Opinion

-Por supuesto 'Paquito' no se mandaba solo

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GPS Columna

martes, 22 noviembre 2022 | 05:00

-Están en pie de guerra profes normalistas 

-Es consejera, pero se siente candidata  

-La llama revolucionaria con “pildorita” de diez kilos

Con la detención del exfiscal de Derechos Humanos, Francisco “Paquito” G. A., por el delito de tortura, queda abierta una caja de Pandora de la que saldrán varios casos de atropellos y abuso de autoridad cometidos por el gobierno de Javier Corral y sus aliados dentro del Poder Judicial. 

Los afectados denunciaron los actos de acoso, intimidación y presión que ejercían los agentes del Ministerio Público a cargo del ahora imputado desde 2018. Por supuesto, la Fiscalía General del Estado no movió un dedo en todos estos años. 

Pero eso no quedó ahí, el Poder Judicial, entonces encabezado por Pablo Héctor González Villalobos, colaboró con la estrategia de Corral y colocó a jueces de consigna para que todos los exfuncionarios del sexenio de César Duarte fueran procesados y se quedaran detenidos en prisión preventiva, pese a que los delitos que se les imputaban no ameritaban este tipo de medida cautelar que, cabe decirlo, tiene carácter de excepcional. 

Incluso, el exsecretario de Educación Cultura y Deporte, Marcelo González Tachiquín, ha revelado que pese a denunciar tortura en su contra desde 2020 y haber sido sometido al Protocolo de Estambul, el Tribunal Superior de Justicia extravió el documento que contenía los resultados y nunca se pudo hacer uso de él para su defensa. 

El exfiscal es sólo uno de los brazos ejecutores de la persecución emprendida por Corral. Por debajo de él había un grupo especial que operaba desde la Casa de Gobierno en la confección de expedientes y, por encima, se encontraban el fiscal César Peniche Espejel y, por supuesto, el entonces gobernador.

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Los profesores de la centenaria Escuela Normal del Estado se encuentran en pie de guerra, dado que el regateo de sus prestaciones laborales sigue siendo una constante que cumple ya varios años, sin respuesta alguna de los gobiernos que van y vienen. 

Desde hace más de un mes, la fachada de la benemérita institución está “adornada” con pancartas de protesta por acuerdo generalizado de los trabajadores que, sobra decirlo, son los profes de los futuros profes del sistema de educación básica de la entidad. 

Un primer reclamo asienta que la autoridad no paga las prestaciones de los maestros, que exigen la llamada transferencia de escalafón con retroactivo, lo cual sigue sin cumplirse y se suma a la larga lista de derechos laborales no cumplidos para los maestros del subsistema estatal. 

Otra de las demandas es la eterna exigencia de que mejore el sistema de Pensiones Civiles del Estado, que sigue sin alcanzar los niveles de calidad con los que operaba cuando fue creada la institución para dar servicio, precisamente, al magisterio agrupado en la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 

“El personal docente y administrativo de esta escuela, trabajamos bajo protesta por el deficiente servicio de Pensiones Civiles del Estado. No más desfalco a sus recursos”, dice la leyenda que debe tomarse a modo de advertencia. 

El hecho de que los inconformes sean los formadores de los nuevos maestros no es una cuestión menor. La semilla de la inconformidad ha germinado en el corto plazo con consecuencias todavía no vistas, que de no ser atendidas habrán de crecer hasta niveles graves. Incluso ya se habla de una eventual paralización de actividades. 

Si en el corto plazo la problemática ha crecido, en el largo ni siquiera se alcanzan a visualizar los efectos que pueda tener una crisis en este aguerrido sector magisterial. 

Dejar que siga en ascenso y que la protesta forme parte del paisaje diario de la Escuela Normal, porque ya tiene varias semanas sin ser atendida por las autoridades del ramo, es apostarle a que siga creciendo el montoncito de dinamita sobre el que está asentado el normalismo local. 

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Ni siquiera la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE), Yanko Durán, se ha preocupado tanto por figurar públicamente como la consejera Georgina Ávila, a quien le ha dado por aparecer e incluso opinar en temas públicos, como si tuvieran algún valor extraordinario sus puntos de vista. 

Nombrada desde 2018 por el Instituto Nacional Electoral, Ávila Silva permaneció en las sombras todo el tiempo hasta este mes en curso, cuando Palacio Nacional lanzó el dardo envenenado de la reforma constitucional que podría acabar con los organismos locales como el IEE. 

Antes de esa propuesta de reforma, por la que obviamente se mostró en contra la consejera local, nadie sabía de la existencia de la funcionaria. 

Como que la exposición pública le gustó y ahora hasta hace anuncios de eventos públicos del IEE y de otras instancias electorales, casualmente muy interesadas en mostrar algo de utilidad, no vaya a ser que avance la propuesta morenista en el Legislativo. 

Pero el caso es que dentro del IEE ven con suspicacia el repentino interés por figurar públicamente de la consejera, dado que hasta contrató una oficina promocional no institucional, es decir, no lo hizo a través de las áreas de comunicación e imagen del instituto, sino a través de un despacho privado. 

Tal vez tiene confusión sobre lo que es, consejera electoral y no candidata. 

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La famosa “llama encendida” en Pascual Orozco, seccional del Municipio de Guerrero, duró lo que un tanquecito de diez kilos de gas LP, ni más ni menos.

Apenas concluyó la ceremonia oficial donde estuvieron las titulares de los tres poderes del Estado, junto con el alcalde  Carlos Comadurán Amaya, y los trabajadores municipales sacaron “la pildorita”, de un agujero en el suelo.

Sin duda hay responsabilidad compartida en los tres niveles de gobierno anteriores, y el Municipio mismo, por la ocurrencia de tal flama.

Queremos pensar que fue dejado en la autoridad municipal el diseño y costo del monumento que conmemora la gesta del heroico pueblo de Pascual Orozco, alzado en armas aquel 19 de noviembre de 1910, cuatro días después que lo hizo Cuchillo Parado.

Debió haberse considerado en el flamante decreto del 28 de abril del año pasado, que sería dotado el ayuntamiento de los recursos financieros necesarios para construir una obra digna del escándalo armado por desentrañar el origen de la revolución, que le disputaron los guerrerenses a los coyamenses, impulsados por el ocioso gobernador Javier Corral.

Dicho decreto dice con todas sus letras en el artículo tercero, que la “Llama de la Revolución” será encendida en Sesión Solemne el 19 de noviembre de cada año, y durará encendida hasta el 17 de mayo del siguiente año. 

Pues todo quedó en el anecdotario legislativo. La llama duró lo que permitió la “pildorita” de 10 kilos de gas, y que bueno que así fue, porque con  el tamaño de la llama se requerirían quien sabe cuántos “tanquecitos” para mantenerla encendida. 

De esas ocurrencias tomadas al vapor de los humores políticos, cuando los legisladores se rasgan las vestiduras, como hicieron el año pasado.

Esos cientos de miles de pesos que al año costará mantener dicha flama encendida durante largos siete meses muy bien pudieran tener otro destino.

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La elección del Comité Ejecutivo nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) está a la vuelta de la esquina y, por ello, el secretario de la Sección 52, Pablo Serna Molina, ya hizo el llamado a los agremiados para asistir a las votaciones. 

El resultado de la votación que se realizará el 28 de noviembre, está cantado ya que el actual líder nacional, Marco Antonio García Ayala encabeza la única planilla registrada, denominada “Blanca”. Será mero trámite para cumplir con los procesos democráticos que ahora rigen a todas las organizaciones sindicales, con el detalle que se debe acreditar la participación del 50 por ciento más uno de los agremiados.