Opinion

-No fueron a La Calesa nomás a checar su sazón

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GPS / Columna

viernes, 14 febrero 2020 | 05:00

-Hay cambios en los “afters” protegidos

-Llega a Gobernación caso del “iphone”

-Martirio en la Profeco

Si en esa mesa hubiera aparecido también el juarense Héctor “Teto” Murguía, el trío habría sacado más que un susto a sus opositores político-electorales.

Fueron sólo dos y aún así armaron más relajo que estampida de búfalos. 

Se juntaron ayer en la ahora extra fifí Calesa los exgobernadores priistas, Fernando Baeza Meléndez y Patricio Martínez García.

Ambos le dieron oxígeno tamaño amazónico al PRI y lo colocaron en calidad de imbatible durante 24 años con todo y la oportunidad tirada a la basura que tuvo el PAN en 1992. Reyes y Duarte fueron indiscutibles beneficiarios de la fuerza de sus antecesores.

Baeza y Patricio han tenido sus diferencias a lo largo de su trayectoria política pero donde hubo intensa relación cenizas ardientes quedan. Martínez García fue administrador de don Fernando durante su régimen luego de liderar la Canaco.

Con la comida de ayer debe entenderse que buscan enfilarse hacia el 2021 hacia un mismo proyecto. Si es el PRI, le irá muy bien al PRI porque seguramente sumarían a otros personajes que sin duda pondrían a temblar a Morena y al PAN. Precisamente “Teto” Murguía, por ejemplo.

No podrá aceptarse hoy o cuando sea como justificación que la comida sólo fue para probar si los cortes, el puchero y el servicio de Pablo Rito y compañía siguen teniendo la misma calidad que cuando La Calesa estaba en la ex zona dorada.

Hubo plática política con aroma a acuerdo. Pronto sabremos de qué tamaño.

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Curiosa coincidencia la que se vive en el bajo mundo de los antros descontrolados y la autoridad municipal. Apenas pasó un mes de cambios en la Subdirección de Gobernación y ya hay nuevos clientes añadidos a la lista de “afters” protegidos.

Fue a principios de año cuando fue designado César Komaba como subdirector de Gobernación Municipal para relevar a Isaac Díaz Gurrola, quien arrastraba señalamientos de permitir -tal vez hasta controlar- la colusión entre los giros negros y los inspectores a su cargo.

Pues bien, en tiempos del ahora echado de la administración municipal eran una decena de establecimientos los que impunemente y con total tranquilidad permanecían abiertos hasta la salida del sol, en clara violación a la norma que marca límites entre la una y las dos de la madrugada.

Ahora con la detención el domingo de más de 80 personas involucradas en una riña en el “Pancho Tekilas”, pasadas las cinco de la madrugada, quedó en evidencia que la aceitada tolerancia de Gobernación sigue, sólo han cambiado los nombres de los favorecidos.

Con suma discreción se maneja otro listado entre los inspectores con los nombres de los negocios a los que no se deben molestar. A esos no hay que tocarlos ni con el pétalo de una papeleta de multa.

Se trata, además del antro donde fue el último escándalo, de “La Alcantarilla” y “El Karma” en pleno centro de la ciudad, “El Nopaleros” en la zona sur y de “El Aguador” y el “Old Barrel” al norte, ya muy conocidos entre los noctámbulos que quieren seguirla pasado el horario normal.

Sobra decir que en esos lugares no sólo hay chorros de alcohol, también hay quienes venden sustancias prohibidas; ni se diga de problemas como riñas, asaltos y demás.

Quién iba a pensar que los cambios en el gabinete conllevan cambios en los giros negros.

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Se piensa que Chihuahua es una ínsula en la cual se pueden cometer tropelías y abuso desde el poder público sin consecuencia alguna, como si verdaderamente estuviéramos aislados del resto del país y particularmente de la autoridad federal.

En ese cálculo se lesiona la esfera jurídica de una persona que comete el pecado de tratar de tomar fotografías del gobernador en su práctica cotidiana de tenis en la ciudad deportiva, como ocurrió con Gabriel Venzor.

La lesión consiste no sólo en la privación ilegal de la libertad momentánea, sin atribución ninguna por parte de los guaruras de Javier Corral, situación gravísima, sino en el despojo descarado de su equipo de trabajo, un aparato celular, con el cual toma imágenes para el medio digital en el cual trabaja.

