Opinion

-Pasantes bajo terror por concha de presidentes municipales

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GPS / Dominical

domingo, 17 julio 2022 | 05:00

Desde diciembre del año pasado, los estudiantes de medicina que realizan servicio social en Guachochi alertaron tanto a las autoridades estatales como las federales sobre la presencia de personas armadas en hospitales. Las policías municipales son lamentable cero a la izquierda, por complicidad o temor.

Cargando sus fusiles de asalto a la vista de todos, los delincuentes llevan a sus heridos para que sean atendidos de lesiones producidas por arma de fuego y se pasean como Juan por su casa, con relajo y desparpajo, groserías en voz alta, rompiendo la tranquilidad y no digamos la asepsia indispensable provista por blancos muros y pisos de los nosocomios. 

Como si no fuera suficiente con la demostración de sus potentes armas.

Imaginemos el terror de pacientes y familiares al ver a esos hombres, muchos de ellos jóvenes, curtidos por la sierra, gesto duro en el rostro, drogados, habituados a condiciones de salto de mata, sin saber si habrá un nuevo día, escrutando a todo mundo con mirada desafiante.

Van y vienen con sus cuernos de chivo al hombro, utilizando la salida de emergencia o la puerta principal de los nosocomios, impunemente, sin que nadie les diga nada. 

Son amos y señores de la sierra, con más ganas en el caso de una instalación indefensa como lo es un hospital o una iglesia. El juramento hipocrático debería ser suficiente como compromiso ético de atención, y no la amenaza directa o indirecta por personas armadas.

No hay policías municipales en dichos lugares; y si los hay no hacen frente, por temor o complicidad de los elementos adscritos, por lo que en términos llanos es lo mismo, como si no existieran.

En junio, seis meses después del primer aviso, volvieron a recordar los estudiantes el asunto en los mismos términos, la presencia de los criminales en las instalaciones médicas, pero de nuevo nada.

En ese inter de denuncias continuas, llegó el momento de asignar el destino al que deberán reportarse los estudiantes de medicina para cumplir con el obligado requisito del servicio social, por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Ya en esta última no se asignaron pasantes al Hospital de San Juanito; en el caso de la UACH, los seleccionados fueron de inmediato reubicados por solicitud de ellos mismos, ante el riesgo que significa permanecer en esa zona. Los que estaban, solo les restaban unos días y ahí permanecieron.

Era muchísimo el temor por el artero ataque donde perdió la vida la doctora Massiel Mexía Medina, sin razón aparente alguna, por un supuesto sicario completamente loco por las drogas, que apareció horas después maniatado, con el arma homicida a un lado y con la clásica cartulina que lo señalaba como responsable de esa y otra tropelía, pero ésta de carácter sexual.

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Historias como ésta, de lo que denunciaron los estudiantes de Guachochi, se repiten en la zona de Madera, Batopilas, Bocoyna, Urique, Morelos, Chínipas, Guadalupe y Calvo o Guerrero. 

Hasta en Parral acabamos de ser testigos de un lesionado a quien habían extirpado un órgano vital y se encontraba convaleciente tras un ataque a balazos en Guadalupe y Calvo. Fue sustraído por un grupo armado y después localizado muerto en una brecha.

Tenemos el lamentable caso del doctor Blas Godínez retenido en Gómez Farías para atender lesionados de un enfrentamiento, y el de su hijo, también médico del mismo nombre, con balazo en el rostro. Del padre jamás se volvió a saber nada, hasta la fecha, ni su cuerpo ha sido recuperado.

Son responsables delincuentes que pertenecen a los distintos grupos criminales asentados en los municipios enclavados en la sierra o cercanos a ella, confrontados por intereses de cártel, por lo que son comunes los topones, con heridos y muertos. Por eso su llegada a los hospitales.

Lo de San Juanito es corolario criminal de hechos presentados desde hace años en comunidades serranas del estado. No es casualidad del momento.

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El asunto es que desde hace tiempo las presidencias municipales fueron cediendo las corporaciones policiacas al mejor postor, incluso áreas de gobierno que no tendrían que ver con la seguridad, pero sí con los jugosos presupuestos, como son los departamentos de obras públicas y tesorerías.

El crimen fue cooptando e inmiscuyéndose en los asuntos políticos y de administración, proveyendo dinero a las campañas electorales, con lo cual logran el control de los alcaldes, y no sólo a ellos, sino al ayuntamiento completo.

De esta forma, con alcaldes que simulan haciéndose de la vista gorda y otros controlados por el crimen organizado, hoy dejan pasar bobita la gravísima responsabilidad de atender los problemas de seguridad preventiva que tienen en favor de la población que confió en ellos y por eso los eligió.

Es responsabilidad legal y política la prevención por parte de los alcaldes, no es de AMLO ni de Maru Campos, quienes deben garantizarla.

Tendrían que ser los ediles quienes estén cotidianamente reuniéndose para buscar soluciones en su ámbito comunitario y ofrecer resultados, como alcaldes que son, primeros respondientes.

A nivel nacional la responsabilidad es del gobierno federal, es el Presidente quien tiene la responsabilidad, con el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, y la Fiscalía General de la República a su lado.

El Estado tiene una policía estatal hasta cierto punto limitada y la Fiscalía General del Estado como autoridad persecutora de los delitos.

Ya no son las policías municipales armadas únicamente con pistolitas calibre 38 y anticuados fusiles, ahora han sido armadas desde hace años con fusiles de mayor calibre, a través de permisos especiales otorgados por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Durante años recibieron recursos en materia de seguridad suministrados por la Federación y el Estado, tal vez no los ideales, pero son millones. Este año serán casi 400 millones de pesos los que el Estado administrará a través del FASP.

Tienen nómina a su cargo para contratar personal, unidades y jefes policiacos, para hacer frente a delincuentes como éste que en Bocoyna le quitó la vida a una inocente y jovencísima anestesióloga.

Para los alcaldes es muy cómodo que el Presidente y la Gobernadora asuman como los responsables y ellos se dediquen a despilfarrar millones de presupuesto, gastándolo en ocasiones con los “jefes de plaza”, sin cumplir con su compromiso hecho en campaña de garantizar la tranquilidad de sus gobernados, en su ámbito de competencia, la prevención.

Tienen culpa también aquí los legisladores locales y federales, y las dirigencias de los partidos políticos, que a la hora de las campañas son los primeros en tender la mano en busca de apoyos, y claro que quedan comprometidísimos con quienes les aportan dinero para sus aventuras electorales. 

Entregan los partidos las posiciones de titularidades en los ayuntamientos como vimos en los trabajos periodísticos de la colega Miroslava Breach, las complicidades que llegaron al grado de conceder prácticamente las administraciones a los grupos del crimen.

Si son cedidas las cabezas de los ayuntamientos, y las comandancias de policía, por supuesto que no podemos menos que pensar que son entregadas las regidurías y posiciones de mando con manejo de dinero, como es Obras Públicas y otras, con licitaciones a modo, totalmente dirigidas. Hasta eso, el presupuesto en manos criminales.

Están plantados los alcaldes de los municipios señalados que carecen de seguridad pública, como son Satevó, Galeana, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Guerrero, Guadalupe, Praxedis G. Guerrero, Bocoyna, Urique, Coronado y algún otro más, bajo una gran concha de tortuga, tratando de esquivar su responsabilidad.

En la práctica han abandonado las funciones de seguridad pública, dejándole toda la responsabilidad a la Federación y el Estado.

Los pasantes y los médicos en general por lo vital de su servicio, son el eslabón débil y expuesto por la falta de seguridad que en primerísimo lugar tendrían que garantizar los alcaldes.