Opinion

-Regresó lo robado para que lo perdonaran

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GPS Columna

jueves, 10 noviembre 2022 | 05:00

-Tiene Cruz cita con alcaldes en Guerrero  

-Alistan protesta derechohabientes del ISSSTE

-Siguen abusos con estacionamiento de prensa

 

El extesorero municipal de Belisario Domínguez, Raúl M.O (datos protegidos en la sentencia pública), entregó alrededor de 150 mil pesos al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, para reparar el daño ocasionado a las arcas públicas durante la gestión del que fue su jefe, el exalcalde Aarón Loya Jáquez. 

El negocio ejecutado en el año 2019 fue en realidad del presidente municipal, que hasta la fecha sigue presumiendo que gobierna en ese municipio a través de un prestanombres.  

Su administración contrató a un despacho para hacer un trámite sencillo y gratuito, como es la recuperación del impuesto sobre la renta, pagándole el 30 por ciento de los recursos obtenidos, una práctica notablemente ilegal que la Auditoría Superior del Estado ha observado de forma recurrente en los municipios. 

Precisamente los auditores estatales fueron quienes promovieron el procedimiento de responsabilidad contra el exfuncionario. Evidentemente cortaron el hilo por lo más delgado, pero al menos intentaron que el caso no quedara en la impunidad como otros tantos. 

Durante el proceso que resolvieron los magistrados administrativos, Mayra Arróniz, Gregorio Morales y Alejandro Tavares, quedó demostrada la responsabilidad del extesorero. El desparpajo fue tal que mejor optó por regresar lo robado antes de que lo obligaran. 

Con toda la evidencia en contra, el Tribunal fue benévolo con el acusado a tal grado que mantiene la protección de sus datos personales pese a haberlo encontrado culpable. Quedaron más evidenciadas las inútiles normas anticorrupción que el responsable de los hechos. 

Aunque el monto parece menor, en un municipio empobrecido por mediocres gobiernos municipales es una suma estratosférica; aunque pudiera considerarse que el hecho afecta a una región olvidada, en realidad el precedente puede alcanzar niveles estatales, dado que el antiguo pueblo de San Lorenzo no es el único que enfrenta este problema. 

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Mañana viernes, la presidenta del Congreso del Estado, la morenista Adriana Terrazas Porras, tiene citados a 16 presidentes municipales de diferentes regiones de la entidad, entre ellos al juarense políticamente mejor posicionado de su partido, Cruz Pérez Cuéllar. 

Si bien el encuentro es institucional, en realidad se trata de los movimientos territoriales estratégicos de Pérez Cuéllar, quien, a través de su enlace con alcaldes, Eduwiges Armendáriz, ha logrado aterrizar proyectos de colaboración política con buena parte de los liderazgos regionales. 

La reunión será en el municipio serrano de Guerrero y hasta ayer habían confirmado, además del anfitrión, Carlos Comadurán Amaya, el de Nonoava, Arturo Salinas; el de Ahumada, Fabián Fourzán; la de Moris, Perla López y el de Casas Grandes, Roberto Lucero. 

También estaban apuntados Celestino Estrada de Praxedis G. Guerrero; Marcos Chávez de Jiménez; Ivonne de la Hoya de Ascensión; Pepe Lozano de Ocampo; Fausto González de Guadalupe; Sergio Olvera de La Cruz y Lorena Vázquez de Matachí. 

Asimismo, otros que confirmaron fueron Humberto Varela de Temósachi; Alejandro Gutiérrez de Carichí y, aunque no es alcalde, pero como si lo fuera, Alejandro Salgado, el presidente seccional de Lázaro Cárdenas, la mayor población del panista municipio de Meoqui. 

El engrosamiento de la estructura crucista fuera de Juárez tiene como fin la proyección de liderazgos para el proceso electoral de 2024. Muy seguramente entre esos nombres habrá próximos candidatos a las posiciones en juego de las elecciones intermedias estatales y la federal. 

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Autoridades del Issste, entre ellos el director del hospital Lázaro Cárdenas, el delegado de esta dependencia y el propio Juan Carlos Loera de la Rosa, deberían de poner la alarma el próximo 17 de noviembre más temprano, para poder atender la protesta pacífica que les estarán armando.

Son en su totalidad adultos mayores, los derechohabientes que ese día buscarán poner en evidencia de manera pública la falta de medicamentos especializados y la nula atención que reciben por parte de los directivos arriba citados.

De qué tamaño será la desesperación de los afectados que han llegado al grado de buscar al delegado del Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa, para plantearle las quejas del mal servicio y la pésima atención que reciben, quien les prometió darles solución en algunos casos y en otros, les dijo que no podía comprometerse.

