Opinion

-No quiso AMLO usar a Duarte de trofeo

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GPS / Columna

viernes, 03 junio 2022 | 05:00

-El corralato quiere sacar información a equipo de Maru

-La manipulación en cifras de secuestros

-Inútil y sepultado el city manager

Bien pudo el gobierno federal tomar al exgobernador César Duarte como un trofeo ante las elecciones que se realizan el domingo en seis estados del país, pero la Fiscalía General de la República (FGR) apenas recibió por protocolo al extraditado de los Estados Unidos a México y lo entregó de inmediato a la Fiscalía General chihuahuense.

Pudo el canciller Marcelo Ebrard sacarle mayor provecho político a una detención que no por cantada dejaba de causar expectativa, pero tanto la instancia de las relaciones internacionales como la persecutora de los delitos dejaron en manos de la justicia estatal al exmandatario.

Es evidente que hubo acuerdo con el aparato federal para que en caliente Duarte Jáquez quedara en manos del Estado, que lo recibió en México y lo trasladó a la capital ayer mismo en la tarde. Ni ocho horas tardó el procedimiento desde el despegue del avión en Miami, Florida.

La esperada extradición representa para la administración estatal un reto importante, dado que ahora la Fiscalía y el Poder Judicial tendrán que lidiar con mil interpretaciones políticas y jurídicas a partir de cualquiera de las resoluciones que sean dictadas al procesarlo. 

De entrada deberán enfrentar la realidad de expedientes mal integrados y los reclamos por violaciones al debido proceso que ocurrieron en la gestión de Javier Corral, quien se encargó de juzgar a Duarte desde antes de detenerlo.

Sin duda habrá virajes relevantes en la trama construida desde 2016, vigente hasta la fecha.

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Desde hace semanas y meses existen algunos funcionarios adictos al corralato que siguen sin comprender que el siete de septiembre de 2021 se les extinguió el tanque de oxígeno.

Tampoco han puesto los pies sobre la tierra de que burócratas y auténticos funcionarios de carrera no se van a prestar a juegos y componendas para andar pasando información de manera extraoficial con la intención de golpear a la gobernadora, Maru Campos, y a su gabinete.

Todo lo anterior viene a colación porque ha sido descubierta Mónica Vargas, ex de la Función Pública y algunos otros ex en diversas áreas y rubros, enviando mensajes por diversas vías desesperadamente para conseguir reportes, evaluaciones, expedientes que en su momento ellos tramitaron o hicieron y que ahora quieren utilizar para defenderse o para entregarlos a terceros y que con eso se pretenda atacar a la gestión de la gobernadora Campos.

No debieran olvidar todos ellos que las lealtades se construyen con buen trato, empatía, interés por sus empleados en el momento que se tiene la oportunidad, no ocho meses después.

De todos es sabido que Vargas y otros exfuncionarios tienen en puerta o ya están atravesando por procesos en su contra debido a su pésimo desempeño. A ellos habría que decirles que hay vías legales para conseguir y lograr la información para defenderse. 

No la conseguirán con “amistosos” mensajes o reuniones “de compas”.

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Hay mucha inconformidad en el magisterio federalizado por la imposición de Silvia Tello Sotelo como jefa del Departamento de Educación Indígena de Servicios Educativos del Estado (SEECH), que dirige Sandra Gutiérrez Fierro.

Entre los maestros serranos los inconformes buscan organizarse para encontrar la mejor forma de protesta ante la designación, dado que conocen bien a la funcionaria por sus servicios al gobierno anterior de Javier Corral.

Ella despachó en Recursos Humanos de SEECH y como dictaminadora en la pasada administración; hasta hace unos días estaba como encargada de la oficina de Educación Indígena, pero ha corrido la versión de que ya tiene nombramiento en firme.

La funcionaria desconoce totalmente de la cultura de los cuatro pueblos originarios del estado y además de haber estado en la administración de Corral en puesto de confianza, ya ha tenido incursiones en contra de los indígenas.

De entrada, enfrenta señalamientos de haber privilegiado las plazas para mestizos en un nivel donde debería haber predominio indígena. Pero además es señalada de haberle dado plaza a su propia hija, en el acto más evidente de injusticia y discriminación hacia los mismos indígenas. 