Es decir, no es cualquier persona de quien pudiese sospechar que hiciera mal uso -nada más descabellado- de las imágenes tomadas, de un funcionario público, en lugar público. Es un periodista en el desempeño de sus funciones. Y si no lo fuera, pues tampoco, no existe razón alguna de tipo legal que justifique la actuación abusona.

Pasaron por encima con impunidad de varios artículos de la Constitución, para empezar el sexto y el séptimo, y convenios internacionales de los cuales México es parte, y que tutelan obligatoriamente el respeto que deben tener las autoridades por la actividad de los medios de comunicación.

Pues el asunto ya escaló y no se quedó cómodamente encerrado en la Fiscalía General del Estado. Ya llegó a la Secretaría de Gobernación federal, vía un exhorto enviado por el Congreso del Estado y deberá ponerse en el conocimiento del mecanismo de protección de derechohumanistas y periodistas, que para empezar deben dictar inmediatas medidas cautelares.

Los oficios No. SG/UE/311/176/2020 y SG/UE/311/164/2020, fueron enviados por la Unidad de Enlace de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, y dirigidos al Fiscal General de la República y al Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.

Tendrán Alejandro Gertz Manero y Olga Sánchez Cordero, Fiscal General y Secretaria de Gobernación, en su nivel de conocimiento -y por supuesto- de competencia, tan delicado asunto, donde todavía es hora de que el “iphone” famoso sigue sin ser entregado, constituyéndose en una continua y permanente violación a las libertades de expresión y ejercicio del periodismo.

Será la esfera federal quien deberá ir más allá y atraer el asunto, particularmente por la actitud contumaz del ejecutivo estatal al respecto.

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No están maniatados ni mancos los concesionarios del transporte público, de nuevo lo volvieron a demostrar al imponerse numéricamente a los agentes estatales enviados como montoneros antimotines.

Fueron cientos los interesados en el tema que hicieron verdadero alboroto, para impedir que la ley de transporte salga adelante, en los términos enviados a los legisladores, que casi en automático están listos para aprobar sin chistar siquiera el proyecto que ya tienen en sus manos.

La cuestión es que nadie entiende la política asumida desde la administración estatal, porque durante los últimos años le ha hecho el juego a los concesionarios, otorgándoles -la última gran idea- el manejo de millones de pesos en morralla que reciben y administran a su antojo en las rutas alimentadoras así como consiguiendo financiamiento para adquirir unidades, sin arrancar un solo compromiso de mejora.

Ante el evidente fracaso en el manejo político ahora quieren imponer soluciones desde la mesa y sobre las rodillas. Ya se les olvidó el san quintín armado en la administración de Fernando Baeza, y en la misma administración corralista muy al principio. El costo a pagar se ha encarecido por el desatino evidente en el manejo por parte de las áreas de transporte, involucradas hasta el tuétano en el manejo insano del pulpo camionero.

Ellos mismos alimentaron el fuego, lo dejaron crecer, y ahora quieren pararlo con queroseno.

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Algo está ocurriendo y muy grave al interior de la Procuraduría de Defensa del Consumidor, que todos los lunes tiene una resonancia nacional con el análisis del precio de las gasolinas, pero se olvida que no es su única función.

Alrededor hay miles de trámites todos los días que deben ser desahogados en pequeñas oficinas, con ausencia de personal y equipo obsoleto, como ocurre en el caso de la ciudad de Chihuahua.

Los quejosos deben esperar horas y horas para ser atendidos, en audiencias que se dilatan, aplazan o incluso cambian de fecha, por el empalme necesario que lleva la saturación en el trabajo y la ausencia de personal suficiente.

Se quejan nuestros lectores de que al acudir y realizar un trámite, cuando se trata de audiencias donde se debe desahogar la comparecencia de una de las partes vía telefónica, el asunto se convierte en un verdadero martirio.

Los aparatos telefónicos se quedaron en el siglo pasado. Las audiencias salen más que todo por la buena voluntad de sacar la chamba, que por el apoyo que debe brindar la tecnología.

Mientras ellos esperan, los servidores públicos ya fueron y vinieron hasta a la escuela por sus hijos y ellos simplemente con paciencia monacal esperando turno que nunca llega.

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Músculo político mostró Alejandro de la Rocha al llenar completamente el espacioso y cómodo auditorio Leonardo Da Vinci en el Museo Semilla.

Diputados, presidentes de organizaciones diversas y colegios abarrotaron la sillería con motivo del día internacional de la protección a datos personales.

El presidente del Instituto Chihuahuense de Transparencia estuvo apoyado por el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Fierro, ad hoc por lo que viene en materia de capacitación para el año en curso, en colaboración con dicha institución y con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.