Opinion

-Pagarán chihuahuenses platos rotos por Corral

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GPS / Columna

jueves, 21 mayo 2020 | 05:00

-Un gobierno sin ton ni son frente a homicidios

-El reto del fiscal al de Vialidad

-Amplía Maru su territorio

Más allá del incumplimiento de contrato entre gobierno del Estado y el administrador de las propiedades decomisadas al exgobernador César Duarte, que se dirime en un juzgado civil, existe un asunto de gravísima responsabilidad.

Se ha tratado de manejar mediáticamente que dichos bienes se encuentran decomisados bajo la Ley de Extinción de Dominio, pero es totalmente erróneo.

Dicha Ley sólo permite el decomiso por ciertos delitos específicos, como delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, cuando los bienes son usados para cometerlos. Hasta donde sabemos el exgobernador no ha sido encausado penalmente por ninguna de esas faltas.

Más bien, el decomiso se realizó mediante la acusación de enriquecimiento ilícito, que exige una condena de por medio y que no se acredite el origen lícito de los mismos.

Mientras tanto, los bienes deben ser conservados, de lo contrario, en su momento habrá que pagar por ellos, con daños y perjuicios, situación nada sencilla, más aún cuando se trata de propiedades productivas y ganado.

Como van las cosas, serán administraciones venideras, con cargo a los impuestos de los chihuahuenses, quienes paguen por los platos rotos en las investigaciones.

La detención y extradición no llega ni el juicio mismo que acredite el ilícito. Y el reloj no se detiene.

El escándalo con el administrador sólo es un elemento más de la forma caprichosa y superficial con que se manejan los asuntos públicos, y que ponen en riesgo bienes con millonario valor.

Está acreditada la tozudez y cerrazón de Eduardo Fernández en la Fiscalía con respecto a este asunto.

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Los acontecimientos violentos de los últimos días, con crímenes de alto impacto, no respetan región alguna. En un solo hecho, seis personas, cuatro de ellas mujeres, murieron brutalmente asesinadas el domingo en una colonia popular en Juárez.

El fracaso es rotundo y evidente del nuevo amanecer. Porque estos sucesos están muy lejos de ser hechos aislados. Son la realidad cotidiana, demostración trágica de incapacidad.

La estadística lo confirma. Nos encontramos en parámetros incluso mucho más delicados que en 2010, la peor época del calderonismo.

Sólo para darnos una idea, en 2010 se tiene registro de 121 homicidios dolosos en el periodo de enero a abril. En 2020, en estos cuatro meses, se tiene una estadística cruenta de 778 homicidios dolosos, cinco veces!!.

 Si marzo de este año fue cruento con 223 homicidios dolosos, abril cierra oficialmente con 221 asesinatos. No existe en términos gruesos ninguna mejoría. Los resultados son paupérrimos.

Son datos obtenidos del secretariado ejecutivo de seguridad a nivel nacional, que se encuentran en la página oficial y que muestran un acelerado aumento en la violencia asesina desde el arranque de la administración corralista.

No hubo año, ni en 2017, 2018, 2019 y 2020, en el cual se haya reducido el indicador de derramamiento de sangre.

En el fondo, están ahí dibujadas la indiferencia y medidas atropelladas, sin ton ni son, como los decretos autoritarios que desplazaron a las policías municipales y el sostenimiento durante todo el sexenio de funcionarios omisos e irresponsables, para no decir cómplices.

El corolario de las acciones adoptadas sin el mínimo de planeación, auténticos bomberazos, lo constituye la creación de la costosa Secretaría de seguridad pública, que a cinco meses de su creación, sigue sin dar algún resultado visible.

La actualización de las cifras, que por supuesto se conocían de antemano en Fiscalía y la Secretaría de Seguridad, son un balde de agua fría. La publicación es de ayer mismo.

Y así mientras Chihuahua está inundada en un baño continuo de sangre, el gobernador pierde su tiempo, horas y horas, en ejercicios inútiles frente a la pantalla, conduciendo y moderando encuentros y cápsulas de información con el pretexto del Covid.

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La intervención de Cruz Pérez Cuéllar durante el foro Diálogos por Chihuahua impulsado por Coparmex calló muchas voces.

Pocos podrán ahora cuestionar su intervención, cuando basó su discurso en la defensa de todas y cada una de las políticas del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fue muy hábil al respecto porque enarboló los proyectos federales e incluso los aprovechó para cuestionar el quehacer gubernamental estatal.

No una sino varias veces puso en duda la ausencia de liderazgo en Chihuahua, con un gobernador que sólo busca notoriedad con fines políticos.

Contrastó Cruz entre otras la política fiscal estatal, el doble discurso de Corral cuando cuestiona el centralismo de recursos cuando en Chihuahua hace lo mismo en perjuicio de los municipios.

Mañana tocará a la alcaldesa Maru Campos su turno dentro del ejercicio de debate con prospectiva de lo que sigue después de la crisis del Covid.

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César Peniche, el Fiscal General del Estado, apareció en sus redes sociales con un video en el cual muestra varias despensas dentro de un reto para ayudar a personas de escasos recursos económicos.

Es apenas como quitarle un cabello a una melena abundante el apoyo realizado. Pero lo irónico es que el reto se lo lanzó el director de vialidad, Javier Palacios, quien junto con sus muchachos en las calles sigue haciendo de la contingencia un área de oportunidad.

Sólo con un diezmo de las mordidas obtenidas en los últimos meses bien podría el flamante director de vialidad pagar cualquier reto.

O más bien, solidarizarse con los desesperados automovilistas que con todo y crisis de salud y económica, tienen que enfrentar la voracidad de los sabuesos oficiales de vialidad, que no respetan ni la pandemia para seguir haciendo su agosto.

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El Cabildo aprobó ayer el dictamen de la Comisión de Obras y Servicios Públicos mediante el cual el Municipio fue autorizado para recibir dos tramos carreteros federales.

De esta forma, la administración municipal que encabeza la panista Maru Campos extenderá la capital del estado hasta el aeropuerto internacional Roberto Fierro y hasta el kilómetro 15 de la carretera a Aldama.

Claro que todo está dentro del fundo legal del Municipio de Chihuahua, pero en los hechos, hasta ahora, la autoridad municipal no se mete en tramos que no son de su jurisdicción.

La decisión de recibir esas zonas le abre la puerta a la primera autoridad de la ciudad para tener orden y control en varios rubros. En especial permitirá que crezca el sistema de transporte urbano, que si bien es de orden estatal requiere de permisos municipales para su operación.

El crecimiento real de la ciudad va más allá de las jurisdicciones federales, estatales o municipales, de ahí la necesidad de una reglamentación más ágil y eficiente en ciertas zonas.

Las colonias de las periferias en zonas olvidadas como esa demandan servicios, como el del transporte público, mejor regulados y ordenados.

A ello se orienta la decisión que tomó el Cabildo de la capital, que por cierto ha mantenido su marcha con sesiones vía electrónica durante la contingencia sanitaria, a fin de evitar la parálisis en las decisiones públicas.