Opinion

-Para la Cruz Roja no hay vaquita

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GPS / Columna

martes, 06 octubre 2020 | 05:00

-Gritan limosnera desde Palacio a gobernadora

-Aun saturado exprimen al Central

-Registro Civil hecho un basurero

 

Es muy loable que los muchachos del Conalep se hayan puesto las pilas y hayan aportado a nivel estatal 36 mil pesos en beneficio de la Cruz Roja.

Este año no hubo colecta debido a la pandemia, por lo que las condiciones de la benemérita institución es mucho menos que precaria, depauperada es su situación financiera sin lugar a duda.

En muchos casos están batallando para pagar los pocos sueldos que tienen que cubrir, incluso gastos elementales como servicios, gasolina y mantenimiento de unidades e inmuebles.

Los 53 millones de pesos establecidos de manera permanente en el presupuesto de gobierno del estado son menos que apenas un vale de gasolina para las 27 delegaciones existentes en la entidad y los 173 mil servicios que se dice oficialmente presta la Cruz Roja al año, cuando sabemos que por supuesto son muchos más que 17 servicios diarios por delegación.

Dice eufemísticamente el presupuesto consultado en la página oficial de la administración estatal que ese recurso permitirá a la Cruz Roja contar con los medios suficientes para brindar un servicio médico de calidad.

Pues no. El servicio médico de calidad lo prestan pero esos dineros provenientes de un impuesto incluido dentro de la revalidación vehicular no son ni con mucho suficientes como se pretende vender públicamente.

La casta dorada del servicio público estatal hace como que la virgen le habla. No hay vergüenza, en que los jóvenes, muchos de ellos de bajos recursos, hayan sacado dos o diez pesos de su bolsa para aportarle a la Cruz Roja.

Los funcionarios se embolsan miles de pesos mensuales en nómina, casi doscientos mil algunos, y no son siquiera para hacer una vaquita en favor de la institución.

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Están empeñados los funcionarios estatales en ahondar la diferencia existente con la administración estatal y con el resto de los gobernadores del país.

No tuvieron con la desconocida presidencial el pasado fin de semana, en represalia por el maltrato a Juan Carlos Loera, el delegado de programas federales en la entidad.

Ardieron sin duda en molestia en grado superlativo cuando vieron, unas horas después, a Claudia Pavlovich, la mandataria sonorense, departiendo con el presidente en Bavispe, en el destape a la gubernatura de Alfonso Durazo.

No aguantó, Juan Pablo Mendoza, quien cobra en Atención Ciudadana del despacho del gobernador, -es colaborador directo del titular del Ejecutivo-, para descargar su enojo contra la gobernadora.

 “Una limosnita por el favor de Dios: gobernadora de Sonora se arrodilla ante el Presidente @lopezobrador”, escribió el adulador funcionario estatal.

No es el único, en cadena otros, como Alfonso Villalobos, “El Hermano”, de Comunicación Social, hicieron tercera en el agrio comentario, que poco le ayuda a su jefe en el control de daños, ya no digamos con la federación, sino con sus homólogos.

Ayer Corral estuvo más callado que una momia. Ni por error se refirió en malos términos al mandatario nacional. Es más, hasta lo elogió en su programa pregrabado de televisión de los lunes. Era otro. O más bien dicho, el mismo de siempre.

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Ni por asomo se tocaron dos casos de violencia política vigentes en Chihuahua, ayer al inaugurarse la mesa de trabajo denominada paridad y violencia política contra las mujeres en razón de género, donde participan organismos autónomos y los poderes del Estado.

María Eugenia Campos Galván ha sido acosada y perseguida por la administración estatal, divulgando informaciones que son auténticas amenazas por su intencionalidad política el próximo año. Todos los días, así lo dijo la semana pasada, es objeto de dicho atentado.

Sus afirmaciones, recogidas por los Diarios, son denuncia pública que debió por su propia naturaleza abrir expediente en varias organizaciones que estuvieron presentes ahí, como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos o inclusive el Instituto Estatal Electoral, en función de que el proceso 2021 ya inició oficialmente.

El otro caso es el de Catalina Bustillos, regidora del mismo ayuntamiento local, que sin tener derecho de audiencia recibió una recomendación del mismo órgano garante de los derechos humanos a nivel estatal, en un asunto que debió pasar por una fase de conciliación previa, que no existió.

Ambos asuntos, y otros que hay en el tintero, ni por error tuvieron mención ni mucho menos atención en la mesa que al final queda sólo en buenas intenciones.

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No se entienden las medidas adoptadas en los hospitales denominados Covid desde el mes de marzo, como es el caso del Hospital Central.

En aquel entonces se dijo que sería destinado en exclusiva a atender a los pacientes afectados con el coronavirus, con el fin de proteger al resto de la población que recibe servicios de salud.

De esa forma se aisló un área específicamente y se dijo que el Central no atendería ningún caso que no correspondiera a ello, pese a la natural exigencia de servicio.

Sin embargo, las medidas se fueron relajando debido a la gran demanda de atención médica que no podía ser satisfecha en el Hospital General ni en otras instalaciones hospitalarias.

Ahora que el semáforo cambió a amarillo y que se han detonado los casos, se anuncia que el Hospital Central atenderá oficialmente pacientes con otras enfermedades.

Preocupa por supuesto a los médicos, enfermeras y al resto del personal, la decisión, debido al alto nivel de contagio que aún existe y el riesgo en que no sólo ellos y sus familias se encuentran, sino ahora también el resto de beneficiarios, en este caso del Ichisal.

Hay más de 60 personas intubadas, 257 hospitalizados. Es delicada la situación incluso más que hace un par de meses.

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La imagen que mandan los lectores de las oficinas del Registro Civil en Plaza Vallarta evidencia que la dependencia está convertida en un basurero. Puede verse en todo su esplendor en la versión digital de GPS.

Los desechos acumulados en las instalaciones, frente a la puerta donde hay un letrero que explica el cierre de las oficinas a causa de la pandemia, muestran el abandono del lugar, pero también la situación general de dicha instancia pública que no ha estado a la altura de las expectativas en la peor crisis que ha vivido la entidad.

Buena parte de las oficinas alternas del Registro Civil en toda la capital y seguramente las que hay en otros municipios se encuentran cerradas; las que quedan abiertas están saturadas, con enormes filas de ciudadanos a la espera de la atención de mala gana de los burócratas que despachan los trámites ordinarios. 

Es pan de todos los días -según los reclamos que llegan de los usuarios- formarse por una o dos horas, en lugares mal acondicionados para el servicio al público, y rogar por superar las negativas de los empleados. 

De los cajeros automáticos ni hablar, a veces funcionan y a veces no; a veces tienen todas las actas requeridas (nacimiento, defunción, matrimonio), a veces sólo una o dos. 

Si la basura, las aglomeraciones, los malos tratos y el servicio pésimo de los cajeros no fuera suficiente, está el hecho de que el “apoyo Covid” con las actas rebajadas hace mucho que expiró. 

Estuvo vigente mientras la población no necesitaba actas por estar paralizada la actividad económica y social; ahora su elevado costo por un trozo de papel ha vuelto a los 100 pesos. Cero apoyo real.

Si servicios básicos como el que debe dar el Registro Civil no mejoran, todo lo demás que pueda decirse por parte de autoridades es mera palabrería.