Opinion

-Por extorsión, cometió “El Chueco” el brutal ataque

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GPS / Columna

jueves, 23 junio 2022 | 05:00

-¿Y la visita de Andrés Manuel a “La Changa”? 

-Fue mayo un mes para el olvido por homicidios

-Vuelven los filtros entrada-salida de esta capital

La extorsión fue el móvil por el que “El Chueco” disparó contra Pedro Eliodoro Palma, y que a la postre, acarreó la muerte de los sacerdotes jesuitas en Cerocahui.

Se trata de una millonaria actividad lucrativa que enriquece al crimen organizado a lo largo y ancho del territorio nacional, -9 mil millones al año- al mismo tiempo que siembra dolor, invisibilizada en la estadística oficial, donde en la práctica no existe, pese a su terca permanencia.

Sólo uno de cada 100 delitos es denunciado.

Es dicha conducta delictiva la expresión más clara de una actividad desplegada por la delincuencia organizada, que por ese solo hecho compete al gobierno federal, que es el único que tiene la fuerza de fuego y capacidad logística para enfrentar el flagelo.

Los municipios y las entidades federativas, desmanteladas en sus presupuestos por recortes injustificados, poco pueden hacer, particularmente cuando sus familias viven ahí mismo, en la zona de alto riesgo con presencia del crimen organizado.

Desde 2018, “El Chueco” era buscado por autoridades estatales y federales, sin éxito. No es su actuación novedosa. Fueron cinco años de Corral sin hacer nada, y tres años y medio de la actual administración federal.

Inaudito que Lucha Castro y el mismo Corral se rasguen vestiduras, cuando nada hicieron ante los homicidios de líderes indígenas, cientos de desplazados, y el territorio serrano entregado de plano al crimen.

“El Chueco” ponía retenes y maltrataba viajantes, personas de bien, en los caminos de acceso a Cerocahui y otros pueblos cercanos.

Eliodoro era una de esas personas, con casi 40 años realizando su actividad como guía de turistas. 

Nunca había tenido problemas, hasta que se le apareció “El Chueco” para cobrarle el derecho de piso, el que los delincuentes piensan que es de su propiedad por la ausencia de autoridad.

El operativo para dar con el delincuente se ha reforzado con elementos federales y estatales, además de la recompensa anunciada por 5 millones de pesos a quien proporcione información acerca de su paradero.

Van contra “El Chueco” con todo.

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A principios de este mes, el superdelegado federal, Juan Carlos Loera, anunció la enésima visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Chihuahua, específicamente a Urique, que hoy está en la mira del mundo por la reciente masacre y secuestro de personas en Cerocahui.

Sería esta la primera visita presidencial al municipio enclavado en las profundidades de la barranca, que ahora está de duelo por el asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un  guía de turistas, así como la desaparición forzada de cuatro personas más.

Loera de la Rosa visitó el tres de junio la comunidad de Guagueyvo y otros tres poblados de la región, acompañado del subdelegado regional de Bienestar, Ever Arturo Langarica y del alcalde Daniel Silva Figueroa, mejor conocido como “La Changa” en el bajo mundo de la política.

Desde allá, en la tierra que domina el capo Noriel Portillo, alias “El Chueco”, hizo el anuncio festivo de la siguiente visita de López Obrador a una olvidada región que tiene años siendo un agujero negro del crimen dentro del estado mexicano.

Obviamente también fue instruido el alcalde de extracción priista para que se preparara como anfitrión del jefe del Ejecutivo y la parte del gabinete que regularmente lo acompaña a las giras.

Tanto el superdelegado como los funcionarios locales de la Federación, los municipales que encabeza “La Changa” y los estatales tenían y tienen conocimiento del amplio territorio dominado por el grupo criminal que controla los ilícitos en la región.

Ahora no ha salido Loera de la Rosa a confirmar, posponer o cancelar la gira de su jefe; sigue pendiente la visita, no ha cambiado su estatus.

Pero lo relevante no es eso, sino el escenario surrealista en el que se sienten los pobladores de dicha región, donde bien pueden coexistir las fuerzas oscuras con las que supuestamente deben combatirlas.

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Fue más que notoria la ausencia de los expresidentes de Canaco, Patricio Martínez y Gustavo Yáñez a la toma de protesta del nuevo titular del organismo, Omar Armendáriz.

Coincidentemente Patricio y Yáñez fueron los principales promotores de la candidatura de Fernando Mares, quien no logró reunir los votos para derrotar a Omar.

