Opinion

-Nos alcanza desorden en aeropuerto de CdMx

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GPS / Columna

sábado, 30 julio 2022 | 05:00

-Ni Corral, ni concesionarios, con el GPS 

-Avanza Chihuahua en transparencia 

-Las grillitas por el encargo del despacho

Está muy cerca de Chihuahua el caos en que está envuelto el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, aún y cuando se encuentre a más de mil kilómetros de distancia, con todo lo que implica el cierre de una de sus pistas por cinco larguísimos meses.

Una joven profesionista de Chihuahua se quedó varada en México por una noche, luego de que no pudiera alcanzar a documentar su equipaje y abordar, por todo el tiempo que le llevó recorrer colas que fueron interminables. 

Le reagendaron su vuelo al día siguiente a las cinco de la mañana, pero debería llegar con tres horas de anticipación. Prácticamente durmió en el aeropuerto, a donde llegó a las 12 de la noche, para evitar cualquier contratiempo.

De madrugada se desplazó hasta llegar a la terminal donde abordaría su avión, con el gran riesgo que eso conlleva, transitar en las desoladas e inseguras calles de la capital del país. 

Fue grande su sorpresa y coraje cuando le notificaron que su vuelo se encontraba demorado. 

Para colmo, los pasillos del aeropuerto lucían solos. Tenemos las imágenes que subió a la red social de su travesía y aventura.

Los casos así fueron cientos, y eso que apenas acaban de cerrar la pista para mantenimiento.

Lo increíble es que ni de broma, pese a estos problemas de conectividad, se piensa en la alternativa del aeropuerto Felipe Ángeles, convertido en elefante blanco.

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Desde el 2020, los concesionarios del transporte público estaban obligados por la ley a instalar un sistema de geolocalización satelital a sus unidades, que permitiría a las autoridades de transporte poder verificarlas en tiempo real, así como al usuario conocer el tiempo de espera. 

Dice el segundo párrafo del artículo 52 de la ley anterior, textual que “los vehículos que presten este servicio deberán contar con Sistema de Posicionamiento Global que comparta su geolocalización y demás información con el sistema de geolocalización operado por el Sistema Integrado de Transporte o la Subsecretaría, de manera estable, continua y en tiempo real, para lo cual deberá de cumplir las especificaciones técnicas que establezca la Subsecretaría”. La administración corralista cobró cuando menos los dos últimos años para la instalación del sistema, pero no hizo nada al respecto. Ingresó el dinero a recaudación y se supone que ahí debe estar.

Pero no sólo ello, resulta que, aunque varios concesionarios sí pagaron lo correspondiente por este sistema y lo siguen haciendo, hubo quienes simplemente no atendieron el llamado y decidieron pasarse la ley por el “arco del triunfo”, tal como se ha manejado el pulpo camionero a lo largo de los años. Claro que no les convenía.

El sistema GPS mandaría al traste el negocio millonario que tienen los concesionarios con la industria maquiladora a la que le brinda servicio de transporte de personal, el problema es que lo otorga con las mismas unidades del servicio de transporte público. 

Esto hace que, a determinada hora la ruta del transporte público se corta, para atender a los empleados de maquila y trasladarlos a sus centros de trabajo o bien a sus hogares, dejando a cientos o miles de usuarios del transporte público sin servicio.

A pesar de que esta es una práctica común y que las mismas autoridades están conscientes de que así lo hacen los prestadores de servicio, poco o nada se ha hecho para sancionar y/o erradicar esas prácticas.

Esto es parte del reto que tiene por delante el gobierno del estado en su afán de poner orden en el transporte público.

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Se quiso hacer una pequeña grilla en el ayuntamiento no tanto con la solicitud de ausencia temporal del alcalde, Marco Bonilla, –porque se entiende que se trata de una prestación legitima de carácter laboral-, sino porque fueron muchos y muchas las que levantaron la mano para ocupar de manera temporal el despacho.  Tenían en el corazoncito la esperanza de sentarse aunque sea por un tiempo pequeño en la principal silla del Municipio.

De uno y otro partido sintieron que tenían los méritos para hacerse cargo de la oficina, porque pensaban que se trataba de ser alcalde suplente, figura que existe efectivamente en el código municipal, pero que no es la que en este caso aplica.

La figura utilizada, por la brevedad de la ausencia solicitada mediante oficio 0241/22 –poco más de una semana, del 1 al 8 de agosto- es la de encargado/encargada de despacho, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 100, y no conforme al artículo 101, que implica solicitud de licencia y designación de presidente suplente.

Se dijo muy clarito en la sesión efectuada entre semana, ahí está el video y el acta levantada.

La designación recayó en la regidora panista Joselyn Vega Vargas, quien a partir del lunes desarrollará una agenda de trabajo para cumplir con la función designada de encargada de despacho.

Hubo envidias y chismorreo, natural. Es una posición de gran privilegio, aun y cuando sea bajo la denominación de encargada de la principal oficina del Municipio.

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Los funcionarios municipales en el estado, han cumplido a cabalidad con la presentación de sus declaraciones patrimoniales y de intereses, lo que ha permitido que la entidad se ubique en el top cinco, entre los estados con el mayor nivel de cumplimiento.

Datos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción refieren que funcionarios municipales de 63 de los 67 ayuntamientos han presentado sus declaraciones, sumando un total de 24, 924 trámites.

Desde luego esto abona a la confianza de la población hacia sus autoridades municipales, que son las más cercanas a la población, precisamente por el nivel de gobierno que representan. 

En estas declaraciones se hacen públicas las propiedades, activos y pasivos que poseen los funcionarios, y en su caso, el o la cónyuge, concubina o concubinario hijos y/o dependientes económicos, de los servidores públicos.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas, establece que, estas declaraciones se tienen que realizar en un periodo de sesenta días después de que asumieron el cargo, posteriormente, el funcionario debe presentar las modificaciones al patrimonio en mayo de cada año y, finalmente, una declaración de término cuando concluya su encargo.