Opinion

-Policías e inspectores venden “clandes”

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GPS / Columna

jueves, 15 abril 2021 | 05:00

-Justicia para unos, cárcel para otros

-Se busca perjudicar al IMPE

-Ahora va vs el Tec de Monterrey

Son alrededor de 80 grupos y más de 500 personas las detectadas en redes por dueños de antros y restaurantes como vendedoras de “clandes” por toda la ciudad.

Por este fenómeno provocado desde el gobierno, cómo no van a estar molestos en este sector privado con la nueva versión de la ley seca, que restringe por orden del fantasmal Consejo Estatal de Salud la venta de cerveza y licores a unas cuantas horas del día, únicamente entre semana.

Montones de evidencia de este resultado de la prohibición hacen llegar los empresarios y comerciantes del ramo, quienes generan empleo, pagan impuestos, brindan servicio y son de los más castigados cada que el semáforo cambia de color. Algunas imágenes de muestra en la versión digital de GPS.

Son muchos los que aprovechan las restricciones para, en las horas hábiles, invertirle a las charolas, las caguamas, los “sixes”, las botellas; por la tarde-noche las venden a sobreprecio y hasta con entrega a domicilio. 

La transacción es de lo más fácil. Acuerdan por el mensajero de Facebook y hasta por WhatsApp. Sin temor alguno publicitan sus números como si vendieran queso, empanadas, tamales o pan ranchero. Algunos hasta transferencia electrónica aceptan.

Actúan sin miedo porque -y esto es lo peor que han encontrado los afectados- muchos de los vendedores clandestinos son policías o inspectores de Gobernación, estatales o municipales, da lo mismo. Son los mejor informados de las restricciones, lo que no desaprovechan para hacer negocio.

Las autoridades de ambos niveles se hacen de la vista gorda. Si así actúan con la venta descarada en locales físicos de la colonia Cuarteles, Dos de Octubre, Diego Lucero, Infonavit, Granjas, Deportistas, etcétera, qué van a hacer con las transacciones que se ejecutan vía redes.

Estudiar un poco las leyes del mercado, que son tan ininmutables como las de la física, no les caería mal a quienes en una reunión por zoom le dicen sí a todo lo que diga el gobernador; con eso arreglan el mundo y “controlan” la pandemia. 

Así, difícilmente aprenderán que la prohibición lo único que genera es clandestinaje, que en esta ocasión va en perjuicio no sólo de los comerciantes que de eso viven, sino de las familias, los jóvenes, la sociedad entera. Porque el consumo no baja, sólo se modifica para mal la forma de adquisición.

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Es ejemplo claro del doble rasero con el que se manipula y criminaliza desde gobierno estatal la manifestación social y a las mismas mujeres.

Es la imagen que le mostramos en nuestra edición digital acuse del escrito que firmado con puño y letra por parte del gobernador fue enviado a la Fiscalía de la Mujer.

“En aras de potencializar la libertad de expresión de las mujeres, tanto en sí misma, como en cuanto herramienta esencial para la defensa de otros derechos, como lo es el relativo al acceso a la justicia, adjunto encontrará fotografías de cada una de las expresiones vertidas por las mujeres participantes, así como un tabla que da a conocer la ubicación y características de las mismas”.

Esto con el fin de “...realizar las actuaciones necesarias a fin de verificar la veracidad de los hechos y evidencias para la detección de actos que sean constitutivos de delitos relacionados con la violencia de género...”.

Es textual. Incluso hay alarde de este afán justiciero en comunicado de prensa, donde se entresacan los puntos que consideran más relevantes de dicha vista al Ministerio Público.

Por supuesto, no iba Corral a abrir carpetas de investigación por los destrozos provocados en el Palacio de Gobierno, incalculables los daños por constituir dicho inmueble un patrimonio nacional protegido por el INAH, quien inició la penosa restauración y que llevará bastante tiempo y costo.

Instruye a su subordinada en la Fiscalía de la Mujer, para que investigue y sancione los hechos denunciados en las pintas. ¡Faltaba más!