¿Dónde queda el respeto a la Ley de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas que obliga a tener al frente de instituciones relacionadas a personas de origen indígena? Parece que Educación Indígena no merece un cambio digno y respetuoso.

Por eso la queja de los profesores de este sector, quienes aseguran que el amiguismo sigue en Servicios Educativos, donde Armando Rey Manríquez, director de Atención a la Diversidad con el extitular de SEECH, Manuel Arias Delgado, impulsa este tipo de imposiciones. 

Sobra decir que Arias y Manríquez son escuderos del superdelegado federal, Juan Carlos Loera de la Rosa, y no han dejado de tener influencia en el área federalizada del sistema educativo estatal. Gracias a ello ven a Tello Sotelo en tan olvidado departamento.

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Está más que sepultada –por el momento- la figura del administrador de la ciudad o city manager, en los ayuntamientos más grandes de la entidad.

Es una figura que resulta onerosa por el séquito de funcionarios que se incorporan a la administración pública, y que por ley se le deben otorgar al titular.

Duplica además muchas de las funciones de dirección, planeación y control no sólo de los directores de área, sino inclusive del mismo alcalde, el Órgano Interno de Control y el Síndico.

Con mayor razón por el mismo perfil de los alcaldes, los primeros a los que les toca la figura ya legalmente establecida en el Código Municipal.

Difícil ver a Cruz Pérez Cuéllar o a Marco Bonilla, en Juárez y Chihuahua, descansando esas funciones en un funcionario que servirá de intermediario con los directores.

Hay disposición expresa del alcalde de Chihuahua de mejorar indicadores y metas para evaluar el desempeño, en lugar de pensar en ese tipo de figuras extrañas a la administración en Chihuahua.

La cuestión es que ahí está muy clarita en el Código Municipal, hasta con un procedimiento ciudadano de selección, que incluye un comité y mayoría calificada en el Cabildo. Ocurrencia de fin de quinquenio.

No estaría nada mal una revisada, ahora que se va a modificar sustancialmente la figura del síndico y el número de regidores.

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El estudio más actualizado realizado por la organización Alto al Secuestro, evidencia una simulación tremenda para ocultar o al menos simular una reducción drástica en dicho delito, hasta el 2021, a nivel nacional y particularmente en Chihuahua.

Si durante los seis años de Duarte se contabilizaron 82 secuestros, en el de Javier Corral apenas se tenía información de seis, del 2016 al 2021.

Ese año, el 2021, se encontraron en los medios de comunicación 25 secuestros que carecían de carpeta de investigación en las fiscalías de los Estados, cuatro de ellos en nuestra entidad.

Aún con esa manipulación de números, operada desde Fiscalía y necesariamente más arriba, la entidad se mantuvo siempre sin una mejora, incluso, por encima de la media nacional.

Si en el país el promedio de víctimas por cada cien mil habitantes es de .062, en la entidad estábamos al doble, con .147.

El tema viene al caso por la evidente relación del secuestro con la extorsión, no se les vaya a ocurrir entrar a revisar y reducir también las penalidades de éste delito. 

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No dejan de estar sorprendidos los contadores en las empresas por la disposición que obliga a los contribuyentes a obtener la constancia de situación fiscal.

La ausencia de comprensión es porque carece de toda lógica y rompe con una operación que era muy simple en relación con el timbrado de la nómina.

Los responsables del tema en el sector privado simplemente entraban y recibían toda la información de sus empleados, para comprobar el RFC y el resto de los datos a través del sistema informático.

Prohibirles a las empresas ese acceso para que sean los contribuyentes, personal de todos los niveles, quienes tengan que ir en masa a efectuar el trámite, sólo ha generado enojo por las molestias de perder horas y horas en el trámite.

Ni pensar en la plataforma habilitada con procedimiento y requisitos mil que es insufrible.

No se entiende para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo. Hay una desconfianza hacia las empresas que tiene como objetivo una mayor recaudación.

Las filas saturadísimas del último día de mayo en las oficinas del SAT, son anuncio de lo que ocurrirá el 31 de junio, cuando venza ahora sí el plazo otorgado.