En cambio quienes sí asistieron, fueron Guillermo Luján, a quien la Gobernadora tuvo la deferencia de ir a su mesa a saludarlo.

También estuvieron Carlos Camarena, Carlos Fierro, Arturo Chretin y Maurilio Ochoa. 

Concluido el evento de protesta al nuevo consejo directivo, la Gobernadora se retiró para seguir atendiendo personalmente el lamentable caso del homicidio de dos sacerdotes y un guía turístico en Cerocahui.

Y quien aprovechó la cancha fue Marco Bonilla. El presidente municipal ni siquiera cenó para "fichar" mesa tras mesa y saludar de mano a todos los comensales.

Omar Armendáriz demostró cercanía con la Gobernadora y demostraron que como sector lograron una posición de primer nivel en el gabinete estatal, al quedar Edibray Gómez, ex presidente de Canaco como Secretario de Turismo.

El "click" entre Edibray y la Gobernadora fue desde la etapa más álgida de la epidemia del Covid y Maru era alcaldesa, mientras el gobernador Corral se quedó de manos cruzadas y se iba a jugar golf.

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Los recientes hechos de violencia en distintos puntos del estado encienden las alertas y hay que levantar barreras contra los delincuentes.

En el municipio de Chihuahua se reactivó la estrategia de blindar las entradas y salidas de la ciudad, con el apoyo de las células mixtas. 

Se ha instalado de manera permanente una célula que vigila al norte de la ciudad, entrada y salida a Juárez, pero en estos días se activaron filtros de revisión en la carretera a Aldama y Cuauhtémoc.

La instalación de los filtros es de manera estratégica en diferentes horarios y con presencia de la Guardia Nacional.

El tema es la coordinación desde la Mesa Regional de Seguridad, entre los alcaldes de la zona metropolitana, Chihuahua, Aldama y Aquiles Serdán, quienes sesionan cada semana para revisar la incidencia delictiva.

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La estadística que arroja el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública nos muestra un mes de mayo para el olvido, muy arriba de lo que estábamos viendo de enero a la fecha, pero curiosamente, por debajo del histórico de años atrás.

Si de enero a abril, en promedio se cometieron en la entidad 111 homicidios dolosos, en mayo se disparó la cifra a 154, casi un 50 por ciento más que el mes anterior.

Igual en homicidios en general, con 141 en promedio de enero a abril, y en mayo, llegamos a 187, muy elevada la cifra.

Si se comparan estos números con el mismo periodo del 2021, 2020, y 2019, estamos por debajo de los crímenes ocurridos en dicho tiempo.

Hay un pico de los homicidios en general y dolosos en el 2020 en que llegamos a mil 100 y 972, respectivamente, en el periodo de análisis.

Son estadísticas frías que hablan de un problema presente, que a lo más se ha controlado, pero que está ahí dolorosamente, con los muy emblemáticos casos del Denny’s y los sacerdotes jesuitas arteramente asesinados.

Obliga a profundizar en la coordinación de autoridades y revisar los recursos que se están enviando a municipios y entidades, en lugar de apostarle únicamente a la Guardia Nacional y el Ejército, que no han podido dar el ancho, en esta auténtica emergencia humanitaria de asesinatos.

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Empezó a correr como reguero de pólvora en los celulares de los docentes de la UACH que cuentan con categoría de tiempo completo que la beca al desempeño se pagará esta misma semana, en los meses correspondientes a abril y mayo; junio y julio saldrán el próximo mes.

La noticia enviada desde el sindicato magisterial universitario causó muy buena impresión. Por lo regular la beca se pagaba de quincena en quincena a partir del mes de agosto, en abonos cómodos para la Universidad, a pesar de contar con los recursos.

La determinación, según nos dicen, es no dilatar el pago de una prestación, máxime si se cuenta con el recurso respectivo, que se paga con dineros federales, estatales e incluso de ingresos propios de la máxima casa de estudios.

La beca al desempeño es un recurso que los maestros de tiempo completo concursan mediante una convocatoria con requisitos diversos, como tutorías, investigación, docencia y otras obligaciones que deben cumplir.

Son casi 900 maestros los que se encuentran en esa categoría de contratación, y que son la base de las actividades sustantivas y adjetivas de la Universidad, con el apoyo de dos mil maestros de hora clase dedicados exclusivamente a la docencia.