Reconocible su decisión por tolerante...pero muy lejos de lo que está haciendo con otra manifestación en Juárez, ésta de ciudadanos que se oponen a la nueva línea troncal y pretroncal del BRT.

Allá, pistolas y elementos de dos corporaciones distintas, una de la Secretaría de Seguridad y otra de la Fiscalía, arremetiendo en contra de los manifestantes. Todos directo a la cárcel, fichados y con carpeta bajo el brazo.

En Juárez no hay oficio firmado por el titular del ejecutivo, hay detención de quienes hacían uso de su derecho de manifestación. 

Más aún, hay investigación de oficio, con fórceps en cada tipo penal en busca de la mayor sanción.

Su pecado es entrometerse en una obra sobre la cual tiene mucho interés el ejecutivo. 

Una obra mal planeada, realizada al vapor, sin consenso social alguno, pirateada del Instituto Municipal de Investigación y Planeación.

Son dos las varas con las que se mide y criminaliza a las mujeres y su derecho a la libre manifestación. Incongruencia y capricho.

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Se trató con fines evidentemente político-electorales de generar la imagen de un problema administrativo entre el Instituto Municipal de Pensiones y la clínica Palmore, y que ello habría provocado la muerte infortunada de un joven policía municipal.

Así se quiso manejar por el grupo de elementos policíacos que se manifestaron por lo que se dijo era una irresponsabilidad del ayuntamiento.

Nada más alejado de la realidad. La clínica Palmore, una de las más longevas en la ciudad, comunicó expresamente lo que ocurrió.

“Queremos señalar que nuestra institución nunca ha negado la atención de un paciente crítico por motivos o causas administrativas, y es importante señalar que actualmente el Instituto Municipal de Pensiones, institución con la que hemos tenido una relación comercial para brindar servicios de salud para los trabajadores y sus familias del Gobierno Municipal a través de muchos años, se encuentra completamente sana, sin diferencias ni desacuerdos económicos o administrativos”, dice textual.

Hay en dicha unidad hospitalaria, como en muchas de las instalaciones públicas o privadas un problema de saturación de sus unidades de cuidados intensivos.

Pero no existe en el asunto un tema de rechazo de hospitalización por adeudos o cualquier aspecto de carácter financiero culpa del IMPE, quien también emitió postura oficial al respecto.

Lamentable que al final haya fallecido el agente municipal, al ser atendido a unos minutos del Palmore, en otra clínica privada donde no existía saturación del área especializada.

Es evidente que la molestia generada por la desinformación es justificada en el momento por la necesaria solidaridad del cuerpo policiaco, aun y cuando haya atendido a un dato incorrecto con fines de generar daño.

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Muy lejos de quedar mal parados los directivos del Instituto Tecnológico de Monterrey. Cumplieron a pie juntillas con el procedimiento.

Pidieron permiso, exponiendo su plan de regreso a la actividad presencial, exclusivamente en laboratorios con no más de diez alumnos, y actividades al aire libre.

Es más, lo hicieron público, al obtener la autorización, pero fueron alevosamente traicionados, así como se sienten los comerciantes que habían comprado insumos y ahora están en el riesgo de que se echen a perder.

Igual le pasó a los empresarios que volvieron a hacer contrataciones y ahora tuvieron que “descansar” a sus trabajadores, con cargo y pérdidas a sus bolsillos. El “Higadito” Eduardo Fernández y su jefe escudados en un inexistente Consejo Estatal de Salud, a quien le cargan la responsabilidad de su irresponsabilidad.

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Los directivos de El Heraldo se quedaron ayer plantados para recibir indicaciones presenciales de Palacio de Gobierno sobre el tratamiento que darán este fin de semana a la nueva audiencia judicial de Maru Campos.

Las instrucciones bajaron vía electrónica, ya por la nueva dirección, ya por la gerencia, ambas con todos los poderes editoriales correspondientes.

Les fue cancelado de último minuto el encuentro presencial. Había resaca en Palacio.