Opinion

-Promesa de Aras para pagar es un peligro

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GPS / Columna

viernes, 05 agosto 2022 | 05:00

-Corrupción del SAT alentada por la 4T

-Toda la cuerda de Palacio para Jocelyne

Ganar tiempo para Armando Gutiérrez, director de Aras (autonombrado CEO y darle así mayor realce a la estafa piramidal disfrazada de empresa financiera), es la estrategia que con suma claridad quedó evidenciada al arrancar ayer el mayor juicio en su tipo en los tribunales del estado. 

Con liquidez suficiente desde donde se mantiene escondido, al operador principal del esquema Ponzi le interesa muchísimo que le sea aceptada una propuesta para la supuesta reparación del daño, aunque no haya dado pruebas de que puede cumplir con ello.

Esa misma iniciativa ya había sido planteada anteriormente ante la Fiscalía General del Estado, pero ni su titular Roberto Fierro ni el fiscal de la Zona Centro, Carlos Mario Jiménez, habían mordido el anzuelo de la posibilidad de un arreglo. Por algo.

Por eso no causó sorpresa que la representación de Aras, prácticamente diluida como empresa o grupo financiero, insinuara de forma previa a la audiencia que ya tenían planes de negociación individual con cada uno de los más de 15 mil inversionistas que apostaron a su esquema, de los cuales denunciaron penalmente más de cuatro mil 500. 

Pero son muchos los problemas que supone un eventual arreglo por la vía de la justicia alternativa. En primer lugar, está lo que se alargarían los procesos, porque llevan meses de negociación entre las partes; después de eso y ante la probable falta de acuerdo, tendrían que reiniciar las causas por la vía penal.

Y más allá de la parte jurídica del momento, la cuestión financiera-legal es otro brete insuperable para el grupo que durante más de dos años fue la sensación de los chihuahuenses por los altos e irregulares rendimientos que ofrecía.

La Sociedad Promotora de Inversiones (SAPI) estaba y está legalmente impedida para captar recursos del público ahorrador, de acuerdo a las normas vigentes que ha aplicado a medias la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que muy tarde alertó sobre la estafa.

Además de que ahora no puede garantizar la entrega de rendimientos de las inversiones, la CNBV ya no puede hacerse de la vista gorda, como tampoco puede hacerlo la autoridad fiscal, que por más de 24 meses la empresa levantó capital de forma indebida, con los resultados de todos conocidos.

De ahí que la justicia alternativa, o sea un arreglo a través de mediadores del mismo aparato judicial, no sea una opción viable y sea vista únicamente como mera chicana para ganar tiempo, del que ya han perdido mucho los estafados.

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El personal sindicalizado del Servicio de Administración Tributaria (SAT) explica algo tan básico que ha pasado por alto en el problema sin resolver de la falta de citas para los contribuyentes, quienes deben esperar hasta dos meses para cualquier trámite presencial en la dependencia.

Desde 2018 y hasta la fecha, en el caso de las unidades del SAT de Chihuahua y Juárez, han sido corridos al menos 40 empleados no sindicalizados, como parte del programa de austeridad del gobierno federal, banderita deshilachada que no se cansa de usar el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esos despidos -iguales a los registrados en montones de dependencias federales como la Comisión Nacional del Agua, Comisión Nacional Forestal, Secretaría de Agricultura, Secretaría de Economía y otras- ocasionaron sobrecarga de trabajo para los sindicalizados y personal de confianza nuevo. 

En el caso específico de la dependencia fiscal, la falta de personal no se ha corregido desde entones ni hay esperanzas de que vaya a ser atendida, pese a que todos los días hay quejas en los buzones de atención, así como reclamos públicos principalmente por los líderes de la iniciativa privada, que sufren hasta para declarar impuestos.

Los tiempos de espera tan largos serían un problema menor de no ser porque han disparado la corrupción. Las citas que antes tardaban a lo mucho una semana, ahora llegan a tardarse dos meses y medio, de ahí que ahora las denuncias sean por la venta de lugares para atención, que pueden venderse en cantidades que van de los 500 a los cinco mil pesos.

Esa corrupción incentivada por la falta de personal y poca capacidad de nuevas contrataciones de confianza, no es de los empleados que tienen años o décadas de trabajo al servicio de la Secretaría de Hacienda, sino de los mandos que llegaron a partir de la 4T.

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Tomó la regidora Jocelyne Vega muy en serio su papel de encargada del despacho del alcalde Marco Bonilla, por lo que ha llenado su agenda de actividades propias de la representación que le dieron sus compañeros ediles, sin descuidar su participación en las comisiones del cabildo capitalino.

