Opinion

-Quieren mil 600 millones sin ninguna regla

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GPS / Columna

jueves, 24 diciembre 2020 | 05:00

-Abandona Salud su papel rector en la pandemia

-La impugnación tiene efectos a largo plazo

-Usan Pensiones para forzar más deuda

Fueron muy burdos y genéricos los argumentos que utilizó la Secretaría de Hacienda para sustentar la solicitud del crédito de mil 633 millones de pesos. Ya lo habíamos dicho.

Con esa palabrería vacía sin asidero alguno es muy difícil convencer siquiera a un niño, menos a un legislador con dos dedos de frente. Son argumentos que se caen por sí solos.

Más aún, cuando en la tarjeta informativa presentada, en la letra chiquita, va el demonio mismo, que evidencia que no saben siquiera -o no quieren decir- en qué van a utilizar esos millones.

Dice textual el informe elaborado por Hacienda, que el crédito tendría una libre disposición hasta el 31 de julio del 2021.

No hay entonces una claridad en lo que pretenden. Quieren una línea de crédito abierta durante largos siete meses para ejercerlo en la ocurrencia del momento.

Más que un cheque en blanco, es un tonel de billetes, marmaja de libre disposición y uso, sin ningún tipo de regla ni restricción.

Por supuesto, violaciones mil a cualquier norma de administración eficiente de los recursos y a la disposición de créditos.

No aguanta una revisión a las leyes de responsabilidad del gasto o de deuda pública, total descaro de fin de quinquenio, apurado por la circunstancia de que las finanzas están ahorcadas irremediablemente por culpa de un errático manejo.

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Cuando menos se le contaron dos horas seguiditas ayer al titular de Infraestructura Educativa, José Luévano, en el despacho del Gobernador.

Parecería muy normal la visita de un funcionario de primer o segundo nivel, Secretario o de perdida Coordinador, a la oficina principal de Palacio.

Pero en este caso se trata de un servidor público de cuarto nivel, titular de un organismo descentralizado que apenas pinta en el gabinete ampliado.

Es entonces enjugar el dedo en la boca de la opinión pública que se diga que estuvo tratando aspectos presupuestales con el titular del Ejecutivo.

Más en momentos en que estaba por realizarse la audiencia de vinculación a proceso de Hugo Amed Schultz, exalcalde de Chínipas, involucrado como Luévano y Alfredo Piñera en el terrible homicidio de Miroslava Breach.

En dicho audio, grabado a escondidas y sin autorización alguna, la colega periodista se echa toda la responsabilidad por las publicaciones de narco-política, con papel protagónico de los Salazar allá en Chínipas.

Schultz recibe la grabación de Piñera con conocimiento de Luévano y lo entrega al grupo criminal. Eso es lo que hasta el momento se sabe.

La carpeta de investigación, en la cual la Fiscalía Estatal los considera como simples testigos, debe ser abundante de detalles al respecto, con el agregado de que se trata de declaraciones ante autoridad y tienen todo el valor probatorio.

Esas declaraciones rendidas ante la FGE son las que tienen a Schultz en estos momentos en prisión preventiva, y así lo tendrán durante los tres meses en que se integrará la carpeta para sentarlo en el banquillo y determinar el grado de participación en el homicidio.

Por supuesto que este tema no pudo ser ajeno a Luévano y Corral en esa prolongada reunión matutina.

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Es una impugnación muy peculiar la que presentó Cruz Pérez Cuéllar ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, porque en ningún lado refiere su inconformidad con el procedimiento.

Se limita en el cuerpo del escrito a solicitar respuesta a una serie de preguntas relativas a la designación de candidato a gobernador, conforme a las bases de la convocatoria.

Tiene toda la forma de un escrito jurídico, en el cual designa representantes legales e incluso domicilio para oír y recibir notificaciones.

Es indudable que las preguntas y el informe solicitado son tendientes a preparar el recurso de protección de derechos políticos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Sabe muy bien que la decisión hacia el interior de Morena es inimpugnable de acuerdo a la misma convocatoria que alude.

Por cierto, hay un compromiso por escrito de no inconformarse y acatar los resultados fueran cuales fueran, el cual está violentando.

Realmente habrá que esperar a la respuesta que obtenga del partido y la presentación del recurso ante el órgano jurisdiccional electoral, para hablar en forma de impugnación.

Digamos que por el momento estamos en presencia del derecho innegable de pataleo, berrinche que no se le puede negar a nadie, en particular tratándose de materia política.

Es incuestionable que la afrenta no sólo parece estar en él, sino en la humanidad de Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores morenistas, que ya daba por hecha la candidatura a gobernador de su supuesto protegido.

La eventual impugnación, entonces, toma otra dimensión, en el juego hacia la candidatura presidencial del 2024, así de ese tamaño el trasfondo.

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El tianguis que se coloca sobre la Dostoyevski todas las semanas lució esplendoroso por la presencia de cientos, si no es que miles de personas, muchos de ellos sin cubrebocas.

Es demostración palpable del criterio irresponsable con que es manejado el semáforo naranja-amarillo-verde, con el cual la Secretaría de Salud abandonó su papel rector y vigilante de la pandemia.

Están usufructuando las mieles del encierro de mes y medio, dilapidándolo, en perjuicio de los mismos ciudadanos.

Administrar la enfermedad le llaman a los 23 muertos de las últimas 24 horas, en cifras que no difieren en nada a lo presentado antes del pico de las semanas 45-46.

Los rangos de defunciones se encuentran en los 110 por semana, muy por encima de los ocurridos en las semanas 39, 40 y 41.

Por supuesto el dato no pasa desapercibido para quienes saben e inmediatamente ponen los puntos sobre las íes.

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Tras el llamado de auxilio de Alberto José “Tito” Herrera, director de Pensiones Civiles del Estado, se encuentra el uso de la institución para tratar de justificar un aumento en la deuda con la que carga el organismo y el mismo gobierno estatal.

El funcionario se ha puesto en los últimos días a transparentar la crítica situación financiera de PCE. De ahí que hasta hablara del ultimátum que le han hecho los hospitales privados a donde el organismo manda a sus pacientes porque no tiene clínicas propias, sólo tiene Urgencias, Cirugía Ambulatoria y Consulta Externa.

Lo que es novedoso, según las quejas del área médica de PCE, es que Herrera acepte que tras casi cinco años de gestión no ha hecho más que profundizar el desastre financiero que tiene a la institución sentenciada a muerte.

Es novedoso también que, sin decirlo, reclame la desatención por parte de la mayor deudora de la institución, la propia Secretaría de Hacienda, que además de no pagar le recorta sin misericordia el presupuesto.

Lo que no es novedad es que los hospitales privados reclamen las deudas que Pensiones deja acumular, porque durante el año le han hecho el mismo ultimátum cada dos meses, en promedio.

Por eso más parece que PCE se comienza a usar como la bandera para justificar un mayor endeudamiento de las finanzas estatales, producto de un uso inadecuado de los recursos y de las nulas gestiones por cobrar las deudas a favor de la institución.

Es como dejar que colapse el organismo, que cada vez da un peor servicio médico a los burócratas estatales, para justificar la ineficiencia en su manejo y la contratación de mayores deudas. Así de simple.