos del Estado de Chihuahua. CONVOCATORIA. A las y los interesados en ocupar la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua…”.

Hasta ahí el mensaje. Suponemos que la convocatoria sí se emitió el día primero como era la obligación jurídica, por estar dentro de los cinco días posteriores a la instalación del panel, que ocurrió la semana pasada, y que hay error en el HTML de la página web. La foto en nuestra edición digital.

Hay debajo de esa leyenda una especie de monitor de registros de aspirantes, folio, nombre, sexo y currículum, pero nada más.

Creemos que sí fue autorizada la convocatoria por el panel de especialistas, porque sesionaron el día 31 de octubre vía acceso remoto, precisamente para aprobar la convocatoria para la selección. La foto del citatorio también la tenemos, junto con el orden del día respectivo.

La publicación y divulgación de la convocatoria es paso clave en el proceso de selección del fiscal anticorrupción, con tiempos apretadísimos, en un procedimiento de casi un mes exacto, para que haya dictamen final, aprobación del pleno y toma de protesta los primeros días de diciembre próximo.

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Los opositores del espectáculo La golondrina y su príncipe, han hecho su vocero al actor Daniel Giménez Cacho para dar entrevistas en varios medios de comunicación con tal de denostar el trabajo de Alberto Espino, pero muy poco se han preocupado en prepararlo.

En una entrevista brindada a un medio radiofónico en Juárez, Giménez Cacho dijo que la obra se presentará en Juárez, al menos así lo dio a entender al referir que la comunidad juarense es quien tiene que decidir qué sucede con estas presentaciones.

Esto refleja que a los artistas que se han sumado al boicot poco les han informado, sólo repiten lo que de manera conveniente les han dicho con el hígado los corralistas-morenistas.