Opinion

-Pensiones Civiles supura corrupción

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GPS / Columna

lunes, 11 enero 2021 | 05:00

-No le den voz a esa mujer, suplican desde palacio

-Son cómplices en discurso de odio vs Maru

-Flaco favor hacen a Juan Carlos Loera

Desde la semana pasada aceptó Pensiones Civiles del Estado el equipo y software proporcionado por la Universidad Autónoma de Chihuahua para realizar una auditoría al rubro de diferencial médico que está que echa lumbre.

Ha sido la institución una caja chica para los gobernantes, incluso financiadora para el desarrollo inmobiliario y estacionamientos en la pasada administración, pero además, reducto de abusos en la prestación de servicios médicos.

No solo son medicamentos otorgados con exceso, sino la sospecha de procedimientos innecesarios e incluso en ocasiones escandalosos, como los de carácter estético. Los pasillos están llenos de esos chismes que incluyen la reducción abdominal para el exsecretario de gobierno y exconsejero de la Judicatura Federal, César Jáuregui Robles.

Y es que la especulación es mucha, porque no hay evidencia ni manera de comprobar, hasta el momento, de dónde surgen los 414 millones que por este concepto se le quieren cobrar a la Universidad.

Es una cantidad estratosférica, a 2016 corresponden 100 millones; a 2017, 90 millones; a 2018, 87 millones; a 2019, 93 millones; y a 2020, 41 millones.

La explicación de la institución pensionaria no convence a nadie, cuando prorratea el pago entre todas las dependencias que reciben el servicio médico por partes iguales, sin existir un dato objetivo del cobro para poder justificar ante una eventual auditoría federal o estatal.

Lo mínimo cuando se hace un cobro es justificarlo, pero en el caso, no había existido la más mínima voluntad de hacerlo, empecinado en no dar su brazo a torcer Alberto “Tito” Herrera, terminó por aceptar lo lógico, que se hiciera una compulsa.

Por supuesto no quería aceptar el riesgo que existe de que supure la intervención contable olores insoportables y pestilentes por el desaseado manejo que ha tenido, no de ahorita, sino desde siempre.

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Maru Campos concluyó una intensa primer semana de precampaña por los principales municipios del Estado y en todos ellos, ni una estación de radio o canal de televisión se le resistió a una entrevista, que acomodó tras arrastrar el lápiz con pequeños grupos de panistas y recorridos a pie. Hay una ola de aceptación a su mensaje y propuesta.

En Palacio de Gobierno están que echan chispas, porque los conductores y dueños desoyeron los telefonazos y recriminaciones, cuestionan acremente el porqué se le esta dando voz “a esa mujer”, cuando el gallo es otro.

Incluso tuvo varios enlaces casi estatales, donde se transmitieron las entrevistas periodísticas, y es ahí donde salió a relucir la persecución inclemente que tiene necesariamente el sello de la administración corralista.

Es la velocidad adoptada por la precandidata un tren difícil y suicida de descarrilar, a estas alturas de la contienda y con los números muy fríos de electores ya anotados en las listas de promoción, quienes tomarán la decisión final el próximo 24 de enero, venciendo cualquier lineazo como es tradición en el PAN.

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Hacia el interior del equipo de campaña de Maru Campos hay una insistencia en que se haga saber al ministerio público, en particular a la policía cibernética, la bochornosa irrupción ocurrida hace una semana en un encuentro con 600 mujeres.

Más aún cuando se sabe -la diputada Carmen Rocío González trae su propia pesquisa- que hay panistas que se han mofado del asunto y han circulado memes acusando a la candidata de hacerse la víctima, cuando son los primeros que deberían reprobar con todas sus letras los hechos.

Se trata de no dejar pasar de ninguna manera tal acontecimiento, toda vez, que si esto se hace en precampaña, en una elección interna del partido, ¿que pasará en la elección constitucional cuando los ánimos estén más que encendidos y traten de echarle literalmente al caballo encima.?

