Opinion

-¡Qué miedo...! cirujano plástico sigue libre

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viernes, 22 febrero 2019 | 01:40

-Hora que Grajeda despierte de su letargo

-Catálogo delictivo político-electoral

En el Hospital General se apareció un espíritu. Bueno, más bien un Espíritu, el doctor con ese apellido, de nombre Erick, acusado formalmente y bajo proceso penal, por la muerte de la conductora de radio Gris Ramos, en una cirugía plástica para la que el médico no estaba capacitado, dado que su formación es general y no especializada, como demanda la ley.

Pero quién sabe de qué protección goza Espíritu que pese a los señalamientos que enfrenta -haber hecho montones de cirugías irregulares, en horario de trabajo formal de la Secretaría de Salud del Estado, pero en consultorios particulares; y ser probable responsable de la muerte de una mujer en uno de estos procedimientos riesgosos, lo que está en proceso en los tribunales- es favorecido con un cambio de adscripción de Cuauhtémoc a Chihuahua, como si nada pasara.

Algunos dicen que la protección para el médico Erick Espíritu viene desde alguna oficina del primer piso del Palacio de Gobierno, tal vez incluso del mismo gobernador Javier Corral o uno de sus allegados, aunque otros apuntan que más bien tiene que ver con el influyente Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, que enfrenta elecciones en estos días y que está urgido de votos para uno de los proyectos, por eso concede lo que sea, hasta jugosas posiciones, prestaciones, licencias y reubicaciones a los empleados, así estén sometidos a proceso penal.

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Sin cambio de fondo, en la Secretaría de Salud parece que no ha existido relevo de titular. La sombra del médico militar Ernesto Ávila Valdez se pasea campechano en la persona de los directivos y médicos que dejó diseminados para proteger sus intereses.

El responsable del Hospital General, Carlos Benítez Pineda, hace todo menos su chamba como encargado de la importante unidad hospitalaria.

Trabaja y cobra tanto en el Hospital General como en el Infantil, sin que nadie le diga nada, cosa curiosa, porque bajo este pretexto despidieron a muchos médicos que sí hacían su trabajo.

Los pasillos son objeto de su frustración por la salida de su querido amigo el Dr. Ávila. No hay personal que no haya sufrido consecuencias de su mal humor. Es un auténtico terror.

Actualmente incluso la ha tomado contra la parte administrativa, donde hay vestigios de un mal manejo de recursos. Un desfalco de dinero que debió ser pagado a proveedores, que siguen ilusamente esperando mediante promesas.

No encuentra cómo lavar su responsabilidad en el asunto, en el cual esta implicado, al menos por omisión constante en sus deberes.

Pero no es todo su pecado. Trae una conducta de protección permanente para un médico que hace lo que le pega la gana.

Se trata del Dr. Daniel Frías Fierro, un cardiólogo que se dedica nada más a revisar los expedientes y luego manda a los estudiantes residentes a dar las consultas.

Por supuesto el tema ha levantado mil quejas de parte de los familiares que no ven atención del médico especialista responsable.

Y se preguntan, ¿en qué manos se encuentra su familiar? ¿En la de un estudiante? Y entonces, ¿Dónde está el médico responsable que debería atender la consulta directamente?

Lo que sí hace es llevar sus pacientes particulares al Hospital General para atenderlos con costo al presupuesto federal y cuidar los intereses de Ávila con la empresa CIMA y Hospital Ángeles. Eso es saber hacer negocios.

En ello, Benítez tiene responsabilidad directa. Es hora de que el doctor Jesús Enrique Grajeda despierte de su letargo.

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Organizaciones de la sociedad civil, legisladores, múltiples voces se han alzado en contra de la recién aprobada modificación constitucional con nuevos delitos como graves, y por lo mismo, con la consecuencia de prisión preventiva oficiosa.

Hasta hoy, y antes de que las legislaturas estatales autoricen la modificación constitucional, los únicos delitos graves, con dicha prisión preventiva oficiosa lo son la delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y delitos violentos cometidos con armas de fuego.

Pero esto habrá de cambiar muy pronto. Se agregarán el uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, delitos en materia de hidrocarburos (huachicoleo), abuso sexual en agravio de menores, violencia sexual en agravio de menores, feminicidio, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y delitos contra la Ley de Armas de Fuego.

El problema lo ven en el uso de programas sociales, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, huachicol, robo a casa habitación y delitos contra la ley de armas de fuego.

¿Por qué? Por la simple razón de que algunos de estos delitos serán utilizados en contra de los rivales políticos del régimen. Con ellos doblegarán con facilidad cualquier resistencia de los gobernadores. Un simple oficio podría convertirse en uso de programas sociales con fines electorales, o ejercicio abusivo de funciones. La línea es tenue.

No se diga la persecución por huachicol o robo a casa habitación. Un tanque de gas, una pantalla de televisión, un robo menor será sancionado de manera grave y con el peso del Estado.

De los legisladores de Chihuahua que se han pronunciado al respecto se encuentra Georgina Bujanda. Su reacción ha sido fuerte en redes sociales, el problema es que poco podrá hacer al respecto. Los votos de la legislatura de Chihuahua apenas cuentan en el concierto nacional. La imagen de su posición en nuestra edición digital.

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El mensaje en redes sociales de Marijose Valles, la titular de comunicación social, es un buen intento por rescatar algo de imagen para el Gobierno del Estado, pero es eso nada más. Una buena intención.

En ella resalta las virtudes del Estado de Chihuahua en materia de recaudación de impuestos, que a nivel federal también fue reconocido.

Pero esto es más mérito de los contribuyentes que de la acción recaudatoria del Estado. Si hay un mérito es de los empresarios y ciudadanos que pagan sus impuestos con puntualidad y rectitud.

Más bien se espera del gobierno mayor obra, reducción de inseguridad y proyectos de beneficio comunitario, que regodearse por la exacción de impuestos a ciudadanos.