Opinion

-No resultaron ni cautos... ni castos

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GPS / Columna

lunes, 10 febrero 2020 | 05:00

 -El nuevo robo de Corral por 25 pesos

 -Auditoría, paraíso de los honorarios

 -Otros negocios, endoscopia y ortopedia

 

 “Si no van a ser castos, al menos sean cautos”, recomendaba Teresa Ortuño, directora del Colegio de Bachilleres, en sus pláticas de capacitación ante panistas hace años. Generaba las risotadas en aquel entonces cuando se refería al caso de un síndico capitalino del albiazul “cachado” en una situación comprometedora, en plena vía pública y a bordo de vehículo oficial.

La recomendación de la hoy funcionaria estatal parece que no penetró bastante en el cuerpo directivo del Cobach.

La muy comentada salida del contralor Jaime Humberto Manzanera y otros exfuncionarios de la institución educativa, se dio por no ser castos ni cautos, aunque no en el sentido literal y con la connotación que le daba la también exsenadora en sus cátedras de doctrina azul.

Fuera de grillas y señalamientos al calor de las disputas por el poder, la administración de Ortuño enfrenta observaciones concretas de la Auditoría Superior del Estado por actos de Manzanera de los que debió estar al tanto la directora general.

Mediante el esquema de honorarios asimilados a salarios, al ahora excontralor se le contrató por un monto anual de 383 mil 999 pesos durante el año 2018, pero terminó por recibir 886 mil 800 pesos, o sea 502 mil pesos más. Fuera de contrato y de las disposiciones presupuestales.

Independientemente de los cuestionamientos que genera que haya optado por esa forma de pago en vez de la nómina común, y de que no reuniera el perfil profesional para el puesto, este señalamiento es muy concreto.

De hecho es una de las dos observaciones de irregularidades que se cometieron bajo la mirada de Ortuño. Luego vino el pleito echándose la pelotita entre funcionarios del Cobach y derivó en la ya conocida guillotina aplicada por la funcionaria.

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Es un robo a despoblado la decisión de emitir credenciales para las alimentadoras y la troncal del transporte público, obligando a su renovación obligatoria; por supuesto, con la luz verde del gobernador, Javier Corral.

Si alguien tiene la credencial verde podrá usarla en la troncal, pero no podrá utilizarla en las alimentadoras, donde se exigirá en breve la nueva identificación.

Deberán entonces los estudiantes y las personas de la tercera edad lidiar con dos tipos de identificaciones o desechar la actual, en una medida que tiene todo el significado de recaudatoria sin prurito alguno.

No es una sustitución escalonada como debería ser, sino una imposición, tirando a la basura cientos de miles de pesos en credenciales, que encontraremos en todos los botes de desechos.

Ni en las implicaciones ecológicas piensan. Es lo de menos. Lo importante es arrebatar dinero de donde se pueda, aun y cuando sea bajo intereses caprichosos.

Es inevitable pensar en un negocio doble o triple, permitiéndole a algún proveedor preferido un negociazo, con cargo a las personas más desprotegidas económicamente. ¡Qué son 25 pesos!

Pero no es cualquier cosa. Son nada más 30 mil los afectados, que en cálculos conservadores, elemental matemática, significan casi tres cuartos de millón de pesos. Inexplicable a todas luces la decisión.

Pero los números de afectados serán necesariamente muchos más, porque actualmente miles de estudiantes se identifican con la credencial de cualquier institución educativa, que ya no tendrán validez alguna, rompiendo con una costumbre que tenía decenas de años.

Los estudiantes sacan su credencial de papel o cartón, con fotografía y el sello, y sin problema acceden al descuento. Ahora no. Les imponen la carga de una identificación única.

Los malabares informativos poco logran justificar la decisión que entra en vigor a partir del primero de marzo, bajo la justificación de garantizar el precio preferencial, falacia burda, porque hay una nueva carga injustificada.

En el colmo, el servicio pésimo, unidades destartaladas, sin placas, choferes que dan pena ajena, recorridos incompletos y accidentes todos los días.

Desfachatez injustificada, con un Congreso del Estado ajeno y enajenado, sin pedir la opinión del consejo consultivo que está abandonado como figura decorativa en decisiones sumamente importantes.

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Es la Auditoría Superior del Estado un paraíso para la contratación de servicios externos mediante el pago de honorarios.

En un solo trimestre erogó la escandalosa cifra de un millón 896 mil pesos, en 84 profesionales y personal técnico, que desempeña diversas funciones.

El período corresponde al primero de septiembre al 31 de diciembre de 2019, en datos que arroja la misma página de transparencia, pero con seguridad todos ellos, sino es que los más, se encuentran en estos momentos realizando las mismas funciones.

Encontramos por ahí el dato interesante de apellidos identificados con el partido en el poder, como es el caso de Olson San Vicente, Ana Cristina.

Pero hay otros aspectos relevantes que no deben ser obviados. 

Hay un salario que nos llama la atención. Pensamos que puede ser un error, pero es por un monto de 120 mil pesos. Se trata de Honorio Domínguez Aguayo. Insistimos, ha de ser una pifia.

De ahí en más, un auditor especial de 60 mil pesos, Arturo Reyes, y cinco personas con sueldos de 46 mil pesos mensuales, Fernando López, Fernando Marines, Edgar Moncada, Eleazar Rubio y Héctor Caro.

Hay hasta personal de 12 mil pesos mensuales bajo este concepto, forma de eludir la contratación de personal con prestaciones, conducta evidente de darle la vuelta a responsabilidades laborales, y con un alto contrasentido cuando se acaba de emitir el reglamento interior, en el cual se le da -en el discurso- una gran importancia al servicio profesional de carrera, que termina siendo letra muerta.

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Existe una minita de oro en el Hospital General, adicionalmente a los servicios de hemodinamia que ya hemos manejado de manera abundante. Se trata de los servicios de ortopedia y endoscopia.

 En el primero de ellos se las han ingeniado para traficar con prótesis de cadera y rodilla así como material para cirugías de columna.

Nos dicen que las piezas son vendidas a los pacientes sin ninguna autorización oficial, cuando debería existirla de la parte federal.

Es un mercado en el cual meten en forma discrecional al proveedor que les deja las mayores ganancias, sin ponerse a pensar en las posibilidades y necesidades de los pacientes. Al respecto, nadie ve ni dice nada.

En cuanto a la endoscopia, lo mismo. El proveedor actual fue suspendido, sustituyéndolo por uno de conveniencia y referenciando pacientes a hospitales externos, en un negocio oscuro de segundo nivel.

Son las prótesis un asunto delicado por el tipo de población afectada, que debe sufrir la pérdida de un miembro y todavía enfrentarse a un suplicio por la falta de sensibilidad oficial.

Es indispensable echar un ojo y la guadaña al referido hospital, por las condiciones actuales de abuso y lucro vil, en lugar de perderse en las nubes macro.

Este es sólo uno de los hospitales federales bajo manejo estatal. El resto va por el mismo manejo.

 

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La presidenta del Consejo Nacional de Morena no se detiene en su activismo de apoyar al presidente interino Alfonso Ramírez Cuéllar.

La paisana Bertha Luján se dejó ver en Jalisco, en la reunión con la militancia encabezada por Ramírez Cuéllar, en imagen que le mostramos en nuestra edición digital.

Bertha no se duerme, porque enfrente Yeidckol Polevnsky también anda sumamente activa, visitando las entidades federativas.

Los movimientos de la paisana por supuesto no pueden ser desestimados, porque tienen una trascendencia inmediata en decisiones y posiciones dentro de Morena, con repercusión al 2021.