Lo que tiene al borde del coraje a los adultos mayores es que, al buscar una reunión con el director del hospital Lázaro Cárdenas del Issste, la única respuesta que tienen las secretarias es que “está en una reunión con directivos”, lo cual parece no reflejarse, ya que mejora alguna no perciben.

Otro que está en misma sintonía es el delegado del ISSSTE, al cual también al buscarlo, como respuesta o “aspirina”, mote que los afectados le han puesto a la solución que les da, es mandarlos con algún empleado que no tiene conocimiento alguno del tema, pero que “cumple” con tomarles nota de los casos.

Son medicamentos para pacientes con alta presión, diabetes, angustia y demás, los que no se han podido surtir a los derechohabientes que no buscan afectar el servicio, sino simplemente mostrárselo a medios de comunicación cómo es que son tratados y atendidos.

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De acoso, prepotencia y maltrato son las quejas que acumula una funcionaria del Instituto Municipal del Deporte, la subdirectora administrativa, Sofía Portillo, quien parece haberse olvidado de instrucciones claras dictadas desde el despacho del alcalde, Marco Bonilla Mendoza.  

No son dos ni tres los casos documentados por personal de la dependencia al que, vía mensajes o llamadas telefónicas, ha sufrido la mala actitud de Portillo, quien ya es más conocida por su tradicional “porque yo lo digo” que por alguna medida para hacer más con menos recursos.  

El tamaño del acoso es tal que a la funcionaria no le ha importado que hasta los pantallazos con sus malos tratos hayan sido enviados al director del IMD, José Abdo, quien tomó nota desde hace tiempo del problema, pero ha preferido no meterse en líos.

Porque resulta que Portillo es considerada una protegida de Leslie Rodríguez, también con alto cargo en el Instituto del Deporte; ella es más conocida por ser, a su vez, una pieza del equipo del traidor panista Miguel La Torre Sáenz, ahora promorenista resguardado en Juárez.

En suma, Portillo y Rodríguez forman la cuota de poder otorgada por Abdo a La Torre, pese a que el exdiputado -corralista por conveniencia aunque el exgobernador lo humilló quitándole el cargo de coordinador parlamentario- en los hechos ya no es panista.

La permanencia en el cargo de la funcionaria contraviene la directriz marcada al más alto nivel de la Presidencia Municipal, bajada a todo el gabinete, de dar un trato humano tanto a los ciudadanos como a los empleados, porque el respeto a la dignidad de las personas debe comenzar desde casa.  

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Sigue el problema con el estacionamiento de prensa localizado sobre la calle Rosales y Venustiano Carranza.

Ahora vemos en fotos que son empleados de la Secretaría de Hacienda, quienes sin pudor alguno llegan y se posesionan de un espacio que sirve para que los reporteros vayan y vengan en la cobertura de eventos de Palacio de Gobierno y las diversas dependencias localizadas en la zona.

Está ahí el Edificio Héroes de Reforma que alberga a dicha Hacienda, pero enseguida está el inmueble conocido como Héroes de la Revolución, con diversas áreas de gobierno; a un lado está la Rectoría y el Palacio de Justicia Laboral.

Todas ellas son proveedoras de información obligada para los reporteros de los diversos medios de comunicación, como para que se aprovechen funcionarios de esta forma del espacio de estacionamiento, por cierto, con cajones que ya quedaron chicos por la cantidad de reporteros y fotógrafos existentes.

En una foto vemos un auto negro Neón, que nos dicen es de una burócrata; y enseguida el del reportero corralista Alejandro Romero. 

Ahí estacionan sus vehículos todo el día de todos los días ocupando espacios de periodistas de la fuente de Palacio de Gobierno sin que Vialidad intervenga.

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Este miércoles la Delegación del Bienestar utilizó las instalaciones de la Comandancia Sur de la Policía Municipal no sólo para entregar el pago de la pensión para adultos mayores, sino también para repartir propaganda personal del funcionario de dicha dependencia Marcelino Gómez Brenes.

Tenemos las imágenes de calcamonías con la silueta del delegado del Bienestar en los municipios de Chihuahua, Aldama y Aquiles Serdán, con su característico sombrero, entregadas a los adultos mayores cuando hacían efectivo el cobro de su pensión.

Algunas calcomanías fueron colocadas en la silla de ruedas de alguno de los adultos mayores.

Sin embargo, da la casualidad que es delito electoral la promoción personalizada de los funcionarios a través de programas sociales, aún más grave cuando se realiza en edificios públicos.

Habrá que ver si la autoridad electoral toma cartas en este asunto.