Opinion

-No se aguantó el Fiscal a terminar su función

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GPS / Columna
jueves, 22 agosto 2019 | 05:00

-Crisis en GyC por meras negligencias
-En caso PES juega el PAN sin rubor alguno
-Lista la pluma de Corral para firmar notaría
 
Sólo era cuestión de tiempo para los primeros escándalos en materia inmobiliaria en el nuevo amanecer. Fueron casi tres años de fuego a la olla y terminó por explotar.

Es el fiscal César Peniche quien es exhibido por el dirigente municipal del PRI, Fermín Ordóñez, con la edificación de una inmodestísima vivienda en el exclusivo San Francisco Country.

Sólo el terrenito de 500 metros cuadrados, a un precio de nueve mil por cada uno, tiene un valor de 4 millones quinientos mil pesos, bajita la mano.

Hay quienes sostienen que dependiendo de la ubicación podría valer hasta el doble.

Ahí se construye una residencia que el líder priísta calcula en no menos de 20 millones de pesos, cuando el funcionario tiene un salario que a lo más llega al millón y medio de pesos anuales. Sus gastos mensuales no deben ser menores a cinco veces más.

Ni ahorrando pesos y centavos durante tres sexenios continuos podría acumular el dinero para darse este lujo.

Los números no corresponden ni con los ahorros de la delegación de la Procuraduría General de la República, de donde fue delegado estatal por algunos años.

Si Peniche anda en esos pasos, dónde andarán Oscar Aparicio y el resto de funcionarios protegidos por el gobernador Javier Corral, perdidos en el espacio, sin cumplir con sus funciones y construyendo casononas, en un régimen de austeridad y honestidad.


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La crisis en el Hospital de Guadalupe y Calvo se agravó la última semana, cuando entraron a paro los integrantes de la plantilla laboral.

La intervención del dirigente sindical de la Secretaría de Salud, Pablo Serna Molina, y del titular del ramo Enrique Grajeda, fue clave para que se llegara a acuerdos sobre las demandas justas del personal que labora en ese municipio.

Pero ojo, los conocedores del problema de plazas, falta de medicamento, sueldos y demás de la dependencia, llaman la atención sobre el fondo de la crisis.

Estructuralmente la administración de Grajeda no ha hecho gran cosa para darle solución a los problemas y quejas recurrentes que igual se viven en Guadalupe y Calvo que en cualquiera de los municipios, sobre todo los más lejanos y abandonados de la sierra.

No hay planes para hacer sostenible el servicio de salud que por ley debe garantizar esta dependencia, ni una estrategia definida. No hay, en suma, una política de salud clara del gobierno corralista, más allá de tapar unos boquetes y abrir otros. Puros bomberazos.

El caso concreto de los acuerdos de Guadalupe y Calvo es el otro punto sobre el que se debe profundizar, no sólo porque la dependencia minimizó y hasta negó el paro en varias ocasiones.

Más allá del arreglo al que llegaron los trabajadores y la Secretaría de Salud, el problema se ha gestado durante todo el año sin nadie que le pusiera atención.

En el mes de julio los empleados hicieron pública su queja con una carta y días después, igual que ahora, los atendieron en la sala de juntas de Grajeda. Hubo acuerdos. Puro atole con el dedo resultó después.

Hay que esperar a que llegue septiembre para evaluar si los acuerdos se cumplen o fue, como la vez pasada, promesas sin ganas de hacerlas realidad.


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La escena espeluznante de cinco cadáveres colgando de puentes en la zona de Cuauhtémoc evidencian en la terrible realidad lo que las estadísticas muestran, que Chihuahua sigue fuera de control.

Ha sido ineficiente la tarea de la Comisión Estatal de Seguridad y de su jefe, Oscar Aparicio, para contener la ola de violencia.

El fracaso contundente de una estrategia adoptada desde las rodillas, con acciones autoritarias y ayunas de coordinación, se revela además en que julio es el más violento a nivel nacional, y en Chihuahua encuentra puntual correspondencia.

No hay la más mínima mejora en los números que arroja el seguimiento por parte del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, con corte al 31 de julio, y que acaba de ser liberado públicamente.

La espiral de delitos se mantiene, no baja ni un ápice, y en algunos casos repunta de manera preocupante.

En Chihuahua se han cometido 225 homicidios, 137 de ellos con arma de fuego, el mes pasado. 574 personas sufrieron lesiones; se cometieron mil 404 robos, de ellos 263 a casas habitación y 391 de vehículos; 220 en negociaciones y tres en instituciones bancarias.
 El dato por día es aún más estremecedor. Cada día son asesinadas 7.5 personas y 19 sufren lesiones; 8.7 casas habitación son robadas y desaparecen 13 vehículos.