Por eso es que igual ha encabezado los actos públicos recientes, incluso junto a la gobernadora Maru Campos, que ha asistido a las reuniones de comisión junto a los demás regidores, con lo que acabó de planchar las cosas para la tarea de una semana que le dejó Bonilla Mendoza. 

Vega Vargas enfrentó algunas grillitas soterradas de los ediles, incluso de los propios panistas que encabeza el gaudinista Isaac Díaz Gurrola; las aguas retomaron su nivel cuando vieron la actuación institucional de la regidora, pero, sobre todo, cuando se enteraron que tenía toda la cuerda del Palacio de Gobierno para operar a sus anchas.

La regidora-alcaldesa por unos días ha mantenido discretos vínculos con la oficina principal del inmueble de la Carranza y Aldama. Eso le ha servido para, desde el comienzo de la administración actual, avanzar en gestiones y crecer políticamente.

El nombre de Jocelyne es barajado para múltiples tareas oficiales y no oficiales, relacionadas o no con su humilde cargo edilicio, no por nada está palomeada para entrar como parte de la nueva camada de consejeros estatales del PAN que en las próximas semanas habrán de elegirse.

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El extenso documento elaborado por quién sabe quién –pero con aromas mazatlecos- y firmado por Oscar Avitia con su arrepentimiento, no pasará más que a engrosar los oscuros archivos de la historia de esta legislatura.

Es una constancia que será agregada a las actas de la sesión que en su momento serán circuladas entre los integrantes de la Comisión Jurisdiccional, pero que no cambia en nada el sentido de la votación.

Esto es así porque no existe ni en la Constitución, ni en la ley orgánica, ni en reglamento alguno, norma alguna que justifique el arrepentimiento posterior en el sentido de un voto, cuando la sesión respectiva ha concluido.

Avitia, según nos dicen, tendría que haber solicitado la aclaración en la misma reunión, incluso, en el instante en que se lee la votación, por él mismo como secretario. Pero no dijo nada, calló como momia, después de su discurso justiciero con el cual avaló el voto morenista para enjuiciar a Corral, de lo cual ahora se arrepiente.

Probablemente tendrá que resolverse en una próxima sesión de la Comisión Jurisdiccional su solicitud, pero sólo será para darle palo.

Imaginemos a los legisladores cambiando su voto horas después de las sesiones, sólo porque reciben alguna llamada con lada de Sinaloa.

Autorizarlo sería algo absurdo, lejos de la seriedad y formalidad de las reuniones de la más alta tribuna de nuestro estado.

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Quien en ese tema se aventó un errorcillo de primaria fue el diputado priista, Omar Bazán, al intentar darle un coscorrón al ex líder de la Sección 42 del SNTE  Ever Avitia con datos fuera de realidad, asegurando que es padre del diputado Óscar Avitia por supuestamente haberse retractado de votar en contra del juicio político en contra de Corral. 

El diputado  Óscar Avitia Arellanes  diputado por Morena, efectivamente es maestro pero es hijo del ex diputado del PT, Oscar Hugo Avitia, dato que no inviestigó el legislador priista.

Bazán dijo seguro de sí mismo, "algo pasó, alguien le habló, alguien le pidió o alguien le cobró favores... Corral movió sus políticas", culpando al propio Ever Avitia de haber movido estas piezas a favor del ex Gobernador. 

El hecho causó extrañeza y hasta burlas, pues no es un secreto la buena relación que mantiene el ex líder sindical Avitia con Palacio de Gobierno.

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El director de la JMAS en Cuauhtémoc, Miguel Ángel López Granados y varios de sus subordinados fueron denunciados por violencia laboral y política ante la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos por Razones de Género de la Zona Occidente.

De esto han pasado dos semanas, sin que exista hasta el momento una sanción o mínima reprimenda. Vaya ni un jalón de orejas. 

Es muy delicada la denuncia interpuesta nada menos que por la directora administrativa de dicha JMAS, Alma Julieta Lastra. Parece que sólo es la punta del iceberg de conductas ilegales, incluso delitos de corrupción.

Los otros dos denunciados son Arnoldo Luna Pérez , Alex Arzaga y una mujer de nombre Lourdes Blanco Pérez, quienes presionaron al personal administrativo el pasado 13 de julio para que firmaran documentos que acreditaban horas extra que no habían laborado.

La denuncia –cuya copia obra en poder de esta editora- se denuncia además amenazas y se hace responsable a Miguel Ángel López de cualquier daño que pudieran sufrir tanto Lastra como su personal a cargo.

Se sabe que López es gente allegada a los altos círculos del panismo, mientras que Luna es de extracción priísta, de un grupo rival de Pancho Sáenz.