Opinion

-Revienta urgencias de Pensiones

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GPS / Columna

viernes, 23 octubre 2020 | 05:00

-Sigue Corral la misma ruta de España

-A cuerpo de rey funcionario en hospital

-‘Si uno no tiene palabra no tiene nada...’

El secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, es quien encabeza la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, institución que dirige Alberto “Tito” Herrera, tío del Secretario de Salud, Eduardo Fernández Herrera. 

Pero ni por el alto cargo de Fuentes Vélez ni por el parentesco del Secretario de Salud, se ha prestado atención a una crisis que ha llevado a la muerte a más de una decena de derechohabientes de PCE y a la renuncia, luego de meses de vivir y trabajar en riesgo, de cuando menos cinco médicos de la institución.

El área de urgencias de PCE ya colapsó desde hace meses por los casos de Covid y otras afecciones que llegan todos los días, sin que exista personal suficiente para atender el alto índice de contagios.

Aunque no es “hospital Covid”, por dicha área han pasado cientos de casos durante la contingencia sanitaria. Ni por eso se han destinado mayores recursos para la adquisición de equipo de protección personal, menos para pagarles a los más de 160 profesionales de la salud el bono de riesgo que se dio hace meses de manera selectiva y discriminatoria.

La situación en el área de emergencias es tal que por días se han cerrado las admisiones de gente con cualquier problema de salud, dado que además es común la falta de insumos y la negativa de servicio de los hospitales privados, a donde PCE manda a sus derechohabientes en diversos casos. Los privados no quieren saber nada de PCE, menos ahora que también se encuentran saturados de Covid.

“Tito” Herrera ha buscado por todos los medios algo de apoyo de Hacienda o Salud, aunque a esta última no le compete el organismo creado a dar atención médica y seguridad social a los burócratas estatales. Si no le han dado apoyo, menos se ha reportado Fuentes Vélez con los casi 4 mil millones de pesos que le adeudan a la institución las dependencias del Gobierno del Estado.

Se suma así PCE a las instituciones colapsadas por la pandemia y por la indolencia generalizada de las autoridades de salud.

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Está siguiendo Javier Corral, proporcionalmente hablando, la misma ruta fallida de Italia, España y otros países que han fracasado con estrépito en el tema Covid.

Desde marzo decretó el cierre total de actividades, en un rojo que era preventivo, pero que resultó draconiano con pérdidas millonarias y escasos contagios, luego aflojó cuando no debía hacerlo y el resultado fue casi apocalíptico.

Se está condenando al sector privado a la muerte por inanición y al sector público a una de sus más graves crisis.

En lugar de concertar acciones, las impone por decreto con base en sus asesores que de salud no saben nada ni al chocar copas. 

Tiene a un economista de responsable de la Secretaría de Salud; como barco sin vela en plena tormenta, va simplemente a donde lo lleva el viento.

La angustia por lo que está ocurriendo se ve muy bien retratada en el mensaje enviado por el sindicato de personal de la UACH, que rescatamos en imagen publicada en nuestra edición digital.

La reunión de la que habla el mensaje tuvo que ver justamente con Pensiones Civiles del Estado y el retrato es estremecedor. No hay espacio ni para un alfiler.

La súplica es que no se acerquen a Pensiones ni por error. Es algo así como la zona cero.

Pero se quedó corto. Alberto Herrera ha sido el peor director de Pensiones, el desabasto es brutal en medicamentos. No se diga el despotismo hacia el personal.

Si vamos al rojo entonces, no es por el mal comportamiento social únicamente. Las fallas en salud han sido tremendas, por más que se quieran ocultar y disimular, empezando por el sobrino Eduardo Herrera y el tío Alberto.

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Es un funcionario de la administración estatal, director de una unidad hospitalaria dependiente de uno de los organismos descentralizados que pertenecen a la Secretaría de Salud.

No podemos manejar su nombre porque es considerado confidencial su estado de salud e internamiento con motivo del Covid.