El daño es verdaderamente escandaloso. Recae en bienes de personas trabajadoras que salen de su casa todos los días y no saben si volverán, o si encontrarán un malandrín dentro, o si les robarán su auto.

Por ello no extraña que se reanude la crisis con las personas ejecutadas y colgadas sobre puentes de la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc y Cuauhtémoc-La Junta.

Existe una situación de zozobra provocada por la cantidad inmisericorde de delitos cometidos en la más completa impunidad.

En lugar de atender la situación, Aparicio se placea junto al gobernador en reuniones de coordinación, con cafecito y galletitas de por medio.

Las imágenes con una gran sonrisa, junto al titular del Ejecutivo, dan cuenta de su afán protagónico en eventos de confeti este mismo mes.

Ayer estaba en Juárez en la rimbombante Reunión del Grupo de Coordinación Chihuahua para la Construcción de la Paz, mientras el noroeste ardía.


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 No se entiende la política gubernamental adoptada en relación con la vivienda. Se pretende impulsar la construcción de miles de casas con cargo al proyecto de inversión 2019-2021.

Con fanfarrias se anuncian dos mil viviendas más y otro tanto -1400- en remodelación. Pero irónicamente hay miles de ellas sin ocupar, en el completo abandono y convertidas en nidos de delincuentes.

Pero al momento de ofrecerlas para ser ocupadas, quieren el gobierno estatal y la federación obtener pingües recursos, en un atentado a la inteligencia de las personas que están comprando en muchos casos problemas, porque hay que echar fuera a los delincuentes que eventualmente las ocupan.

Valen pesos y quieren miles a cambio, en un negocio redondo infructuoso, porque no se venden.

Deben las personas manifestarse en Palacio y en oficinas de Infonavit, exigiendo que les abran la oportunidad de construir un patrimonio, y se los niegan, con requisitos inalcanzables y precios exorbitantes.

Los programas para entregar dichas viviendas abandonadas caminan a paso lento. A tres años del inicio del gobierno apenas se firma un convenio con el fondo nacional para la vivienda.

Parece que no hay conciencia de que momento a momento se deprecian en su valor las casas, y se convierten en hipotecas de auténtica basura.


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Abogados simpatizantes del nuevo amanecer velan armas en busca de ocupar la notaria número cinco, que recién convocó el director del Registro Público de la Propiedad y el Notariado.

Son algunos los aspirantes que cuentan con requisitos, es decir, la patente del ejercicio, algunos de manera apresurada, en espera de participar en el examen que habrá de aplicarse antes de que termine el año.

Es un proceso que apenas empieza y que idealmente exige la intervención del Colegio de Notarios y fedatarios en ejercicio -electos en sorteo-, que se supone debe ser transparente y sin sesgo alguno.

Esa es la teoría y la ley. La verdad es que los gobernadores imponen notarios durante su paso por el encargo.

Ha dicho el gobernador que no meterá las manos en el proceso. Pero lo mismo dijo en Ichitaip, Tribunal anticorrupción, jueces, etc.

La tentación es mucha. Enfrente hay por lo menos -aparte de la notaria 5 que es para la que se convoca en este distrito judicial Morelos- otras dos más, por fallecimiento de sus titulares, que esperan un nombramiento.

Más los que se acumulen en los próximos dos años. Vamos a ver qué funcionarios públicos se separan del cargo en espera de que transcurran los tres meses de separación que exige la ley para ser considerados en la añorada tranquilidad de la fe pública transexenal.
 
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Imposible no reparar en la gravedad de que exista una fracción parlamentaria colgada con alfileres de un partido desaparecido, como es Encuentro Social.

Y que en función de dicha existencia precaria y momentánea, continúe recibiendo prerrogativas y canonjías, cuando es de conocimiento público que perdió el registro.

En la letra chiquita de la resolución dictada por la sala regional de Guadalajara se encuentra el mandato que ordena notifíquese.

Deberá ser operado en su momento por el Tribunal Estatal Electoral o por el Instituto Estatal Electoral, aunque se quieran sacudir la responsabilidad.

Pero se le da muchas vueltas al asunto. Puede ir el Congreso del Estado a notificarse simplemente, pero prefiere no hacerlo. El PAN juega con el tiempo y los recursos económicos en beneficio de un aliado en desgracia sin rubor alguno.

Es el PES integrante del grupo aplaudidor de los 22, que vive horas extras como fracción parlamentaria, situación que no cambiará ni con pomada de la campana.