Se teme por tanto una escalada en la violencia política y de género en contra de quien puede ser la candidata, azuzada desde intereses oscuros dentro y fuera del PAN, que no pueden ser tolerados ni solapados.

Si la autoridad electoral no ha tomado cartas en el asunto, ni mucho menos el partido, sienten entonces que corresponde iniciar una acción penal, para que se rastreen las direcciones IP, tratando de identificar a los responsables materiales y por supuesto, intelectuales del atentado, máxime cuando el día de mañana se llevará a cabo de nuevo.

Nadie es tan ingenuo como para aceptar como casualidad que el mismo día en que Maru acusa a Leticia Corral, la hermana del gobernador, de su ilegal injerencia en el proceso, amenazando a diestra y siniestra, ocurre el desafortunado incidente.

Tendría que realizarse una investigación de oficio, pero se aprecia cómoda lentitud y abulia, que sabe a complicidad inaceptable en tema tan sensible y que involucra violencia y discurso de odio, aderezado con desnudos y obscenidades, de mayor tono que de arrabal.

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Pareciera que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia sólo está jugando inexplicablemente con la impugnación presentada por Cruz Pérez Cuéllar, sin darse cuenta que a la vez perjudica a su eventual candidato Juan Carlos Loera.

Han pasado con exceso los famosos cinco días otorgados a la señalada Comisión para que emitiera una resolución en relación con el reclamo presentado por Pérez Cuellar, y nada más no resuelve, cuando el asunto inclusive debiera estar ya en otro nivel a punto de causar ejecutoria y por tanto firmeza.

Máxime, cuando el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, ya dio la cara por el procedimiento y estableció con claridad que existen todos los elementos técnicos para sostener la legitimidad del estudio demoscópico realizado por la Comisión Nacional de Elecciones.

No se entiende entonces el porqué de la dilación que sólo significa tropiezo hacia el aspirante morenista designado, dándole elementos al Tribunal Estatal Electoral con un nuevo juicio de protección de derechos ciudadanos, el 05/2021 presentado por Cruz, que por cierto fue acumulado al ya pre-existente.

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Una constante en la administración estatal, ya implantada mucho antes pero continuada y reforzada en el corralismo, ha sido la de regatear la entrega del impuesto universitario que se cobra junto con varios trámites locales.

Las oficinas de Recaudación de Rentas lo aplican sin miramientos, igual que la contribución para la Cruz Roja Mexicana. Y los contribuyentes lo pagan sin chistar, gran parte de acuerdo por el buen destino que se supone debe tener ese cobro extra.

El problema que es desde años el impuesto universitario no termina, al menos no completo, en las dos universidades a las que se destina, las autónomas de Chihuahua y de Ciudad Juárez. Las recurrentes crisis de liquidez de las finanzas estatales son el pretexto de siempre.

Se les ha llegado a retener hasta el 80 por ciento por parte de la Secretaría de Hacienda, donde su titular, Arturo Fuentes Vélez, se hace de la vista gorda con esos auténticos y graves desvíos de recursos autorizados al más alto nivel.

Si Hacienda entregara completo el impuesto universitario, en el caso de la UACh, por ejemplo, no enfrentaría ese problema que tiene actualmente por diferencias de pagos y cobros con Pensiones Civiles del Estado.

Ese impuesto hasta cubriría el confuso concepto de “diferencial médico” que alega PCE. Eso sin contar las aportaciones patronales y de los empleados, que evidentemente están más claras que las cuentas de Pensiones, según lo demostró el rector Luis Fierro la semana pasada.

Aunque finalmente el problema radica en la Secretaría de Hacienda. Es el mayor deudor del fondo de Pensiones, así como es el mayor deudor de universidades, asociaciones, fideicomisos sociales y dependencias públicas centralizadas.

Visto así, la solución al problema de Pensiones y la UACh en realidad no está en esas instituciones. Está en Hacienda, responsable de la quiebra del Estado.