Pero sabemos por muy buena fuente que está recibiendo tratamiento médico en una de las clínicas privadas más prestigiadas de la ciudad, perteneciente a una cadena nacional de hospitales.

En dicha unidad privada de atención médica están solicitando no menos de un millón de pesos para pacientes que son atendidos por la enfermedad.

Es público. Si no hay suficiente garantía, ni pensar que haya acceso a una cama con respirador si es necesario.

No creemos que dicho alto funcionario haya pagado o garantizado la suma, más bien, dicen en los pasillos del sector salud, se despachó con la cuchara grande mediante el mecanismo de subrogación.

A través de esa prebenda administrativa, es el gobierno del Estado quien carga con la atención médica.

Muy lejos de ser pequeñas canonjías a las cuales tienen acceso muy contadas gentes dentro del gobierno, y que son autorizadas al más alto nivel.

Para colmo, nos informan que el padecimiento que sufre dicho funcionario suertudo ni siquiera requiere hospitalización con urgencia.

Hay muchos más pacientes derechohabientes de los organismos Pensiones Civiles del Estado e Ichisal, que están más graves y son mantenidos en sus casas a punta de paracetamol.

Y al final de cuentas, si de plano requieren atención especializada, se abre un nuevo espacio en el Central o en alguna otra unidad hospitalaria estatal, de las que dejan libres los intubados que infortunadamente están falleciendo por decenas.

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La imagen satelital de las presas de Chihuahua nos presentan un escenario patético de la condición en que fueron dejadas por el desfogue ordenado por la Comisión Nacional del Agua.

Las Vírgenes llegó a niveles extraordinariamente bajos, está en el 17 por ciento; La Boquilla, literal, a sangre y fuego, quedó a un 31 por ciento.

Son algo así como 62 y 900 millones de metros cúbicos de agua, que podrá parecer mucha, pero no alcanza para el ciclo agrícola del próximo año, por más que se rece a San Judas.

Las posiciones al final quedaron encontradas. No hay manera de conciliar los números, en un pleito que ayer tuvo un nuevo capítulo, precisamente en el anuncio final de un acuerdo de solución con EEUU.

En el colmo, el asunto no ha terminado. El amago es sacar varios millones más de litros cúbicos de agua para resarcir el préstamo de las presas internacionales.

¿Con base en qué? Ni se lo imagina. Una metida de pata común en Javier Corral. La firma que estampó en un acuerdo con Roberto Velasco Álvarez, Director General para América del Norte por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por cierto, quién sabe qué le hizo el mandatario, porque ayer Velasco estaba desatado.

“... Pues yo lo que digo es: ¿qué pasa con la palabra? Si uno no tiene palabra pues no tiene nada...

¿por qué vamos a continuar extrayendo agua después del 24? para cumplir lo que se comprometió el gobernador. Eso es lo que vamos a hacer, porque nosotros sí cumplimos lo que decimos”.

 Ahí nada más.

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Tuvo que hacer circo, maroma y teatro el flamante Secretario de Obras Públicas, Gustavo Elizondo, para tratar de explicar la asimetría en el costo del kilómetro de carretera en la sierra.

Porque al presentar las diapositivas los números nada más no cuadran, en los tramos carreteros San Juanito-Basaseachi a Maguarichi y San Juanito-Basaseachi a Uruachi.

En el primero de los tramos, estamos hablando de 13 kilómetros en números redondos con un costo total de 27 millones de pesos. El costo unitario es de ocho millones de pesos. Elevadísimo. El otro tramo es de trece kilómetros y el costo apenas supera los 3.4 millones de pesos. La comparación es evidente.

Alguna explicación debe haber en dificultad de los tramos, puentes o arrimadijo alguno relevante, de otra manera no se justifica lo que a ojo de buen cubero se antoja como un sobre precio.

Son obras de gran beneficio social, pero que por su lejanía deben estar sometidos a un mayor control. Tiene ahí la Auditoría Superior del Estado un área de oportunidad interesante.